A 15 años de la inundación del río Salado, que afectó en forma directa a 130 mil personas, las heridas siguen abiertas en la ciudad de Santa Fe. La causa penal que investiga las responsabilidades políticas de la catástrofe está paralizada, pese al pedido expreso de la Corte Suprema hacia el juez de primera instancia Octavio Silva por una pronta resolución.
Hoy los inundados volverán a marchar hacia la Plaza de Mayo –frente a la Casa Gris y los Tribunales– para reclamar juicio y castigo a los responsables del crimen hídrico. La concentración será a las 17.30 en la Plaza del Soldado y desde allí marcharán a Plaza de Mayo, donde se realizará desde las 18.30 el acto central convocado por la Carpa Negra y la Marcha de las Antorchas.
La demanda central es por memoria, verdad y justicia por los muertos de la inundación. También exigen una reparación integral por parte del Estado provincial y municipal. A 15 años de los hechos, los inundados le apuntan al ex gobernador Carlos Reutemann y a la Corte Suprema de la provincia por las dilaciones de la causa penal.
La causa penal
El proceso judicial comenzó en mayo de 2003 y aún no ha ingresado a la etapa de alegatos. Uno de los imputados, el ex intendente Marcelo Álvarez, falleció el 9 de abril. Álvarez había presentado cuatro planteos de prescripción: los cuatro fueron rechazados por la Justicia, que de todos modos tampoco avanzó en la resolución de la causa.
En agosto de 2017, la Corte Suprema de la provincia ordenó que el expediente vuelva a los tribunales inferiores para su resolución, pero según el actor civil de la causa “nadie quiere hacerse cargo”. Los inundados esperan que alguna vez la Justicia ratifique lo que ellos ya saben: que la inundación no fue un fenómeno natural sino una catástrofe evitable con responsables políticos identificables.
La causa penal comenzó el 5 de mayo de 2003 a partir de una denuncia presentada por Isabel Zanutigh. En marzo de 2004, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi se constituyeron como actores civiles en la causa (en aquella época aun no existía la figura de querellante) y acusaron a la provincia, al municipio y “a todos los terceros que resultaren responsables” por los daños ocasionados por la inundación.
Entre 2003 y 2005, una veintena de funcionarios declararon en Tribunales. En abril de 2006, el juez Jorge Patrizi procesó a Marcelo Álvarez, al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al ex director de Hidráulica Ricardo Fratti por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. En ese mismo movimiento, Patrizi exculpó al ex gobernador Reutemann al señalar que “no existen elementos suficientes como para sospechar que ha participado de los hechos”.
El ex fiscal de la causa, Norberto Nisnevich, pidió la elevación a juicio en marzo de 2008. A partir de allí, comenzaron las apelaciones y las maniobras dilatorias, todas encabezadas por Álvarez. Para el actor civil y para el movimiento de inundados, la falta de resolución de la causa obedece a los vínculos entre la cúpula del Poder Judicial y el ex gobernador Reutemann.
La causa penal no está prescripta y tiene que avanzar hacia la etapa de alegatos. La propia Corte Suprema señaló que los tiempos procesales están correctamente corridos y tanto el actor civil como la defensa hicieron uso correcto de sus plazos de acusación y defensa.
En sus últimas declaraciones sobre el tema, el juez de la Corte Rafael Gutiérrez recordó que el expediente estuvo cuatro meses en la Corte (en 2017) y la orden fue que vuelva a primera instancia: “Acá hay un expediente apelado en un proceso penal y nosotros creemos que puede estar prescripto ¿Qué hacemos? Lo devolvemos abajo para que lo resuelvan. Nosotros no podemos resolver la prescripción porque somos un órgano de contralor constitucional. Tiene que ir abajo”.
El actor civil Jorge Castro señaló que “como en todo el país, la Justicia en la provincia está cooptada por el trasfondo político. Esta es una Corte directamente relacionada con Reutemann. Nosotros no conocemos a nadie del aparato judicial que saque los pies del plato. Cada vez que Rafael Gutiérrez habla y nombra una instancia legal a favor o en contra, el juez que está abajo decide de esa forma. Ahora él dice que el juez de primera instancia tiene que definir la prescripción: le está dando una orden”.
Dilación injustificada
Otro juez de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, opinó el último viernes que la dilación del proceso es “injustificada”. Según el magistrado, es “muy difícil explicar que un pleito pueda durar tanto tiempo, sobre todo uno con tanto impacto a nivel social. Esta es una causa que ha tenido una demora injustificada”.
En 2013 –a diez años de la inundación–, el actor civil consiguió la reapertura de la etapa de pruebas y 35 personas debieron volver a declarar en Tribunales, entre ellos el ex gobernador Jorge Obeid, el ex rector de la UNL Mario Barletta, el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier y el propio Reutemann, que lo hizo por escrito amparado en sus fueros de senador.
Clausurada la etapa de pruebas, Álvarez pidió en cuatro oportunidades la prescripción de la causa. La Justicia falló en su contra y ordenó avanzar hacia la sentencia. La causa quedó en manos del juez Octavio Silva, que hasta el momento no tomó ninguna decisión.
Erbetta señaló que “es necesario poner un punto definitivo y terminar con todas las dilaciones”. Y agregó: “Los jueces que tomaron contacto con esta causa puntual tienen que asumir su responsabilidad. Son directores del debate y deben poner un límite. La impunidad no sólo es no castigar a un culpable, también a veces hay impunidad en un sentido mucho más laxo, cuando el Estado no da una respuesta institucional”.
Un tercio de la capital quedó bajo agua
El 29 de abril de 2003, por un tramo inconcluso de la defensa oeste de Santa Fe, las aguas del río Salado ingresaron con violencia a la ciudad y causaron la peor catástrofe de la historia. Un tercio de la capital provincial quedó bajo agua: 130 mil vecinos debieron evacuarse de sus hogares casi sin asistencia del Estado. Desde el municipio, incluso, les pidieron a los habitantes de los barrios del sudoeste que se quedaran en sus casas: resultó una trampa mortal y en esa zona se registró la mayor cantidad de víctimas fatales. En la causa penal que se tramita en los Tribunales santafesinos se incluyeron 18 víctimas. El Estado provincial reconoció 23 muertes como consecuencia de la inundación. El movimiento de inundados y los organismos de derechos humanos llevan contabilizados 158 casos fatales, sumadas las muertes posteriores a la inundación.
