El secretario de Hacienda de la Municipalidad, Santiago Asegurado, dijo que el recorte anunciado por la intendenta Mónica Fein el viernes no afectará las demandas sociales de alimentos y de salud. Señaló que las medidas bajarán el ritmo de la obra pública y la adquisición de bienes, con el objetivo de reducir la brecha actual entre lo que el municipio recauda y lo que gasta.
“Hace tres años que trabajamos para tener un superávit del funcionamiento corriente del municipio. La recaudación alcanza y sobra para adquirir insumos, pagar sueldos y contratar todos los servicios. El déficit lo explica la obra pública que hace el municipio. Los últimos años hemos ejecutado muchas y es lo que vamos a ralentizar en los próximos meses para que la magnitud del déficit sea la menor posible”, explicó Asegurado en declaraciones a la emisora radial LT8.
El funcionario señaló que la administración municipal forma parte del contexto nacional, donde la última corrida cambiaria agudizó la crisis económica y aumentó la inflación.
“Argentina atravesaba una situación económica compleja con un proceso recesivo acompañado de uno inflacionario. Ahora se acentuaron ambos. Generó un impacto sobre el municipio similar al que padecen las familias, las entidades económicas y las empresas”, continuó.
El secretario de Hacienda recordó que la Municipalidad debe afrontar la actualización automática de los salarios de acuerdo al índice de inflación como lo establece la paritaria de los trabajadores municipales. Y advirtió que desde julio interrumpieron la cláusula gatillo para autoridades superiores y para el personal de gabinete.
“Todo este conjunto de medidas se pusieron en marcha para afrontar los compromisos que tiene el municipio con los contratistas y los trabajadores. Buscamos disminuir todo lo que no sea indispensable para el funcionamiento del municipio y bajaremos el gasto en unos 600 millones de pesos hasta la finalización del mandato”, agregó.
Por último, explicó que parte de las medidas del gobierno nacional serán pagadas por la coparticipación de las provincias, con un costo fiscal difícil de estimar.
“Antes de los recientes anuncios vinculados al IVA cuantificábamos en unos 100 millones de pesos. Apuntamos a resolver ese problema”, concluyó.
