El asesinato de un joven de 23 años en la ciudad de San Lorenzo, bajo investigación de una puñalada adolescente, pone de manifiesto una realidad cada vez más dura, cruel y recurrente: menores de edad, no punibles para el sistema penal, aparecen involucrados en graves hechos delictivos. Con instituciones de distintos niveles del Estado desbordadas por tantos casos de violencia y criminalidad, favorecidos por la proliferación del narcotráfico en sectores vulnerables, ¿de qué manera se articula la revinculación de esos chicos y chicas en una sociedad que ya de por sí los etiqueta y estigmatiza, sin que reincidan en nuevos ilícitos cuando lleguen a edad de imputabilidad.
Cuando se producen homicidios sin condenas, familiares de las víctimas procuran hacer justicia por mano propia. O más bien, tomar venganza por mano propia. Entonces la violencia se contrarresta con más violencia. Las balaceras, los ataques incendiarios y los conflictos intrafamiliares atraviesan los barrios. El narcotráfico arremete en sectores vulnerables y recluta mano de obra juvenil para todo tipo de actividades ilegales, entre ellas el sicariato. Pibes y pibas consumen drogas desde temprana edad, en núcleos familiares en dónde también consumen y comercializan.
La madrugada del sábado 7 en la puerta de la casa de su ex pareja, Gastón Damián Cáceres discutía con un tal Emanuel cuando recibió una puñalada por la espalda. Diez días después murió en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Y una adolescente de 15 años se presentó en el Juzgado de Menores de San Lorenzo para declarar que había sido ella, novia del muchacho con quien discutía Gastón, la que le clavó un cuchillo en la zona lumbar.
“Hay un vacío total y absoluto de la ley en relación a los menores de 16 años”, advirtió Martín Fogliatto, juez de Menores de San Lorenzo. Y recordó que la ley penal juvenil 22278, transformada en ley en el año 1983, “tiene ya 40 años de vigencia y las intervenciones que se hacían por entonces eran distintas. Ahora tenemos menores de 16 años que participan del crimen organizado y que incluso forman parte del sicariato”.
El juez Fogliatto prefiere no encasillarse en alguna causa puntual para entender el fenómeno de la criminalidad juvenil. “Hay cuestiones culturales que van más allá de lo socioeconómico. Los niveles de dinero que se manejan a través del crimen organizado no se pueden equiparar con cualquier otra actividad laboral”, señaló.
El fiscal Maximiliano Nicosia intervino en las medidas urgentes cuando atacaron a Gastón Cáceres en la puerta de la casa de su ex pareja en barrio Moreno, de San Lorenzo. “La causa seguirá indefectiblemente y tendrán que desarrollarla desde el Juzgado de Menores. Toda la evidencia objetiva vincula a la menor con el homicidio”, sostuvo el funcionario del Ministerio Público de la Acusación. “Es un hecho lamentable porque así se vive y así se dirimen los conflictos en todos lados, no sólo en nuestra jurisdicción”.
Nicosia planteó como necesario “el desarrollo de una ley penal juvenil distinta. No para bajar la edad de imputabilidad, aunque sí para llevar adelante otros resguardos porque se llegan a estas situaciones: que se pierda la vida por una discusión”.
Alejandra Fedele, subsecretaria de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Provincia de Santa Fe, atribuyó el fenómeno a múltiples problemáticas: violencia, violencia intrafamiliar, abuso sexual intrafamiliar, estado de abandono y maltrato. “No en este caso porque la adolescente permanece al cuidado de madre y padre, pero en el departamento San Lorenzo hemos tenido que tomar un montón de medidas excepcionales. En lo que va del año, diría que más que en Rosario. Hay muchos casos de violencia en los barrios del Cordón Industrial”, aseveró la funcionaria.
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Cheque en blanco y narcotráfico
Según graficó el juez Fogliatto, “un menor no punible es un cheque en blanco”, por lo que deben hacerse un abordaje de la situación “desde la dirección provincial de Niñez”. El magistrado aceptó que “años atrás podíamos establecer una vinculación con los chicos, aunque hoy en día se hace mucho más difícil conversar con ellos. Algunos aseguran que están preparados para lo que se les venga”, lamentó.
Años atrás, cuando Niñez debía tomar alguna medida excepcional, existía la alternativa de entregar al menos a una tía o a una abuela. “Hoy existen algunos lugares en donde está todo contaminado por el narcomenudeo y el consumo”, advirtió Fedele.
Pero en caso de que un menor no pueda revincularse con ningún familiar, termina siendo trasladado a uno de los 70 centros residenciales que hay en la provincia de Santa Fe. “Intentamos agotar todas las instancias para que queden con algún familiar. Nuestros equipos trabajan en función de revincular a niños y niñas con otros familiares. Pero si no hay posibilidades tienen que ir a un centro residencial”, ratificó la funcionaria.
En el caso puntual del homicidio de Gastón Cáceres, el Juzgado de Menores tomó conocimiento por parte de Fiscalía e inició una investigación. “Entrevistamos a la adolescente y secuestramos su celular a través de la Agencia de Investigación Criminal”. El juez Fogliatto aclaró que cuando se trata de un hecho delictivo en donde participan mayores y menores de edad, “no es extraño que apunten a un menor para encubrir a un mayor”.
“Investigamos para que no estén encubriendo a un mayor de edad o a otro menor no punible”, insistió Fogliatto.
Para Fedele, “el Estado a través de los ministerios de Seguridad y de las Fiscalías deben que trabajar fuertemente contra el narcotráfico. Pero también hay que poner todo en la prevención desde las escuelas”, opinó.
La pandemia cerró clubes, escuelas, talleres e instituciones en donde los chicos y las chicas se sentían contenidos. “¿Adónde dicen los chicos lo que ocurre en la casa cuando no van a los clubes o a la escuela? Entonces no pueden contar si sufren hechos de abuso, maltrato o abandono, a personas de confianza”, planteó la subsecretaria de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Provincia de Santa Fe.
Fedele atribuyó el nivel de violencia en los barrios al consumo de drogas. “Hay chicos de 10 o 12 años que consumen drogas. Un niño estuvo 120 días internado porque no podían estabilizar por el nivel de consumo que tenía. La madre era consumidora y le daba a su hijo para consumir. No lo podían estabilizar y tuvieron que hacer una consulta al Hospital Garraham”.
