La hermana del rey de España, Cristina de Borbón, se sentó por primera vez en el banquillo ayer, aunque con la esperanza de estar en él poco tiempo, imputada de fraude fiscal en un juicio por corrupción protagonizado por su marido.
En la primera sesión de un macrojuicio que debe durar hasta junio próximo, tanto su defensa como la fiscalía desplegaron un arsenal de argumentos ante tres juezas de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, para intentar que la infanta no sea procesada.
Pero a la espera que el tribunal decida, Cristina, de 50 años, tuvo que sentarse junto a los otros 17 acusados en una sala presidida por el retrato de su hermano, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014.
Vestida con pantalón, chaqueta negra y fular rojo y blanco, la hermana del rey había llegado junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, ex medallista olímpico de handball de 47 años. La pareja vive desde 2013 en un exilio dorado en Ginebra junto a sus cuatro hijos.
La segunda hija de Juan Carlos I enfrenta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) por Urdangarin y Diego Torres, un ex socio del esposo de la infanta.
Los dos hombres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente.
La infanta siempre ha asegurado desconocer esos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la Corona.
Urdangarin y Torres son sospechosos de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.
Después, esos beneficios fueron supuestamente desviados a empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.
La hermana del rey enfrenta una petición de pena de 8 años pero únicamente por parte de una acusación popular –la asociación ultraderechista Manos Limpias–, dado que ni la fiscalía ni la Hacienda pública actuaron contra ella.
Ahí radica su esperanza de escapar al juicio: una hora después de la apertura del proceso, su defensa argumentó que no puede ser juzgada si únicamente la acusa una acción popular. También se manifestaron en este sentido la abogada de la Hacienda pública y el fiscal. Este último dijo incluso disponer de un nuevo informe según el cual la infanta no cometió delito fiscal.
Por su parte, Manos Limpias defendió la acusación popular argumentando que es un derecho recogido por la Constitución.
Durante la instrucción, Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta, a su padre y a la Casa Real de todos sus negocios. Sin embargo, Torres siempre defendió que Juan Carlos I estaba al corriente de la actividad de Nóos. Ayer su abogado volvió a pedir que Juan Carlos y Felipe VI comparezcan como testigos, lo que la Justicia ya había denegado.
