Desde la Corte Suprema de Justicia de la provincia se expresaron sobre la causa inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe, que lleva casi 15 años de trámite sin resolución. “Los jueces tienen que asumir su responsabilidad”, opinó este viernes el magistrado de la Corte Daniel Erbetta, para quien la dilación del proceso es “injustificada”.
La inundación de 2003 afectó en forma directa a 130 mil vecinos de la ciudad de Santa Fe. En mayo de ese año se radicó en Tribunales la primera denuncia contra la provincia y el municipio santafesino. Desde entonces, una veintena de jueces y fiscales tuvieron la causa en sus manos, que aún no llegó a la etapa de alegatos.
Según el juez de la Corte Daniel Erbetta, es “muy difícil explicar que un pleito pueda durar tanto tiempo, sobre todo uno con tanto impacto a nivel social. Esta es una causa que ha tenido una demora injustificada”.
La Justicia procesó en 2006 por “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas” a tres ex funcionarios: el ex intendente Marcelo Álvarez (quien falleció el pasado 9 de abril de un infarto), el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex secretario de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti. Aquella resolución absolvió al ex gobernador Carlos Reutemann, sobre quien la Justicia no encontró pruebas suficientes para procesarlo.
La causa fue elevada a juicio en 2008 y a partir de allí comenzaron las apelaciones y las maniobras dilatorias por parte de Álvarez. En 2013 –a diez años de los hechos–, la querella consiguió la reapertura de la etapa de pruebas y 35 personas debieron volver a declarar en Tribunales, entre ellos el ex gobernador Jorge Obeid, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral Mario Barletta, el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier y el propio Reutemann, que lo hizo por escrito amparado en sus fueros de senador.
Clausurada la etapa de pruebas, Álvarez pidió en cuatro oportunidades la prescripción de la causa. En las cuatro ocasiones la Justicia falló en contra del pedido del ex intendente y ordenó avanzar hacia la sentencia. En agosto de 2017, la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió que el juez de primera instancia Octavio Silva defina el pedido de Álvarez y, en caso de rechazo, ordene los alegatos de las partes. Hasta ahora, Silva no resolvió nada.
El juez Erbetta explicó que después de las recusaciones y los cambios de jueces la Corte decidió intervenir y con un fallo “poco ortodoxo” le ordenó al juez Silva que “era necesario poner un punto definitivo y terminar con todas las dilaciones”. El juez de la Corte anticipó que en junio podría haber un fallo.
“Deben poner un límite”
Erbetta también defendió el nuevo sistema penal al compararlo con el viejo sistema, bajo el cual comenzó la causa: “A diferencia de lo que sucede en la actualidad, el sistema anterior favorecía las dilaciones en la resolución de los conflictos”. Y agregó: “Los jueces que tomaron contacto con esta causa puntual tienen que asumir su responsabilidad. Son directores del debate y deben poner un límite”.
“La impunidad no sólo es no castigar a un culpable, también a veces hay impunidad en un sentido mucho más laxo, cuando el Estado no da una respuesta institucional”, concluyó Daniel Erbetta.
