Por Comisión Provincial por la Memoria
Los hechos que investiga este Juez en el marco de la causa donde está imputado el Sr. Marcelo D’Alessio son de extrema gravedad para el pleno funcionamiento del sistema democrático y republicano. Sistema que todos debemos respetar y resguardar como ciudadanos y que es la obligación primera de todo gobierno elegido por el pueblo y sus funcionarios designados. Que la respuesta del poder ejecutivo a esta gravedad institucional sea denunciar al juez, por concurrir a la convocatoria y dar alerta a otro poder del estado como es el legislativo, provoca no sólo desconcierto sino una mayor preocupación.
La decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad: podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden judicial, chantajes y operaciones de todo tipo, sin el mínimo control y resguardo por parte del estado que en vez actuar frente a los hechos expuestos, reacciona contra el juez que lo informa y pretende ponerle límites. La práctica antigua de matar al mensajero.
Hay elementos suficientes en la causa que dan cuenta de un entramado de operaciones de inteligencia ilegales, paraestatales, en Argentina e incluso en países extranjeros, con gran capacidad operativa que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. La actitud del gobierno, por el contrario, sólo genera un marco propicio para consagrar la impunidad y que estas prácticas continúen.
Lo que ocurre debe ser parte de una preocupación común de todos los partidos políticos, instituciones y organizaciones democráticas, que tienen que respaldar la acción investigativa de la justicia. No es admisible que se inscriba en la disputa y especulaciones electorales, tendientes a desacreditar a los actores que intervienen en la investigación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe intervenir de manera urgente para fortalecer la función del poder judicial de control y resguardo de la Constitución y la ley. Es necesario que respalde la investigación, provea los recursos necesarios y garantice su independencia. También debe procurar la seguridad personal del juez y su familia. Asimismo hacemos un llamado al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal para que desde sus respectivas competencias apoyen esta investigación y contribuyan a la resolución de este problema grave que afecta el estado de derecho.
El espionaje y la inteligencia ilegal fueron parte indisociable del aparato represivo del terrorismo de estado. Los mismos operaron en la ilegalidad dentro del estado mucho antes del golpe y fueron parte del proceso paulatino de debilitamiento de las instituciones democráticas que lo propiciaron el 24 de marzo de 1976. La memoria nos alerta en el presente. Son esas alertas que no sonaron o no se escucharon las que nos llevaron al genocidio argentino del siglo XX.
La impunidad aún es la regla. Poco se ha avanzado en el juzgamiento de las acciones de inteligencia como parte de los crímenes de lesa humanidad. Algunos agentes de aquellos tiempos oscuros, siguen dentro de las instituciones estatales y en la propia Justicia. Un ejemplo es el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernandez Garello, quien revistó como agente de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense durante la dictadura y fue denunciado por tres casos de crímenes de lesa humanidad, entre ellas una desaparición forzada de persona. Frente a estas denuncias, no hubo una reacción del poder político para apartarlo de sus funciones, todo lo contrario, lo sostuvieron y rechazaron su juicio político sin siquiera investigar.
El entramado entre inteligencia ilegal y poder judicial no es propio de un pasado lejano, persiste y envenena las instituciones de la democracia. La dictadura permanece viva en estas prácticas y estos funcionarios.
La diferencia de trato gubernamental es escandalosa: sostienen a un alto funcionario judicial denunciado por espionaje ilegal en el marco del terrorismo de estado y persiguen a un Juez que investiga el espionaje ilegal hoy.
Es preciso retomar las sendas de la institucionalidad y el respeto a la ley, que dan contenido a la democracia. Caso contrario estaremos caminando hacia un horizonte ya conocido, donde se rompan todos los pactos de la convivencia política y social.
Llamamos a todas las instituciones de la democracia, a la dirigencia social, sindical y política, a los colegios profesionales de la abogacía y la magistratura, a actuar con la nobleza, la templanza y valentía que exigen las más profundas convicciones surgidas en aquellos años de lucha contra la dictadura y la transición a la democracia. Son ellas las que nos obligan a un apoyo explícito a la investigación que lleva adelante el Dr. Alejo Ramos Padilla, a exigir su protección y demandar todos los recursos necesarios para llegar a la verdad y la justicia.
Si los poderes estatales no revierten está situación, la democracia está en peligro.
