Llegó 2016 y el gobierno de Mauricio Macri necesita una estrategia para desacelerar la inflación mientras crece la expectativa sobre el rumbo a adoptar en el prolongado litigio con los fondos buitre por la deuda.
Espera que, si se dan señales claras sobre las grandes variables económicas, podrán atenuarse reclamos de aumentos salariales que empezarán a llegar en tropel en cuanto el nuevo año retome su actividad normal tras las fiestas.
El Ministerio de Producción, ahora bajo la batuta del ingeniero electrónico Francisco Cabrera, considera, en línea con su par de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, que el alza del costo de vida es el problema más urgente.
Para ambos funcionarios, las subas no sólo están fogoneadas por la especulación de formadores de precios, sino también por la caída de la inversión y la productividad en vastos sectores de la economía a partir de un Estado que dedicó años a “maniatar las fuerzas productivas en lugar de incentivarlas”.
A pesar de la crítica lectura que hace Macri sobre las políticas de su antecesora, Cristina Fernández, hay programas para incentivar el consumo y aminorar la inflación que continuarán, al menos por un tiempo, como Ahora 12 y Precios Cuidados.
“Lo que está bien sigue y lo que hay que cambiar se cambia”, es la filosofía que repiten a coro las principales espadas de la esfera económica, que incluyen también a los presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, y del Nación, Carlos Melconian, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, muy exigido en medio del verano por los cortes de electricidad y el alza de tarifas que se viene por la quita de subsidios para reducir el déficit fiscal récord.
Porque lo consideraba dañino para la economía, Macri desbarató el cepo cambiario, mientras que porque necesita aquietar la escalada inflacionaria buscará a partir de esta semana renovar el programa de Precios Cuidados, cuyo vencimiento formal es el 7 de enero, aunque por lo que se percibe en supermercados, muchas alimenticias y embotelladoras parecen haberlo dado de baja hace varias semanas aprovechando la transición.
Es que a partir de noviembre se notó una remarcación acentuada tras el triunfo de Cambiemos, un dato que terminó de convencer a los mercados de que venía una devaluación que finalmente se transformó en realidad.
Cabrera piensa en una lista más acotada de precios de referencia que sirvan de ancla mientras se ponen en marcha las medidas de fondo que requiere la reingeniería económica, y en la cual desempeñará un rol clave la capacidad de Sturzenegger para conseguir un delicado equilibrio entre tasas de interés, emisión monetaria y administración de la política cambiaria.
Hasta ahora, tras la devaluación del 35% para levantar el cepo, el BCRA no intervino en el mercado cambiario y las reservas aumentaron en 1.100 millones de dólares, pero habrá que ver si ese ritmo puede sostenerse.
En materia de precios, Cabrera considera que una canasta integrada por no más de 300 productos, en lugar de los 500 de la actualidad, será más sencilla de controlar y cumplirá casi el mismo rol.
El nuevo acuerdo que se está cocinando no intentará retrotraer los precios a valores de noviembre como pretenden los gremios, pero buscará limitar los ajustes al 5 por ciento en la mayoría de los casos.
En las negociaciones juega un rol clave la Copal, la influyente cámara empresarial que enrola a productores de alimentos y bebidas, y busca transformarse en interlocutor privilegiado del nuevo gobierno.
No son los únicos frentes abiertos en el arranque del 2016: Macri quiere avanzar en la reapertura de negociaciones con los fondos buitre y el resto de los holdouts, los que “quedaron afuera” por decisión propia de los canjes de deuda del 2005 y el 2010.
Tiene un problema: los fondos especulativos que compraron títulos a precios de remate, con el financista Paul Singer y su NML Capital a la cabeza, creen que el cambio de signo político en la Casa Rosada representa una oportunidad para cobrar las exorbitantes ganancias que esperaban de la controversial operación.
Por ahora, el gobierno parece estar dando señales en ese sentido, ya que uno de sus primeros pasos fue reabrir el contacto con el mediador en el conflicto, Daniel Pollack, y sostener que la Argentina aspira a normalizar totalmente su deuda.
Para ello, un nuevo estudio de abogados se pondrá a la cabeza de la negociación, secundado por el que llevó hasta ahora las negociaciones, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, cuya estrategia fue criticada por Prat Gay.
El gobierno de Macri considera que destrabar este litigio, sumado a la normalización cambiaria y la eliminación de restricciones al comercio exterior, terminará de abrir las puertas a la llegada de un “aluvión” de inversiones extranjeras al país, lo cual parece un exceso de optimismo.
Si prospera esa vía de negociación ante los tribunales del anciano juez Thomas Griesa en Nueva York, se enviará al Congreso una propuesta de ley para ser refrendada por los legisladores, lo cual representará un desafío mayúsculo si se toma como antecedente el poder de fuego demostrado por el ultrakirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, donde mantiene frenadas iniciativas clave como el Presupuesto y la ley Impositiva.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, prevé volver a Nueva York para mantener una reunión ya más formal con Pollack y representantes del gobierno y de los fondos buitre.
Ese sinuoso camino –incluido el riesgo de nuevos intentos de embargo por parte de los acreedores– parece mantener aún en veremos el desembolso de unos 8.000 millones de dólares que harían entidades financieras como Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, BBVA Francés, Santander Río y el HSBC, para mantener a raya el frente cambiario tras la devaluación.
