No son dioses pero rescatan gente del infierno. O algo así. Cuando el sistema judicial condena por error a un inocente y ya no hay forma de apelar la sentencia, el equipo argentino de Innocence Project estudia el caso, busca pruebas y pide revisión. Más de una vez logró dejar sin efecto injustas penas de reclusión perpetua contra personas sentenciadas por fallas judiciales, plantado de pruebas o armado de causas.
La organización se gestó en la Argentina a partir de las repercusiones que tuvo la película El Rati Horror Show, un documental de Enrique Piñeyro que muestra cómo se fraguó la causa contra Fernando Ariel Carrera, un trabajador que en 2005 fue víctima de una brutal cacería policial cuando efectivos federales lo confundieron con un ladrón y le tiraron a matar. La desenfrenada persecución vehicular terminó con la vida de dos mujeres y un niño que murieron atropellados.
Fernando sobrevivió a 8 balazos y antes de que llegara la ambulancia le plantaron un arma. La condena social y mediática fue inmediata. A la Justicia le llevó un poco más: le dieron 30 años de cárcel. Una década después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que había sido condenado por error y lo absolvió.
La Masacre de Pompeya, como se conoció este hecho, fue el primero de muchos casos en los que intervino Innocence Project, una ONG fundada en Estados Unidos que se propagó por distintas partes del mundo y llegó a la Argentina de la mano del director de cine Enrique Piñeyro y del ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, actual presidente y director de la fundación.
Que la inocencia te valga
Suele pensarse que el verdadero desafío de una defensa penal es lograr que el culpable de un delito salga absuelto. Por eso, en el imaginario popular los buenos abogados defienden a los malos. Pero hay retos peores: demostrar que una persona inocente es inocente cuando ya fue condenada por más de un tribunal, además de los medios y la sociedad. Y si bien todos somos iguales ante la ley, su peso muerto recae siempre sobre los más vulnerables.
Por eso, la tarea de los abogados de Innocence Project es de las difíciles, además de necesaria. Aparecen cuando todo parece perdido, como un hilo de luz en la más oscura de las reclusiones. “No hay nada más espantoso que la condena de una persona inocente”, dice Manuel Garrido a El Ciudadano, tras explicar que seleccionan casos donde se juzgó por error judicial o causa armada con el fin de lograr la libertad de esa persona, pero también visibilizar los problemas estructurales del sistema penal y promover reformas para mejorarlo.
“Las personas inocentes condenadas son, en principio, personas que no tienen voz, no tienen recursos, son parias del sistema. Este trabajo combina muchas cosas: el objetivo de hacer justicia, de hacer el bien y además poner la luz sobre algunos factores que la Justicia tiene que mejorar. Nuestro trabajo apunta a reformar el sistema”, explicó Garrido, quien además de su labor en Innocence Project es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata y en la del Noroeste de Buenos Aires.
Así se refirió a los tres pilares sobre los que se basa la organización: “Uno es el trabajo de defensa de los inocentes. Otro es el trabajo con estudiantes, justamente para formar abogados que sean más sensibles y menos burocratizados. Y el tercer pilar son las reformas judiciales institucionales”.
Víctimas del sistema
“Si tenés un familiar condenado por error o causa armada podemos ayudarlo”. Así se presenta la organización en el inicio de su página web, donde detalla los requisitos para tomar un caso, por el que no cobran honorarios ya que trabajan sin fines de lucro.
Las condiciones son cuatro: que la persona por la que se solicita ayuda sea inocente, que su condena esté confirmada en segunda instancia, que se encuentre privada de la libertad y que le resten al menos 5 años de pena por cumplir.
La ONG recibe cerca de 400 pedidos por año, cuenta Garrido, quien aclara que no toman casos donde está en discusión la calificación penal, como la legítima defensa, o causas de abusos sexuales donde la excusa es que hubo consentimiento de la víctima.
Actualmente tienen más de 180 casos bajo investigación, uno de ellos en Santa Fe.
