Entrar al baño de un bar o un restaurante sin consumir nada es una misión casi imposible. Los carteles de locales gastronómicos advierten que la casa siempre “se reserva el derecho de admisión”. Y algunas historias pueden terminar muy mal cuando hay apuro y se prohíbe le ingreso. La misma potestad rige en reparticiones públicas e instituciones privadas. “Si alguien está desocupado tiene que gastar 30 o 40 pesos en un café para poder entrar a un baño de un bar o un restaurante, ya que dicen que es sólo para clientes. Es lucrar con una necesidad. Tendrían que poder acceder de forma libre y gratuita”, señaló Aníbal Faccendini, titular de la Cátedra del Agua de la UNR.
En ese marco, el dirigente presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo para “garantizar el derecho a los sanitarios libres”, es decir, que cualquiera que circule por las calles de la ciudad pueda acceder a un baño para cubrir sus necesidades.
“Es respetar el derecho humano y a una ciudad amable. Por ejemplo, la idea es que si una persona va caminando por la calle y pasa por las oficinas de la EPE (sin hacer trámites) pueda utilizar el baño de ese lugar. Lo mismo tendría que pasar en un banco, en oficinas municipales, en el edificio de la Aduana, Litoral Gas o en el Ansés, entre otras reparticiones”, especificó el titular de la Cátedra del Agua de la UNR.
Faccendini explicó que el proyecto “sanitarios libres” es un “instrumento jurídico-sociológico” que fue planificado en la cátedra. “Además es un derecho de tercera generación, es decir, una extensión del derecho humano al agua y a los servicios pluviocloacales”, explicó.
La iniciativa se podría aplicar en dos etapas, según el dirigente. “Con respecto a los bares y restaurantes en principio se plantea una período de consenso. Es decir, la idea es que no sea obligatorio hasta el 22 de marzo de 2018. Recién allí se haría un relevamiento a los efectos de implementar la medida obligatoriamente”, subrayó el referente de la Cátedra del Agua.
Y concluyó: “Como normativa jurídica es innovadora porque busca que las personas no tengan que andar con dinero en el bolsillo para resolver sus necesidades. Y que tampoco tengan que pedir por favor”.
Sanciones
En una segunda etapa el proyecto plantea sanciones para quienes no cumplan. Serían las siguientes:
• Multas de 1.940 pesos a 3 mil y clausura del local de 7 a 30 días la primera vez que se incurra en una falta.
• Multas de 2.400 pesos a 4 mil y clausura de 30 a 180 días en caso de reincidencia.
• Asistencia obligatoria para los propietarios, representantes legales y personal del local sancionado a un curso de “sensibilización referido a la temática que generó la falta, dictado por el área municipal correspondiente junto con organizaciones que trabajen la temática”.
