Dos semanas después de que los socios de la Cooperativa de Trabajo Portuarios Limitada de Puerto General San Martín denunciaran abusos en la intervención de la entidad, salieron a la luz nuevos hechos que siembran un manto de sospecha sobre la actual conducción. Es que a través de diversos mecanismos se decidió reducir los excedentes que corresponden a los socios por estatuto, describieron. Y a la vez estimaron que la política de reducción de costos llevada adelante por el interventor macrista, que beneficia directamente a las multinacionales (una de las cuales está asociada a Vicentin, la firma beneficiada por el Banco Nación macrista), ya empujó para abajo el precio de la estiba en el cordón industrial: nada menos que un 35% menos.
La entidad se encuentra intervenida desde hace varios meses tras la detención del histórico sindicalista Herme «Vino Caliente» Juárez. Fue el gobierno nacional, por entonces en cabeza de Mauricio Macri, quien decidió que fuera Juan José Schaer el interventor de la cooperativa.
A mediados de enero se destapó una polémica tras la aprobación de un reglamento interno impulsado por Schaer, que los propios socios denunciaron bajo la sospecha de esconder intenciones contrarias a los intereses de los trabajadores, con una clara violación al estatuto social de la organización.
Schaer defendió su posición: “Uno de los puntos que tenía la cooperativa y que nosotros empezamos a trabajar con la intervención desde agosto, es que tenía un estatuto pero por la ley de cooperativismo debe tener un reglamento interno que rija las conductas de los integrantes de la cooperativa de trabajo”.
Fuentes legales aseguraron al sitio Mundo Gremial que la afirmación de Schaer es «absolutamente falsa», ya que la ley de cooperativas no contiene ninguna norma que obligue a estas entidades a funcionar con un reglamento interno más allá de su estatuto. Explicaron que “la norma madre y fundamental de una cooperativa es su estatuto social” y que los reglamentos son “instrumentos normativos complementarios, no obligatorios”.
La ley de cooperativas establece que el estatuto debe regular cuestiones como el valor de las cuotas sociales y el derecho de ingreso, la organización de la administración y fiscalización, régimen de asambleas, reglas para distribuir excedentes y soportar las perdidas, condiciones de ingreso y retiro de los socios, derechos y obligaciones, entre otras cuestiones, dijeron estas fuentes.
En contrapartida a la ley, el reglamento interno de Schaer regula cuestiones inherentes al estatuto y que ya estaban reguladas por éste, como el régimen de administración, condiciones de ingreso de los socios y el reparto de los excedentes, describieron socios.
Fuentes de la cooperativa mostraron preocupación por cuanto el reciente reglamento establece deducciones a los excedentes que no están previstas por el estatuto social. Una de estas es un denominado fondo de “reinversión productiva”, el cual prevé elevarse hasta el 30% de las utilidades que deberían ser repartidas entre los socios, dijeron los mismos voceros.
De esta manera, por vía de un reglamento, el interventor está forzosamente reduciendo los excedentes que le corresponden a los socios por el estatuto, una norma superior, argumentan los portavoces de los trabajadores.
Otro punto cuestionado es el artículo 21 del reglamento, que establece que los excedentes, luego de efectuadas las deducciones, se distribuirán de acuerdo a escalas propias de la especialización, jerarquías categorías, secciones o áreas.
Objetan los trabajadores que el artículo 27 del estatuto social que regula el reparto de excedentes de los socios no contiene un criterio de tal calibre.
La diferenciación en el destino de los excedentes favorece a un limitado grupo de personal jerarquizado, al que los trabajadores vinculan con el ex presidente de la entidad, Juárez.
Fuentes legales aclaran que la ley establece que, para un ente cooperativo de trabajo, el reparto de excedentes debe ser efectuado en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno, no estableciendo ningún criterio sobre especialización o jerarquía.
Con este nuevo reglamento, Schaer pretende continuar con la lógica pro patronal en un ente cooperativo, al efectuar distinciones de clase y jerarquía entre trabajadores, que tienen un mismo fin común de esfuerzo y ayuda mutua.
Algunos socios consultados le atribuyen al propio interventor haber sido quien efectuó discrecionalmente la determinación de las jerarquías entre los propios trabajadores cooperativistas, beneficiando a unos sobre otros, “según su agrado personal”.
Bajar costos
Según explicaron fuentes empresariales a InfoGremiales, en los seis meses que lleva la intervención de Schaer, la cooperativa fue perdiendo participación en el mercado de la estiba, pero lo más significativo fue que empujó para abajo los precios de mercado. Es que al ofrecer un servicio más económico no sólo bajó los ingresos de la organización por la que debía velar, sino que reguló a la baja la competencia.
Para ello un primer paso, clave, fue el abandono de la dolarización de las tarifas, uno de los pilares que sostuvo desde su fundación la Cooperativa para conservar los ingresos de los estibadores. Luego devino una estrategia agresiva para bajar el precio de la competencia, que llevó a empresarios a acusar al interventor de implementar dumping comercial, con el objeto de debilitar a las otras empresas locales, describieron las fuentes.
Antes de la llegada del ex gerente de una telefónica a la cooperativa, la estiba manual en día hábil tenía un precio en 0.5 dólares la tonelada. Ahora la misma tarea ronda los 0,32 dólares. Es decir, un 35% menos. Un abrupto retroceso. Otro ejemplo: la carga de semillas hace seis meses costaba 0,318 dólares la tonelada. Ahora esa misma tarea se cobra 15,10 pesos.
Está claro que los costos de ese plan recayeron en el patrimonio de los socios de la cooperativa y que eso repercutió en menor medida en la comunidad de Puerto General San MartÍn, donde residen.
Por el contrario, los beneficiarios fueron las grandes empresas multinacionales agroexportadoras, clientas del servicio de estiba y uno de los pocos actores protegidos por Juntos por el Cambio en sus 4 años de política económica. Bunge, Cargill, La Plata Cereal, Nidera, Pasa y Terminal 6, son sólo algunas de las firmas que fueron «bendecidas» con las decisiones de Schaer que provocaron una importante transferencia de ingresos hacia sus arcas, añadieron estos voceros.