“Una vez que hicimos el primer filtro empezamos a investigar los casos, que son muchísimos”, continúa para explicar que la primera tarea es ver si existen pruebas que demuestren la inocencia de la persona condenada por error y en caso de hallarlas, avanzan en el litigio con la presentación de un recurso de revisión, medida extraordinaria que se puede pedir cuando la condena está firme.
“No somos dioses”
Consultado sobre cómo determinan la inocencia de una persona, Garrido explicó que investigan el caso en profundidad. “Si logramos acceder a una prueba que demuestre la inocencia, sobre esa base después vamos a plantear el recurso de revisión. Lo que puede pasar es que una persona sea inocente efectivamente pero no podamos probarlo. Ese es un obstáculo que tenemos, no somos dioses”, dice.
Sin embargo hacen milagros.
A modo de ejemplo, Garrido recordó los casos de Jorge González Nieva y de Cristina Vázquez, ambos condenados a duras penas de prisión con pruebas falsas, y cuyas sentencias fueron revocadas gracias al trabajo del equipo de Innocence Project junto a abogados de otras organizaciones.
Nieva recibió 25 años de prisión por el asesinato de una mujer durante una salidera bancaria en la localidad bonaerense de Libertad, en 2006. La única prueba en su contra fue un reconocimiento de persona que más tarde se supo, era falso. Lo demostraron cuando el testigo en cuestión declaró ante un escribano público que nunca reconoció a Jorge como autor del homicidio, a pesar de haber sido presionado por la Policía para hacerlo. En 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a Nieva, quien recuperó la libertad luego de pasar 14 años encarcelado por un delito que no cometió.
“Tenemos que guiarnos por la existencia de una prueba. En el caso de Nieva era una causa armada. Nosotros fuimos a entrevistar al albañil que supuestamente lo había identificado, y era la única prueba realmente que había contra él. Lo entrevistamos, le mostramos la foto de Jorge y él no lo había reconocido, había reconocido a otra persona. Lo que pasó, y nos dimos cuenta entrevistándolo, es que le hicieron firmar un acta que decía haberlo reconocido a Jorge, pero no sabía leer ni escribir. En ese caso había elementos probatorios que permitían demostrar que la causa estaba armada”, señaló Garrido.
Algo similar pasó con el caso de Cristina Vázquez, condenada a prisión perpetua por el homicidio de una vecina de la ciudad misionera de Posadas. La joven pasó 11 años presa, hasta que lograron demostrar su inocencia. “En el caso de Cristina Vázquez, el testigo que según el tribunal la había visto era un señor que no había visto nada. Era falsa la prueba en que se basaba la condena”, remarcó Garrido.
Errante en la sombra
Hay varios factores que generan errores en las condenas que tienen que ver con las características de determinadas pruebas, explicó Garrido, tras señalar el reconocimiento de personas como uno de ellos porque tiene “baja tasa de acierto y alto margen de error”.
Al respecto mencionó que las personas no tienen una memoria fotográfica, esa memoria se va reconstruyendo todo el tiempo y a su vez el tiempo transcurrido incide en ese proceso. Agregó que hay muchos errores en reconocimientos porque se tiende a señalar “al que más se parece” de la rueda aunque la persona buscada no esté presente en ese grupo.
“El estrés también influye en los niveles de precisión”, continuó Garrido tras remarcar que “los procedimientos establecidos por los códigos para llegar a cabo reconocimientos no son lo suficientemente adecuados para prevenir errores”, sin contar que también existen “factores de corrupción, porque muchas veces los que hacen el reconocimiento les dicen que reconozcan a tal o a cual”.
Algo similar sucede con la ciencia forense. “Hay también una confianza indebida, injustificada en algunas disciplinas. En la ciencia forense hay una gama de fiabilidad donde la mayor confianza la merece una prueba de ADN cuando sólo hay dos muestras a comparar. Después las demás ciencias se van encolumnando con mayores errores, porque dependen de factores subjetivos, los sesgos y prejuicios inciden y hay disciplinas que las llaman ciencias y no lo son”, dijo.
