La intervención de la Unidad Regional XVII (URXVII) del departamento San Lorenzo que dispuso el gobierno de Maximiliano Pullaro este miércoles tuvo sus primeras repercusiones luego de que la cúpula de la Jefatura tuviera que ponerse a disposición de la investigación interna y que el jefe de la Alcaidía fuera pasado a disponibilidad no sólo en lo administrativo sino también en lo penal. Es que una denuncia anónima presentada hace un mes que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) describió graves irregularidades que van desde falta de controles a presos como a familiares, ingreso de objetos prohibidos, drogas hasta la presencia de menores en los pabellones donde están alojados agresores sexuales. Un caso similar al que se produjo en septiembre de 2019 cuando el anterior titular terminó imputado por cobrar unos mil pesos semanales a cada preso a cambio de privilegios.
La Jefatura de Policía de San Lorenzo que también tiene a su cargo la Alcaidía entró en vigencia este miércoles tras ser designado el comisario Gustavo Rapuzzi, quien era el segundo de la URXVII y en noviembre de 2019 quedó a cargo luego de que Gonzalo «Chino» Paz pidiera el retiro tras la detención de cuatro subalternos investigados por pertenecer a la banda del capo narco Esteban Alvarado.
En tanto, como subjefe de esta intervención estará Julio Schwindt, el cual estaba en Villa Constitución. La decisión del ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni tendrá una duración estimada en 180 días y fue multicausal, de acuerdo a lo expresado por fuentes oficiales.
Las primeras medidas de Rapuzzi fue apartar el jefe y subjefe de la URXVII Sebastián Igonet y Sebastián García, quienes se pudieron a disposición de la investigación.
También el titular de la Alcaidía Luciano Casterán fue pasado a disponibilidad ya que “afronta dos investigaciones: la administrativa del ministerio y la penal del MPA”, agregaron voceros de la cartera los cuales resaltaron que la denuncia presentada en Asuntos Internos posibilitó agilizar los trámites administrativos para el nombramiento del interventor.
La presentación contra Casterán
La denuncia, que trascendió en las últimas horas, fue realizada el 1 de diciembre pasado por una oficial de la Alcaidía de San Lorenzo, ubicada en Urquiza al 700 de la vecina localidad, ante la Agencia de Control Policial (ACP), de Rosario.
Tras revelarse las graves irregularidades, el Ministerio de Seguridad provincial pasó a disponibilidad a las autoridades de la Alcaidía, entre ellos, su jefe, el comisario Luciano Casterán, al igual que el jefe y subjefe de la Unidad Regional XVII de Policía de San Lorenzo.
Según consta en la denuncia a la que luego tuvo acceso Télam, la numeraria acusa a Casterán de haber estado “en conocimiento” de las irregularidades denunciadas.
Entre las acusaciones de la oficial, figuran el presunto “ingreso de menores de edad, sin DNI, con certificado de extravío”, en pabellones donde asegura “había muchos detenidos con causas por abuso sexual”.
“Les decían eso las visitas al Jefe, nenas de 12, 13 y 15 años pasaban”, supuestamente “con el conocimiento” del jefe de la Alcaidía, situación que según la denunciante también “conocían otros de sus compañeros” de trabajo.
En ese sentido, la oficial dejó constancia de su temor, de que en ese entonces “cuando pasaban los/las menores” a la Alcaidía no sabe si en su interior “no las venden adentro por sexo”, por lo que afirmó: “Todo lo malo que pasa en una cárcel, pasa ahí adentro”.
Por otra parte, la denunciante dijo que cuando se requería apoyo al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Policía para la requisa de los penales, “nunca se requisaba arriba” (piso superior de la Alcaidía), donde señaló la existencia “de un penal VIP”.
Esas requisas “solo el jefe las manejaba”, relató la denunciante.
Además, puntualizó que en esos pabellones VIP se encuentran “alrededor de 60 detenidos” y que la mayoría “es gente grande” con causas “por abuso, homicidios etc. y que son los que salen también”.
En otro orden, denunció el ingreso de “estupefacientes a los penales” y que cuando eso sucede “no hacen procedimiento, creo que se lo quedan ellos”, dijo la oficial, a la vez que reveló que “a la cocaína la pasan en botellas de cloro”.
También denunció que en una ocasión “la caja donde se guardan los celulares secuestrados en los pabellones No VIP apareció forcejeada. Hace poco abrieron la caja, sacaron celulares”, y pese a ser avisado el Jefe de la Alcaidía “no dejó que la controlen”.
“Los presos salen a tirar la basura, los sacan a que les cocine, salen varios”, detalló la agente policial y citó a dos internos que “son los que más frecuentemente salen de los pabellones”, aunque dijo desconocer “el recorrido que hacen”.
Por otra parte, la numeraria manifestó en su denuncia que el comisario Luciano Casterán mantenía una presunta “relación amorosa” con dos de sus subordinadas, a quienes le otorgaba “tratos preferenciales”.
La vigencia del penal VIP
Esta situación es idéntica a la descubierta en septiembre de 2019 donde una investigación del fiscal Aquiles Balbis determinó que el entonces jefe de la Alcaidía, José Budiño, cobraba unos 1.000 pesos señales a cada interno a cambio de beneficios.
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Estos privilegios se vieron reflejados en el informe de Gendarmería Nacional con los resultados del allanamiento. Los uniformados de la fuerzas federales dieron cuenta que dentro del penal VIP había conexión a internet y Wi-Fi, celulares, chips de memoria, cuchillas de carnicería, navajas, televisores, bebidas alcohólicas, parrillas móviles, routers, tablets y hasta cajas de pizzas y empanadas con la marca de un deliverys.
También estaban alojadas dos hermanas de Walter “Viejo” Gónzalez, jefe de una banda dedicada al narcomenudeo de barrio Copello, quien estaba preso en ese lugar. En la Alcaidía de San Lorenzo sólo se pueden alojar varones.
Budiño terminó imputado como autor de los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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La otra intervención
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La URXVII ya había sido intervenida en diciembre de 2019 por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien nombró como interventor a Carlos Lemos, luego de un informe presentado por el jefe de la Policía provincial, Víctor Sarnaglia.
El documento mencionaba que unos días antes habían sido detenidos e imputados por complicidad con el capo narco, Esteban Lindor Alvarado, dos jefes policiales de San Lorenzo, Gustavo Spoletti y Cristian “Chamullo” Di Franco, también involucrados en la causa de gatillo fácil de Juan Cruz Vitali.
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Ambos fueron imputados por los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra junto a otros siete policías y luego firmaron juicios abreviados donde aceptaron su participación en la banda para terminar condenados a tres años de prisión cada uno.
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Spoletti y Di Franco reportaban al jefe de la Unidad de San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz, quien tras las imputaciones pidió el pase a retiro y en su lugar fue nombrado Rapuzzi, según indicaron en dicha oportunidad voceros del caso.
A Paz también lo allanaron por una causa de juego ilegal luego de que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado por la misma causa, lo nombrara. Sin embargo, el expediente en su contra no tuvo novedades hasta el momento.
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