La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó el fallo que condenó a dos ex funcionarios del segundo gobierno de Carlos Reutemann por la inundación de 2003, que dejó bajo agua a un tercio de la ciudad de Santa Fe, afectó en forma directa a 130 mil vecinos y causó 23 víctimas fatales reconocidas por el Estado provincial.
El fallo del 1° de febrero de 2019 declaró culpables “por estrago doloso” al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex secretario de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti y los condenó a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo cual quedaron detenidos en sus domicilios. El tercer acusado, el ex intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez, había muerto en 9 de abril de 2018, mientras que el ex gobernador Carlos Reutemann –al frente de la provincia durante la inundación– nunca fue imputado en la causa.
Este lunes, la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de las defensas de Berli y Fratti y dejó firme el fallo de primera instancia. La sentencia firmada por los jueces Bruno Netri, Fernando Gentile Bersano y Alejandro Tizón ratifica el primer fallo del juez Octavio Silva y además agrega el reconocimiento monetario de daños contra los actores civiles de la causa que no había sido contemplado en la sentencia de febrero del año pasado.
El tribunal de Apelación firmó este 9 de marzo el rechazo de los recursos de las defensas de los condenados, que en lo sustancial plantearon que la causa había prescripto, junto con toda una serie de nulidades que apuntaban a los testimonios, las pericias y el procedimiento de la causa. También ratificó la pena establecida en primera instancia: tres años de prisión condicional, accesorias legales, costas y determinadas reglas de conducta.
La novedad es que los tres jueces de Cámara dieron lugar a reclamos de los denunciantes, Jorge Castro y Milagros Demiryi, relativos a daños e indemnizaciones. Los pagos corren por cuenta de los demandados, lo que incluye al Estado provincial. Esta sentencia, en consecuencia, abre el camino para la apertura de nuevas demandas civiles contra la provincia.
