El empresario Alfredo Coto sostuvo este martes ante la Justicia que algunas de las armas encontradas en uno de sus supermercados eran de fuerzas de seguridad y habían sido dejadas ahí para evitar saqueos, informaron fuentes judiciales.
Coto se presentó en la mañana de este jueves ante el juez federal Sebastián Ramos que lo había citado a indagatoria y le entregó un escrito de 36 páginas en las que pidió su sobreseimiento y desvinculación de la causa.
El empresario no declaró ni respondió preguntas pero en su presentación sostuvo que no cometió ningún delito y aseguró que tomó conocimiento del tema de las armas a través de un gerente al que pidió que citen como testigo.
Coto tenía autorización para tener armas y además la cadena de supermercados contaba con una licencia como «usuario colectivo» de armas para su propia empresa de seguridad, pero estaba vencida.
Por la licencia vencida desde 2014, Coto sostuvo que hacía tiempo que él había firmado los papeles para actualizarla pero que un gerente de la cadena de supermercados atrasó el trámite.
Sobre las armas sin autorización que fueron encontradas en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, del barrio porteño de Caballito, sostuvo que eran de la Policía Federal (PFA), de la Gendarmería Nacional (GNA) y de la Prefectura Naval (PNA).
El empresario imputado afirmó que las fuerzas de seguridad habían dejado las armas allí desde hacía aproximadamente tres años, en una época en la que se temían saqueos al supermercado.
Fuentes judiciales sostuvieron en diálogo con Télam que la información aportada por las fuerzas de seguridad en la investigación preliminar realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello no coincidía con la argumentación ofrecida por Coto.
Además resaltaron que en el predio de Coto se encontró, por ejemplo, un lanzagranadas con la numeración limada, algo que no habría poder sido explicado por el empresario.
Este jueves debía presentarse a declarar Germán Coto, hijo del empresario, pero su indagatoria fue postergada para el 9 de mayo porque se encuentra de viaje.
También fueron citados a declarar cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ex Renar, e integrantes de la PFA y la PNA, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro de armas».
Los convocados son el director de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales de la Anmac, Fernando Fumeo; el coordinador de inspección de esa repartición, Juan Kotelchuck; el comisario Carlos López Vazquez, jefe de armamento y munición de la PFA, y el prefecto Cristian González, jefe de armas de infantería, munición y explosivos de agrupación Albatros de la PNA.
La causa se originó tras una denuncia realizada por el fiscal Di Lello luego de recibir una denuncia anónima y realizar una investigación preliminar que le llevó más de medio año y ahora está en manos de la fiscal Paloma Ochoa y el juez Ramos.
De acuerdo con la denuncia, Coto y su hijo Germán tenían en su poder, arrumbado en el supermercado un arsenal que incluía armas con pedido de secuestro y algunas cuyo número de serie había sido limado.
Las armas fueron descubiertas en el marco de una inspección de la Anmac realizada en una sede de la firma que, según fuentes judiciales, estaba habilitada como «usuario colectivo» porque tendría una empresa que presta su propio servicio de seguridad.
El hecho denunciado fue que las armas encontradas excedían largamente las habilitadas para la empresa y que los funcionarios de Anmac hicieron la vista gorda y evitaron hacer la denuncia correspondiente.
El arsenal encontrado incluía más de 200 granadas, proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta y un silenciador de armas, entre otros elementos.
