El Ministerio de Educación iniciará una investigación sumaria contra el director y dueño del Instituto San Martín, Teodoro Amici, por la denuncia por maltratos e insultos que hizo en diciembre una alumna. Según las acusaciones de la adolescente Oriana Álvarez, en marzo del año pasado, el responsable del colegio privado de Salta al 1400 la citó a ella y a su mamá a una reunión por una deuda en el pago de las cuotas que le impedía empezar quinto año. La trató de vaga e incapaz y le dijo que tendría que haber juntado cartones para pagar lo que le debía. Después de los insultos Oriana decidió cambiarse de colegio. Cuando en diciembre se enteró que en el mismo colegio habían impedido que un chico entrara al acto de colación por su corte de pelo, decidió denunciar al director en el Ministerio y en la Comisaría de la Mujer por violencia de género. El Supervisor General de Escuelas Privadas, Fernando Acosta, dijo a El Ciudadano que los dos casos encendieron la alarma del Ministerio de Educación sobre la escuela. “Es imposible despegarlos porque vemos una tendencia sobre cómo actúan en esta escuela. Tenemos un director que se está excediendo en sus atributos y bastardea a una estudiante. Es algo que no podemos permitir en una escuela”, opinó.
Acosta explicó que después de la denuncia de Mateo, el chico de 18 años al que discriminaron por el corte de pelo, desde el Ministerio lanzaron una intervención en el Instituto San Martín. Los equipos gubernamentales llegarán en marzo al colegio para trabajar con los docentes y los alumnos en la reescritura de los códigos de convivencia que hoy regulan la vida institucional. Buscarán que las normativas no den lugar a discriminaciones.
El caso de Oriana encendió una nueva alerta. “La denuncia es muy grave. Vamos a hacer una investigación sumarial contra el director. Cambia la carátula de lo conflictivo en la escuela porque estamos ante una agresión y ante un directivo que se excede en sus atributos”, explicó.
Acosta recordó que tomaron conocimiento de lo sucedido en diciembre, cuando Oriana lo denunció. “Si el reclamo hubiese llegado en marzo, podíamos intervenir para evitar el cambio de colegio”, aclaró.
“La continuidad en la formación no puede depender de la cuota adeudada. Cuando mandás a un chico a una escuela privada firmás un contrato pero hay muchos casos en los que no se puede pagar y se acuerdan planes de pago. Una libreta o la emisión de un título no pueden retenerse por falta de pago. El Ministerio interviene de inmediato. En este caso nos preocupa el nivel de violencia”, agregó Acosta.
La denuncia
Tal como publicó El Ciudadano este martes, el año pasado Oriana no pudo empezar las clases por una deuda en el pago de las cuotas. La mamá, Gabriela Requena, contó que durante un mes mantuvo reuniones con los abogados de la escuela para encontrar una salida. “Me daban mil vueltas, me pidieron garantías de todo tipo, hasta de un auto de alta gama. Yo les llevé todo lo que conseguí pero nada era suficiente. Los días pasaban y Oriana no podía ir a clases. Les pedí una definición para buscar otro colegio si era necesario”, recordó.
El 28 de marzo madre e hija fueron citadas a una reunión con Teodoro Amici, el director y dueño de instituto. “La reunión es para que reflexiones sobre la deuda que tenés conmigo. Tus padres no tienen nada que ver. Vos sos la responsable. Deberías haber ido a juntar cartones para pagar tu educación. Todos mis alumnos del secundario estudian y trabajan. Tomaste una posición cómoda ante la situación. Yo ayudo a mi familia desde los 13 años y vos no lo hiciste porque sos una vaga y una incapaz”, denunció Oriana que le dijo Amici. Ella se largó a llorar y cuando terminaron los insultos accedió al cambio de colegio que el director tenía preparado en el escritorio.
Desde el Ministerio de Educación informaron que la denuncia entró el 22 de diciembre a la Regional VI y que pidieron un informe a la escuela con el objetivo de que se exprese al respecto. “Estamos en una etapa de investigación. En la denuncia también se cuenta que debía cuotas y que no podía ser rematriculada. Ningún alumno del sistema educativo puede ser separado por decisión de la institución y tal motivo no justifica la acción tomada por la escuela”, dijeron en un comunicado.
Los funcionarios públicos evaluarán las sanciones posibles contra la institución, que van desde el apercibimiento, el sumario al directivo o una multa económica.
“El Ministerio de Educación no permite bajo ningún concepto actitudes de discriminación de parte de directivos ni docentes, los agentes educativos saben que las puertas de la Regional están abiertas para interactuar ante cualquier conflicto, y así prevenir acciones como las detalladas por la alumna Oriana en esta ocasión. La inclusión de los alumnos al sistema educativo, así como sostener la permanencia y finalización del nivel secundario es uno de los pilares de la gestión actual y para ello estamos trabajando con los todos los agentes involucrados en las instituciones educativas”, concluyeron.
Denuncia penal
Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que Oriana denunció los maltratos en la Comisaría de la Mujer el 2 de diciembre. Explicaron que la denuncia fue desestimada porque lo relatado no es un delito penal. Aclararon que la investigación administrativa continúa en el Ministerio de Educación. La familia no descartó iniciar una demanda civil por los daños producidos.
