El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, exhortó ayer a considerar la tierra “no como una inversión, sino como un recurso estratégico no renovable”, y marcó la necesidad de dar celeridad en el Congreso al tratamiento del proyecto de ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
“Con esta propuesta se trata de darle a la tierra un tratamiento distinto al de la inversión, porque se trata de un recurso estratégico no renovable y hay que proteger la titularidad de los argentinos sobre ese recurso”, afirmó el ministro.
Domínguez asistió ayer a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, invitado por la titular de ese cuerpo, Vilma Ibarra, para informar sobre los aspectos técnicos del proyecto de ley remitido en abril al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Junto al ministro, asistió también el constitucionalista y colaborador en la redacción del texto, Eduardo Barcesat, quien juzgó que hay una “urgencia dramática” en la sanción del proyecto, porque apunta a “asegurar el correcto acceso a los alimentos” de la población.
En esa línea, Domínguez centró sus explicaciones en el aumento de la población mundial (que según proyecciones en 40 años será un 50 por ciento mayor), en el crecimiento de la demanda de alimentos y en el interés mundial en América latina por sus recursos hídricos y su tierra no degradada.
“Quien maneje el dominio de la tierra para los próximos años manejará el dominio de los principales recursos y el escenario del desarrollo del mundo”, afirmó.
La iniciativa limita a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de 1.000 hectáreas por persona física o jurídica.
La propuesta está inspirada en la ley vigente en Brasil y toma también puntos de normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido.
El ministro de Agricultura señaló que –según datos de su ministerio– hay aproximadamente 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros en la Argentina, sin descartar que esa cifra sea incluso superior debido a que “no existe un registro único” en el país.
Citó, a modo de ejemplo, investigaciones periodísticas y de organizaciones vinculadas al agro, en la que se señala que “habría 17 millones de hectáreas en manos extranjeras”.
En este marco, Domínguez planteó la necesidad de hacer “un riguroso registro” sobre la cantidad real de superficie que está en manos extranjeras para “no incurrir en la afectación de derechos adquiridos”, algo en lo que, dijo, la presidenta hizo especial hincapié.
Si bien estaba previsto inicialmente que el proyecto fuera discutido en un plenario parlamentario en el que también iban a participar las comisiones de Agricultura y Ganadería y Asuntos Constitucionales, finalmente desistieron de convocar a reunión, por lo que sólo fue debatido por los miembros de Legislación General.
Por eso y para agilizar el tratamiento a futuro, Legislación Penal pidió que las 14 iniciativas en estudio tengan un giro unificado a Agricultura y Ganadería, y Asuntos Constitucionales, y así se pueda avanzar en un plenario, que por ahora no tiene fecha.
Además, la diputada Ibarra se comprometió a darle impulso a otro proyecto que fija normativa sobre propiedad colectiva de tierras de los pueblos originarios y también solicitar la unificación de los giros.
Sobre este punto, y ante consultas realizadas por las diputadas Verónica Benas y Silvia Vázquez, Barcesat aclaró que el proyecto del Poder Ejecutivo “tiene un objeto acotado y no es una ley general sobre suelos”, y, en ese contexto, “no abordó la temática de los pueblos originarios”.
