Un agente civil del Ejército Argentino, de 40 años, fue detenido este jueves e indagado como coautor del secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad de Gálvez, del departamento San Jerónimo, distante unos 130 kilómetros de Rosario. El hecho se cometió a mediados de abril, y la víctima es un joven de 27 años, insulinodependiente, por quien habían pedido 200.000 dólares de rescate, aunque fue liberado sin que se realizara el pago. A la semana, dos hermanos galvenses fueron detenidos y procesados como los autores del rapto, y quedaron en prisión preventiva.
Respecto a esta tercera detención concretada por personal de la Superintendencia de Investigaciones del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal, voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que se trata de un hombre identificado como Jonatan David P., quien trabaja como personal administrativo en el Batallón 603 del Ejército Argentino, en San Lorenzo, y que fue arrestado por orden del juez Reynaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal 1 de Santa Fe, luego de un allanamiento desplegado en la mañana de este jueves en su vivienda en el barrio Militar de la ciudad de Fray Luis Beltrán.
De acuerdo a lo informado por el MPF a través de su página www.fiscales.gob.ar, al acusado se lo sindica como el dueño de una vivienda en construcción ubicada en la localidad de Andino, en la cual la víctima estuvo cautiva.
Según la investigación llevada adelante por el fiscal federal 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, el hombre puso a disposición la propiedad para mantener prisionera en forma oculta a la víctima, mientras los otros dos sospechosos –que son cuñados- exigían el pago del rescate para liberarla.
El imputado fue indagado este viernes por el juez Rodríguez como coautor del delito de “secuestro extorsivo”, se negó a declarar y quedó en prisión preventiva efectiva en la sede de la Policía Federal de la capital provincial. La Justicia federal tendrá cinco días hábiles para decidir su situación procesal, explicaron voceros judiciales consultados por este diario.
El pasado 20 de abril, los hermanos, Franco Lionel , de 35, y Martín Uriel Q., 36 años, vecinos de la víctima, fueron detenidos tras allanamientos llevados adelante por detectives del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (PFA) en las localidades de Gálvez y San Lorenzo, donde además se secuestró un Ford Focus gris usado en el hecho, y teléfonos celulares.
Caen dos hermanos vecinos de la víctima por secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Gálvez
El secuestro se cometió el 14 de abril cuando «N» –su identidad se preserva–, quien padece una discapacidad, es paciente diabético e insulinodependiente –a pesar de ello trabaja todos los días en un bar– no llegó a su domicilio en Gálvez. Su padre, dueño de una distribuidora, y su madre comenzaron a recibir comunicaciones telefónicas en las que un interlocutor les informó que lo habían secuestrado y les pedía más de 200 mil dólares de rescate.
Según las fuentes, una vez radicada la denuncia, y con la intervención del fiscal federal Onel y el asesoramiento de los detectives antisecuestros de la PFA, la familia cerró la negociación y acordó pagar «varios millones de pesos» –una cifra muy inferior a la reclamada al inicio, algunas versiones hablaron de 5 millones de pesos–, a cambio de la liberación de «N».
El sitio pactado para hacer el pago fue una estación de servicio en la Autopista Rosario-Santa Fe, lugar donde un familiar concurrió, con el acompañamiento reservado del fiscal y de la PFA.
Las horas pasaron sin tener novedades hasta que, al mediodía siguiente, «N» fue liberado sin que se concretara pago de rescate alguno. La víctima fue abandonada a la vera de la ruta 11, en la zona rural de Aldao, donde fue reconocido por un automovilista, quien lo llevó con su familia.
Voceros policiales explicaron que se comprobó que «N» no había ingerido alimentos ni bebido líquidos durante más de 12 horas, por lo que tuvo que ser atendido por un médico para recomponerse, y se cree que su estado de salud pudo haber sido el motivo que precipitó su liberación antes de que se concretara el pago del rescate.
Los investigadores de la PFA comenzaron a trabajar en la zona en busca de testigos, videos y datos relevantes, y así establecieron que los secuestradores fueron dos personas, que habían utilizado un automóvil Ford Focus gris, y, al ser identificados, se supo que también vivían en Gálvez, por lo que conocían a la familia de la víctima.
Los dos detenidos fueron identificados Franco y Uriel Q., quienes fueron procesados a finales de abril en la causa por haber “sustraído, retenido y ocultado” al joven para cobrar un rescate, situación que se agrava por ser la víctima una persona con una discapacidad e insulinodependiente y por haberle causado lesiones leves. Quedaron detenidos en la Delegación de la PFA ubicada en la ciudad de Santa Fe.
Mientras tanto, los detectives continuaron con la investigación y determinaron que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los celulares de los dos detenidos.
Al analizar los registros telefónicos y las filmaciones de una cámara de seguridad, los pesquisas constataron que la esposa del agente civil del Ejército poseía una vivienda de características similares a las relatadas por la víctima.
Además, el ahora detenido habría estado al menos dos horas en las inmediaciones de la propiedad al momento del secuestro.
Por otro lado, en la casa en construcción fue secuestrado por los agentes un portaequipajes que tenía colocado el auto con el que fue interceptado “N”, y que luego habría sido removido para dificultar la individualización del rodado.
