«Desde la Agrupación Sanitaristas Unidos lista Azul y Blanca repudiamos enérgicamente la agresión física perpetrada a nuestro conductor, compañero Omar Guevara, en su sector de trabajo. Otro hecho gravísimo que debemos padecer por pensar distinto a quien conduce el sindicato, por querer una empresa que garantice el servicio vital de agua y saneamiento para la comunidad santafesina, así como las condiciones laborales al conjunto de trabajadores y trabajadoras». Así, el sector opositor del gremio Obras Sanitarias hizo conocer este miércoles el ataque al dirigente, quien sufrió fractura de cráneo y está internado en un sanatorio de Rosario. La empresa Aguas Santafesinas se puso a disposición de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que le pidió a la prestadora estatal por nota asegurar y entregar el contenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Vaciadero Sur de líquidos cloacales, uno de los cinco de la ciudad.
«Responsabilizamos a Silvio Barrionuevo, ya imputado por amenazas coactivas, y a la dirección de la empresa por los hechos de violencia que venimos padeciendo, exigimos que se proteja y se den las seguridades laborales correspondientes a todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras», sigue el texto de la lista Azul y Blanca. Guevara permanece en observación e inmovilizado en el sanatorio Mapaci.
«Mientras Omar, que encabeza nuestra lista, estaba en su puesto laboral, llegó una camioneta que es propiedad del gremio de Obras Sanitarias. Se bajaron cinco personajes, lo rodearon, lo increparon, esgrimieron armas de fuego y en un momento le pegaron con un elemento contundente en la nuca. Le hicieron perder el conocimiento”, relató el militante del sector interno José Ainzuaín.
La interna del sindicato es dura. Barrionuevo fue confirmado como secretario general en septiembre pasado, cuando la Cámara de Apelación Laboral (sala I) de Rosario rechazó un recurso de apelación presentado por la agrupación Azul y Blanca, que pretendía evitar la asunción de las nuevas autoridades de la oficialista Lista Celeste en la Comisión Directiva y la Revisora de Cuentas y Fiscalización.
El actual secretario general del gremio es el hijo del histórico dirigente Oscar «Rabanito» Barrionuevo. Y el agredido Guevara es su sobrino.
Ainzuaín afirmó que Guevara tiene una «fractura de cráneo en el parietal derecho de 8 centímetros de largo por 5 milímetros de profundidad y un coágulo». Agregó que permanece en una sala de cuidados intermedios del Mapaci, «consciente, pero en estado delicado».
La interna sindical está cruzada por denuncias judiciales mutuas y desprendimientos del mismo sector que, liderado por Rabanito hasta su retiro, conduce Obras Sanitarias desde finales de la década de los 70, sorteando los vaivenes históricos de la ex Dipos, su privatización en los 90 y su posterior reestatización como sociedad anónima durante el gobierno de Jorge Obeid.
En mayo de 2022, el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja imputó a Silvio Barrionuevo por la presunta instigación, en al menos ocho oportunidades, de amenazas contra los integrantes de la lista opositora Azul y Blanca. Y tras eso hubo un fallo, luego revocado, para suspender las elecciones en las que, ese mismo mes, el actual secretario general se impuso con más del 90% de los votos sobre su primo.
Antes, en abril del mismo año, hubo otro hecho resonante. La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanó la sede del Sindicato de Obras Sanitarias, en calle San Luis 2145, por pedido del fiscal Narvaja por una causa sobre presunta malversación de los fondos gremiales. El operativo derivó en un caos por el corte del tránsito que realizaron en protesta trabajadores de Aguas Santafesinas con utilitarios y hasta camiones cisterna de la propia empresa. Luis Barrionuevo calificó esos hechos como «una payasada» promovida por la oposición nacida de una escisión reciente de la conducción sindical. Luego, Narvaja fue apartado del caso.
El gremio Obras Sanitarias nombra a uno de los directores de la empresa estatal Assa, designa un representante en el Ente regulador y en la Caja Compensadora, que es un aporte extra que hace el trabajador activo para jubilarse con una remuneración superior.
Según publicó el portal La Política On Line, que remitió a fuentes de la investigación que había encabezado el fiscal Narvaja, una de las actividades gremiales puestas bajo la lupa es el megadesarrollo urbanístico cuyo contrato se firmó durante el gobierno provincial de Antonio Bonfatti: la construcción de un complejo de viviendas y paseo comercial en un área de 20 hectáreas sobre la ribera del río Paraná, al lado del Puente Rosario-Victoria y de la planta potabilizadora de la empresa Assa, en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria. El predio fue cedido al gremio durante el mandato del fallecido Carlos Reutemann.
