Al menos 6 mil chicos rosarinos y unos 12 mil en toda la provincia quedarían afuera de la Asignación Universal por Hijo a partir de un artículo –el 6, inciso E– del decreto que hizo nacer el beneficio, que establece entre los requisitos de los chicos para recibirlo que deben concurrir “obligatoriamente” a estudiar, pero deben hacerlo además en escuelas públicas. La particularidad, que no genera problema alguno en un vasto entramado de localidades de la provincia, donde sólo el Estado está presente en la cuestión educativa –del mismo modo que ocurre en el resto del país, especialmente en las poblaciones más pequeñas– generó un problema mayúsculo en Rosario donde por lo menos 36 instituciones –algunas confesionales, otras vinculadas a ONG y otras sostenidas por el mismo Estado– cobran cuotas que van de 5 a 25 pesos mensuales. No revisten, por ello, las características que tienen instituciones de elite, cuyas cuotas son impagables para el común de los ciudadanos y donde difícilmente podrían concurrir beneficiarios de la Asignación. La cuestión, sin dudas, “técnica”, escaló en un problema político en el que ayer trabajan tanto la delegación local de la Ansés como el Ministerio de Educación de Santa Fe. Y, mientras tanto, todo se discutía al máximo nivel político: el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, recibió al gobernador Hermes Binner.
La cuestión estalló esta semana, cuando la delegación rosarina del Ansés comenzó a certificar las libretas: la letra del decreto 1.602/2009 dejaba afuera del beneficio a un grupo de alumnos de la escuela San Juan Diego, ubicada en Reconquista 2075, en pleno corazón del llamado barrio Toba. Allí en la zona norte, la institución nació a los ponchazos en 1989 y recién meses después –y con mucho esfuerzo– pudo tener, por ejemplo, baños.
La reacción de los padres fue salir a protestar, mientras desde el gobierno provincial y el gremio de docentes privados rechazaban la medida, aunque siempre estuvo allí: desde que se puso en vigencia la Asignación Universal, el inciso E del decreto establece textualmente: “Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad y hasta los dieciocho (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos”.
Así, control sanitario, vacunación y educación son requisitos obligatorios. Y es la matrícula pública lo que da la garantía de que esto último se cumpla. El problema es que abrió una zona gris: ayer por la mañana, en declaraciones radiales a LT8, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Pablo Farías, indicó que 12 mil chicos que asisten a escuelas privadas están afectados por la decisión de la Ansés de quitar la Asignación Universal por Hijo. “La solución es que la Nación cambie este criterio discriminatorio e injusto”, dijo –y disparó sobre el gobierno nacional– Farías. Y contabilizó que la quita del beneficio resta 2 millones de pesos mensuales del Tesoro Nacional para Santa Fe.
Ante ello, el funcionario propuso “dos parámetros objetivos” para regular la Asignación Universal en las escuelas privadas en zonas de bajos recursos: “Por un lado, hay que contemplar la situación social de la familia que percibe la Asignación con los elementos que la Ansés analiza: esto es un dato objetivo que se analiza y permite que este chico perciba la Asignación. El segundo elemento es que estén en zonas vulnerables o en las que participen por el pago de beca o por pagar cuotas mínimas y establecer un monto: 25 pesos, 20 pesos, 15 pesos de límite como «cuota aceptable» y que no implique la caída de la asignación”.
Según Farías, existen muchos colegios en Rosario y en otras ciudades de la provincia que “prestan un servicio educativo muy importante” y donde “son padres que hacen el esfuerzo de pagar estas pequeñas cantidades”. Por ello juzgó “muy injusto castigarlos con el retiro de la asignación”.
Por su parte, el director de escuelas privadas del Ministerio de Educación santafesino, Germán Falo, explicó a El Ciudadano que las cifras impactan especialmente en Rosario. “No hicimos el relevo por zona, pero sí calculamos que Rosario tiene dos tercios de la actividad en cuanto a escuelas privadas, y el número podría estar cerca de los 6 mil chicos afectados”. De acuerdo con Falo, del total de las instituciones privadas de Santa Fe, que suman 830, una contundente mayoría, 650, están sostenidas en un cien por ciento por el Estado. De ellas, 420 son escuelas del ciclo obligatorio –jardín, primaria y secundaria– que cobran menos de 100 pesos de cuota. Pero hay 130 establecimientos cuyas cuotas van de 0 peso a 35 pesos. Además, en Rosario funcionan al menos 36 instituciones que cobran menos de 25 pesos por mes de cuota: 12 corresponden a la enseñanza primaria, 16 al nivel de enseñanza media, 5 son escuelas especiales y el resto, jardines.
Con todo, la cuestión también tomó por sorpresa a los funcionarios que dependen de la Nación. De hecho, el propio titular de la Ansés en zona norte, Fabio Gentili, montó un equipo de trabajo en la zona que incluye un intérprete que traduce entre qom (toba) y castellano, precisamente para facilitar a quienes viven en el barrio Toba los trámites en la delegación. Y entre ellos la inclusión en la Asignación Universal por Hijo que en varios casos ahora deben quitar. “En el barrio tenemos una escuela en el medio del asentamiento toba que tiene alrededor de 500 alumnos, muchos de los cuales tienen la Asignación y al certificar la libreta se les suspendió el beneficio”, lamentaba ayer el funcionario.
De igual modo, Gentili explicó que el decreto que creó la Asignación por Hijo establece que tienen derecho a recibirla “todos los chicos que están a cargo de mayores desocupados o con trabajos informales o con servicios domésticos o que ganen menos del mínimo vital y móvil”, pero que para mantener el beneficio –a menos que medie una modificación del decreto, lo cual suena improbable, o se diseñe algún tipo de solución política– sigue siendo “el control de salud y la asistencia a establecimiento públicos o de gestión estatal”.
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