El intendente de Paraná, Sergio Varisco –de la alianza Cambiemos–, irá a juicio oral por una causa que lo investiga como financiador de bandas dedicadas al narcotráfico. En este expediente, también están detenidos un concejal y la subsecretaria de Seguridad del municipio.
De acuerdo a fuentes judiciales, las partes del proceso fueron comunicadas este jueves luego de que el juez federal de la capital entrerriana, Leandro Ríos, rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa de Varisco.
En su resolución, el magistrado consideró que el requerimiento del fiscal federal Carlos García Escalada de elevación a juicio «concuerda con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guarda debida relación con la imputación efectuada», describió la agencia de noticias Télam.
El juez federal resaltó que Varisco, el concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira, entre otros imputados, fueron procesados por «financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente».
Asimismo, indicó que «debe mantenerse la calificación seleccionada por el fiscal federal», quien a principio de este mes agregó a la acusación el delito de «peculado».
Roles de la organización
En la presentación de la Fiscalía federal, el intendente de Paraná figura como «financiador y adquiriente» de la droga, el concejal Hernández como «adquiriente colaborador» y la agente policial Bordeira como «adquiriente colaboradora».
También están imputados Daniel «Tavi» Celis; su ex pareja Luciana Lemos; Eduardo Celis; Nahuel Celis; Wilber Figueroa Lagos; Jonathan Heintz; Juan Manuel Gómez; Ernesto González; y a Alan Nicolás Viola.
Tavi Celis es considerado por la justicia federal como «organizador, proveedor y financiador»; Lemos y Nahuel Celis como «colaboradores y asistentes»; y Eduardo Celis como «almacenador y colaborador».
Por su parte, Figueroa Lagos está acusado de ser proveedor, Gómez como adquiriente revendedor, González como adquiriente colaborador y Viola como colaborador.
La pesquisa
La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando fue detenido Tavi Celis, en momentos en que su banda descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad entrerriana de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.
Un año más tarde, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y varios domicilios vinculados al intendente. En estos operativos se obtuvieron elementos que se sumaron a la causa y derivaron en los procesamientos.
Para el juez Ríos, personas comandadas por Tavi Celis, junto a Varisco, Bordeira y Hernández, «comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades», con funciones de «organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra» en Paraná y Concordia, desde la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el magistrado, Tavis Celis era «quien adquiría el estupefaciente, financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado en septiembre de 2017 con el intendente de Paraná» con el resto de los procesados vinculados a la función pública.
Al momento de su procesamiento, Varisco aseguró que «la verdad será descubierta y muchos tendrán que pedir perdón» y que él sentía «mucha tranquilidad».
Además, la Justicia dictó un embargo de 1 millón de pesos sobre los bienes de Varisco en caución real para mantener su excarcelación y dispuso que ya que ejerce «el cargo de presidente municipal de Paraná, se mantenga en el estado de libertad».
Tavi Celis declaró durante la instrucción de la causa y dijo que «Varisco no tiene ninguna vinculación con la causa que se le imputa» y agregó “que desconocía si era adicto o no porque esas eran cosas personales de él».
Estos dichos fueron utilizados luego por los abogados del intendente, Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto, para solicitar el sobreseimiento de su defendido, lo cual fue finalmente desestimado por la Justicia.
