Por Javier Borelli / Diario Tiempo Argentino
Cuatro de cada diez argentinos no tienen empleo registrado y necesitan diariamente salir a la calle para generarse un ingreso. Sin embargo, desde el viernes 20 de marzo no pueden hacerlo porque el gobierno decretó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país.
Para compensarlos, se acaba de crear el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): un pago excepcional de 10 mil pesos a realizarse en abril que podrán solicitar aquellos en situación de mayor vulnerabilidad que aún no reciban ayuda económica directa del Estado. La implementación estará a cargo de la ANSES, beneficiará a 3,6 millones de hogares e implicará un costo fiscal equivalente al 0,12% del PBI de la Argentina. “Será una experiencia única en la región y puede revolucionar las políticas sociales en América Latina”, se entusiasman desde el Ministerio de Economía. Su gran desafío: cómo transferir recursos a quienes están fuera del sistema. ¿Cómo se pensó, quiénes pueden solicitar el IFE, y cómo se implementará?
El día que se decretó la cuarentena obligatoria, el presidente Alberto Fernández dedicó unos segundos de su discurso a los trabajadores en situación irregular y a los monotributistas. A ellos les aclaró que había evaluado cómo esta medida podía afectarlos y les adelantó habría políticas para “aliviar” su situación. Lo cierto es que la dinámica sanitaria es la que marcaba el ritmo y hasta ese momento el proyecto aún no estaba redactado. Pero en cuatro días nació la IFE, producto de una articulación récord entre representantes de seis áreas del Estado: el Ministerio de Economía, Trabajo, Desarrollo Social, ANSES, AFIP y la Jefatura de Gabinete de Ministros. El lunes 23 de marzo, una hora después de que terminó la reunión interministerial en Casa Rosada, Martín Guzmán y Claudio Moroni la estaban presentando en conferencia de prensa.
En el texto del decreto 310, publicado en el Boletín Oficial el 24 de marzo, se establece que será “una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”. Pero esa excepción, aclararon desde el gobierno, podría extenderse por el tiempo que dure el aislamiento forzado.
Quiénes podrán cobrarlo
En el decreto se establece que podrán cobrarlo personas desocupadas, aquellas que se desempeñen en la economía informal; que sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B” (ingresos menor a 26 mil pesos mensuales); y monotributistas sociales. También podrán cobrarlo trabajadores y trabajadoras de casas particulares aún en los casos en que estén registrados. “Porque son los grupos más pobres e informales. Quizás tienen pocas horas, salarios muy bajos y pocas cargas sociales”, explican a Tiempo desde el equipo que trabajó la medida.
El pago se realizará de manera individual, pero tendrá en cuenta la situación del grupo familiar. Por eso no percibirán el IFE aquellas familias en las que haya otro ingreso producto de un empleo en relación de dependencia; haya un trabajador registrado en categorías superiores a la B; o un Autónomo. Tampoco aquellas familias en las que haya algún integrante cobrando una prestación por desempleo, jubilación, pensión o plan social. Estas personas ya están contempladas en ayudas directas del Estado y, además, han tenido medidas de apoyo sancionadas en el marco de esta emergencia sanitaria.
El objetivo, recuerdan desde el equipo que trabajó en el IFE, es incorporar a todas aquellas personas a las que el Estado tiene dificultades para llegar. Y por eso, plantean a Tiempo, pensaron especialmente en los varones que tienen entre 35 y 60 años y están fuera del sistema bancario.
Un ejemplo podrían ser los conductores de taxis, afectados por el parate y habituados al uso de efectivo. Según estimaciones oficiales, la medida podría alcanzar a la mitad de los 90 mil conductores de taxi registrados que tienen monotributo en categorías por debajo de la B.
Solo hay tres casos en el que el IFE puede acumularse con otras ayudas del Estado. Estos son: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el plan PROGRESAR. El motivo es que que esas políticas están destinadas a los niños y adolescentes, un sector etario en el que la pobreza alcanzó a fines del macrismo a casi el 50%.
Registro online y mediante app
El Estado apunta a llegar a 3,6 millones de hogares con esta medida, pero solo tiene información de 1,7 millones, que son quienes cobran actualmente la AUH. A ellos, además, puede pagarles sencillamente a través de la tarjeta en que cobran la asignación. Pero los otros dos millones son en buena parte trabajadores de la economía informal que no están en el sistema. Ahí la iniciativa se encuentra con dos grandes desafíos: registrar a los no registrados y diseñar un mecanismo para pagarles en un contexto de restricciones bancarias. Para lo primero la ANSES ya está trabajando en el desarrollo de una aplicación para celulares que estará lista en los primeros días de abril. En esa fecha también se subirá un formulario online a la página del organismo adonde todos los beneficiarios podrán anotarse.
Los datos básicos que pedirá son son DNI y CUIT. Con eso la Anses hará un primer entrecruzamiento de datos para revisar incompatibilidades.
Luego será el turno de la AFIP que hará un análisis socioeconómico. Allí tomarán en cuenta, entre otras cuestiones, si la persona realizó compras de moneda extranjera en el último tiempo o si el uso de su tarjeta de crédito indica otro escenario económico. El objetivo, insisten, es seguir el lineamiento de Alberto Fernández: empezar por los últimos.
Una vez definido el universo, el dilema será cómo hacer la transferencia de recursos. Hoy los bancos funcionan con limitaciones y tampoco pueden pedirle a las personas que se movilicen para cobrar el efectivo. “Estamos estudiando los sistemas de pagos digitales y billeteras virtuales que están disponibles para que la gente pueda elegir el medio más cómodo”, explican a Tiempo. Pero en esta línea aún quedan detalles por ajustar.
En el gobierno saben los primeros receptores de IFE serán aquellas personas más digitalizadas. Y por eso quieren largar cuanto antes una gran campaña de difusión. También, adelantan, buscarán el apoyo de las organizaciones territoriales para que colaboren en la llegada de la información a los sectores más necesitados. El desafío es grande y su horizonte aún difícil de prever. Algunos de los integrantes del equipo que participó en la confección de esta medida creen que podría ser un antecedente para una futura Renta Universal Básica. Porque la frase que repetían algunos economistas cada día gana más adeptos: “te cuida el Estado, no el mercado”.