“Los aciertos de alguna manera dependen de que se respete un protocolo y que el que va a hacer el peritaje sea una persona que esté entrenada, que los laboratorios estén supervisados, que se haya respetado la cadena de custodia de lo que se va a examinar y una serie de condiciones necesarias para reducir los niveles de error. Eso funciona de una manera muy dispar en distintos lugares del mundo y en la Argentina también”, detalló.
Además hay otro tema: “la ciencia va cambiando”, resaltó el ex fiscal nacional. “Por ejemplo en materia de incendios, en los últimos años cambió muchísimo. Factores que antes se consideraban indicadores de un incendio intencional ahora no lo son.
También cambió la medicina forense, dijo y mencionó como ejemplo la hipótesis del Síndrome del Bebé Sacudido, muchas veces utilizada como único argumento para dictar condenas por maltrato en base a razonamiento circular y no criterios científicos.
“Puede haber errores en cualquier informe y también puede haber charlatanería. Hay mucha información que aparece en las causas derivadas de disciplinas pseudocientíficas que se utilizan como fundamentos de una condena, lo cual es verdaderamente preocupante”, agregó Garrido, ex diputado nacional por la UCR y ex fiscal anticorrupción por su cargo en la Procuración de Investigaciones Administrativas de la Nación (PIA).
Por un sistema más humano
Muchos de los problemas estructurales del sistema penal que enumera Garrido son parte de proyectos de reformas judiciales en los que trabaja la organización que preside. “Los objetivos de todas las organizaciones de Innocence Project van más allá de los casos particulares. De alguna manera mostrando las malas prácticas del sistema judicial, nuestras organizaciones trabajan por un sistema de justicia penal más humano. Y eso es interesante, porque además este trabajo tiene una linda cuota de investigación, se trabaja con estudiantes, con lo cual también uno trata de generar una realidad distinta”, expresó.
En ese marco dijo que uno de los proyectos en los que trabajan busca mejorar “la conservación de la prueba biológica, porque no hay normas que aseguren que esas pruebas se conserven de modo tal de que uno pueda luego, si avanza la ciencia, revisarla”.
Otro de los proyectos es para “mejorar los mecanismos de reconocimiento de personas”, al entender que “muchas veces los errores son generados por las propias leyes procesales”.
Por último mencionó que también impulsan un proyecto para que se implemente una reparación real destinada a víctimas de errores judiciales y para que su aplicación sea en un tiempo prudencial, ya que en la actualidad lleva años acceder a una compensación económica cuando hubo condenas por error.
Error o corrupción
Consultado sobre la falta de humanidad del sistema penal Garrido reflexionó: “La distancia y la falta de sensibilidad son como una barrera de protección para preservar la opacidad en el funcionamiento de la Justicia. Si vos estás lejos de los dramas humanos en los cuales estás interviniendo, la falta de sensibilidad, de alguna manera también permite tomar decisiones que son muchas veces irracionales y absurdas”.
Agregó que “esa distancia, esa aplicación burocratizada de las leyes, no tener en cuenta a la persona concreta a la que se le está aplicando esa ley penal, el contexto en el cual se aplica, son modos de funcionamiento de la Justicia y de las consecuencias que genera”.
El ex fiscal nacional visibilizó dos problemas al respecto. “Tenemos factores en los que claramente hay corrupción de los operadores del sistema”, dijo, en relación al abuso policial o a la utilización del aparato estatal para una venganza personal.
“Pero también tenemos un problema de falta de calidad o de capacidad técnica. Ya sea por falta de conocimiento de los jueces o por falta de calidad también de los peritos, en cuyos dictámenes se basan esas condenas. Entonces hay una combinación de factores, algunas veces es intencional pero otras veces tiene que ver con la falta de recursos adecuados, de preocupación por mejorar estos aspectos. Por lo general la Justicia penal se le aplica a las personas más vulnerables: el error se descarga sobre lo vulnerable”, concluyó.
