Días complejos se viven en la Fiscalía tras la grieta que se generó entre algunos fiscales y se hizo pública en la audiencia donde se imputó a Mariana Ortigala por extorsiones, que derivó en una denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno contra su par Matías Edery. La jefa del MPA regional y la titular provincial decidieron intervenir.
Por decisión de la Fiscalía Regional Rosario y en forma provisoria, Edery fue corrido de todas las investigaciones vinculadas a Ortigala, pero a la vez tuvieron la misma suerte Socca y Moreno: fueron apartados por «falta de objetividad» de las causas referidas, pese que no hay denuncia penal contra ellos.
Además, este viernes se ordenó un monitoreo en tres áreas clave de la Fiscalía de la segunda circunscripción judicial: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego (unidad de balaceras) y la Unidad de Homicidios Dolosos, donde prestan servicios los fiscales involucrados en las acusaciones cruzadas. La medida es por 90 días.
La fiscala regional María Eugenia Iribarren emitió una resolución donde dispuso en forma provisoria el corrimiento del fiscal Edery en todas las investigaciones que tienen vinculación con lo denunciado por Moreno y Socca respecto al vínculo entre Edery y Ortigala, la que fue enmarcada por este último como su informante.
Desde la Fiscalía informaron que era una situación que se venía evaluando desde que se presentó la denuncia y se dispuso en forma preventiva y provisoria. Esta decisión no incluye todas las otras investigaciones que lleva adelante el fiscal que no tienen relación con el caso Ortigala, explicaron.
En ellas, Edery sigue trabajando con normalidad. Incluso, en este momento está en curso un juicio oral y público donde lleva adelante la acusación, refirieron.
Pero a la vez, y en una decisión salomónica que pone a todos los actores al mismo nivel, Iribarren definió correr a Socca y Moreno, decisión motivada en que estima que existen «motivos graves que puedan afectar la objetividad en el desempeño», con lo cual dispone su apartamiento de las causas referidas, y reasignarlas a la fiscal Juliana González.
Por su parte, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, ordenó iniciar un proceso de monitoreo en las tres áreas de la Fiscalía Regional Rosario debido a “la situación de gravedad institucional”.
La fiscala general entendió que “se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales”, y agregó que ello “no puede constituir un obstáculo para que el Ministerio Público de la Acusación asuma como prioridad dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz a los múltiples hechos delictivos generadores de violencias altamente lesivas focalizadas en la ciudad y en el departamento de Rosario”.
En el mismo documento, Vranicich propone que el Auditor General de Gestión, Leandro Mai, ejecute el monitoreo con apoyo institucional de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General, y que sea este organismo el que articule el proceso con la Fiscalía Regional 2.
Finalmente Vranicich instó a los órganos fiscales a realizar sus denuncias, presentaciones, defensas y/o planteos por los carriles institucionales correspondientes.
La crisis a la que hace referencia Vranicich involucra por una parte al fiscal Matías Edery, quien fue denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por la presunta comisión de delitos de acción pública. Los dos últimos ventilaron en una audiencia conversaciones entre el Edery y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a un empresario de juegos de azar y sospechada de ser testaferra de Guille Cantero tras haber pertenecido a la banda de Esteban Alvarado y testificar contra él.
Edery había notificado a sus superiores en 2021 que la mujer era su «informante», pero Socca y Moreno interpretaron que las conversaciones entre ambos evideciaban un intercambio inapropiado de información porque se compartían datos sobre causas penales en curso. También cuestionaron la figura del «informante», que no está explícitamente regulada por una norma provincial.
El complejo caso Edery-Ortigala muestra la grieta existente al interior del Ministerio Público de la Acusación a diez años de su puesta en funcionamiento.
Los repetidos escándalos que involucraron a Marcelo Sain como jefe del Organismo de Investigaciones (la policía judicial) y al menos una de sus subordinadas, la caída del anterior fiscal regional Patricio Serjal por un sonado caso de corrupción y las cada vez más frecuentes críticas y presentaciones judiciales contra el accionar de Edery y su par de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA Luis Schiappa Pietra derivaron en recientes cambios dispuestos por Vranicich, tanto al desarticular la superpoderosa y sospechada de parcialidad área de análisis criminal de la policía judicial y, el pasado 12 de septiembre, el nombramiento por parte de Iribarren del fiscal Gastón Ávila -por orden de Iribarren- como nuevo jefe de la mencionada agencia del MPA.
