La administración nacional de Cambiemos decretó la emergencia estadística apenas asumió. Justificó un inmediato apagón de los informes del cuestionado Indec en la necesidad de revisar metodologías para reponer la confianza en las cifras oficiales. Ese mutismo duró todo el primer semestre de la gestión. Seis meses marcados por violentos cambios en las reglas de juego y, en consecuencia, en las variables que registra el instituto. El retorno distó de ser prolijo: hubo en total cuatro modificaciones en el armado de los datos. Y al cabo de ese derrotero, la medición rectora de la inflación dio resultados a la baja. Sin los retoques, la suba de precios acumulada desde diciembre de 2015 a julio último asciende al 69%, pero con ellos fue 12% menor: 57% total en lo que lleva Mauricio Macri como presidente.
La mirada sobre estas transformaciones está explicitada en el último informe de la Fundación Pueblos del Sur, que pone la lupa en cómo construye los números el organismo dirigido por Jorge Todesca.
En junio de 2016, finalizado el apagón estadístico, el gobierno repuso los datos de inflación con el llamado IPC-GBA, índice de precios que mide los hogares de la ciudad autónoma de Buenos Aires (Caba) y de los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Durante el mutismo, había ofrecido como referencias alternativas el IPC porteño y el generado por la provincia de San Luis. Anunció otro cambio en mayo pasado: el Instituto ponía en marcha un índice de cobertura nacional que, en este caso, no implica mudanza de metodología pero sí una extensión de la cobertura geográfica que, otra vez, atenta contra las comparaciones.
Nada de lo anterior es inocuo. Cómo se mide influye en el resultado. Algo más: el poder de las estadísticas como herramienta es la posibilidad de contrastar los números en diferentes momentos. Las modificaciones impiden esos empalmes y, por lo mismo, vuelven difícil la interpretación de cómo impactan las políticas públicas en la sociedad a lo largo del tiempo.
Los cambios de Cambiemos
Durante el apagón estadístico, se dejó sin efecto –con discutibles argumentos– el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) puesto en marcha en 2013 que contaba, incluso, con el visto bueno del FMI. Cuando se retomaron los informes, ya con el cimbronazo inicial de la devaluación, la liberación comercial, las rebajas tributarias a exportaciones de minería y agropecuarias y los primeros tarifazos fuera del alcance estadístico, se lo hizo con el IPC del Gran Buenos Aires. No como antes, sino con una ponderación del gasto de los hogares anacrónica: la del período 2004/2005 en lugar de la más cercana de 2012/2013. Al anualizar las cifras promedio entre julio y diciembre así construidas (1,4%), el Indec informó una inflación anual menor al 19%. De haberse continuado con el índice alternativo de Caba, hubiera dado el 41,1%. Y con el de San Luis, el 31,2%.
El otro viraje de las cuentas fue en mayo último: previo acuerdo con los organismos estadísticos provinciales, se ampliaba la cobertura geográfica a los 24 distritos. El indicador nacional pasó a construirse como un promedio ponderado de las seis regiones en las que divide al país: Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagónica. Este formato diluye otra vez los impactos de las políticas públicas en los precios y el poder adquisitivo, restando ahora la trascendencia de las dos regiones con mayores incrementos: la bonaerense y la pampeana.
Este IPC nacional registró en julio último una variación mensual del 1,7%, y un acumulado del 13,8% en los primeros siete meses del año. Los índices mensuales más altos en julio se dieron en el Gran Buenos Aires (1,7%) y en la región Pampeana (2%). En el resto promediaron el 1,4%, con lo que de nuevo el cambio metodológico atenuó el impacto. Aún así, el 13,8% acumulado en los primeros siete meses del año pone en jaque la pauta inflacionaria oficial para 2017, que el Banco Central fijó primero en el 12 y luego corrigió al 17%.
Las transformaciones en la forma de medir el alza de precios no son inofensivas, bajo ningún gobierno. El cristal con que se mire cambia el color y los ajustes estadísticos de Cambiemos, de acuerdo al estudio de Pueblos del Sur, son ejemplo contundente: si se hubiera mantenido el índice que el Indec consideró oficial desde el inicio de la gestión de Cambiemos, la inflación acumulada entre diciembre de 2015 y julio de 2017 ascendería al 69%. Ahora, es del 57% para el mismo periodo. Un 12% menos por obra y gracia de “la normalización” del instituto estadístico.
