Rosa Rojas llora al mirar los árboles de su patio donde el mono Milton trepaba. Desde que la Justicia se lo llevó a una granja provincial, no dejó nunca de pensar en quien para ella era su mascota. Este martes la mujer rechazó por segunda vez el delito del que la acusaban: maltrato animal, contemplado en la ley 14.346. “Milton no estaba mal conmigo. Quiero saber cómo está, pero tengo miedo de verlo mal”, dijo la mujer a El Ciudadano y pidió que lo trasladen a otra reserva. También adelantó que no hará trabajo comunitario para evitar el juicio, tal como le propusieron desde la Fiscalía. La jueza Hebe Marcoglieses no encontró pruebas para hacer las audiencias y ahora quedará en la Cámara de Apelaciones resolver si la Justicia organizará el juicio o no.
De pelos
“Es injusto. La fiscal está empecinada. Entiendo que no es una mascota, pero lo dejé en mi casa porque estaba herido y no sabía dónde darlo. Su partida fue traumática”, señaló Rojas. Según contó, Milton llegó a su casa en Villa Gobernador Gálvez hace diez años cuando un matrimonio que esperaba un bebé tuvo que entregar al animal. Tenía puesta una cadena doble en el cuello y un candado. Rojas lo cuidó y lo hizo tratar por una veterinaria especialista en animales salvajes. “Le saqué la soga del cuello y se la puse en la cintura. Me dio lástima. Era chiquito y me lo dejé”, recordó. Al tiempo, Milton convivía con siete perros y cuatro gatos. Siempre según Rojas, sólo lo ataba cuando lo sacaba al patio de su casa, donde Milton trepaba a los árboles. “Tenía miedo que se enredara con los cables”, contó. El animal tenía su mecedora y su almohadón. Incluso era querido en la zona: los vecinos del barrio Talleres le regalaban frutas.
Cuando la Justicia se lo llevó en septiembre de 2017 algunos juntaron cerca de 600 firmas para que regresara. “Uno de los vecinos le regalaba todos los días una banana a la mañana y otra a la tarde. Desde que lo llevaron no pasó más por esta vereda”, contó la mujer. Rojas no confía en el trato que Milton recibe en la granja La Esmeralda, en la capital santafesina, donde reciben a los animales exóticos o silvestres capturados en las ciudades. La mujer pidió que lo trasladen a una reserva de la provincia Córdoba o al refugio Mundo Aparte, de Sorrento al 1500. “Ahí lo esperaban otras tres monitas. Tengo miedo de verlo mal. Estoy cansada. Quiero saber cómo está y que esto se termine”, agregó.
La causa
En septiembre de 2017 una persona difundió por Facebook un video de Milton. Las imágenes fueron virales y 15 días después personal de Control Urbano de Villa Gobernador Gálvez, un integrante de Guarda Fauna de la Región Sur de Rosario, un policía y un veterinario entraron a la casa de Rojas. Minutos más tarde llevaron a Milton a la granja de la capital santafesina.
En mayo de 2018 la fiscal Mariela Oliva pidió imputar por maltrato animal a Rojas y le ofreció realizar tareas comunitarias para evitar el juicio. Rojas no aceptó. Este martes la fiscal intentó de nuevo, pero no hubo caso. Oliva relató que Rojas tuvo el mono atado durante 10 años y que eso constituía un delito. Pidió 6 meses de prisión condicional, pero la jueza Hebe Marcogliese no accedió. La fiscal hizo saber que iba a apelar y entonces será decisión de la Cámara de Apelaciones si el caso va a juicio oral y público.
“Hay tres informes veterinarios que dan cuenta que el mono estaba en buenas condiciones. Resulta llamativo que dispongan de tres fiscales para acusar a esta mujer. No amerita un proceso penal. Gastan recursos del Estado para perseguir este tipo de delitos y desatienden los importantes”, dijo Rubén Junco, abogado de la mujer.
El casi primero
En julio de 2016 la fiscal Oliva y una integrante de la ONG Protectora Rosario pidieron un año de prisión para un vecino de barrio Matheu acusado de matar con un hierro a Guazuncho, un perro comunitario, en octubre de 2015. El acusado argumentó que el perro, muy querido en la zona donde vivía, había puesto en peligro a su nieta de 4 años al trabarse en pelea con otro animal. Cuatro meses después acordaron una probation y evitaron lo que iba a ser el primer juicio en Tribunales Provinciales por un animal. Antes de discutir una condena de un año de prisión en una audiencia oral y pública, la defensa y la Fiscalía convinieron que el hombre debía comprar y entregar alimento balanceado a una protectora de animales. También tenía que empezar un tratamiento psicológico y hacer trabajo comunitario en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa).
