La causa por el doble crimen de Luis Medina, sospechado de manejar el negocio de la droga en la zona norte de Rosario, y de su novia Justina Pérez Castelli, se reactivó: el Ministerio Público de la Acusación argumentó que hay «nuevas evidencias» que relacionan al detenido Esteban Lindor Alvarado, otro presunto personaje ligado a la venta ilegal de drogas, con aquellos asesinatos, perpetrados el 29 de diciembre de 2013 en Ayolas y Circunvalación. Por eso, siguió Fiscalía, se decidió este lunes que la investigación se redireccione a la recientemente creada Unidad Fiscal de Gravedad Institucional.
Alvarado es reiterado protagonista, desde hace muchos años, en las crónicas policiales: el 11 de febrero pasado lo imputaron como presunto ideólogo del homicidio del prestamista Lucio Maldonado. El cuerpo del hombre fue hallado, en noviembre de 2018, en la zona de Circunvalación y Oroño, cerca del Casino. Fue tres días después de que, en la madrugada del 11 de ese mes, lo secuestraran a la entrada de su casa de barrio Tablada.
Algunos de los últimos testimonios obtenidos en la pesquisa de este homicidio arrojaron luz sobre el modo de operar de la banda que remiten, como jefe, a Alvarado. Fuentes judiciales deslizaron que se trata, en particular, de las estrategias que seguía para preparar y luego encubrir sus acciones violentas, enmarcadas en el negocio del narcotráfico y el lavado de dinero.
La forma en la que encontraron el cadáver de Maldonado, boca abajo, atado, con un tiro en la cabeza y dos por la espalda, hizo ver a los investigadores la marca de un crimen mafioso. Otro dato en el mismo sentido fue el texto, escrito a mano y dejado junto a la víctima, con la repetida frase «Con la mafia no se jode». Es la misma que dejaron en algunas de las balaceras contra edificios de la Justicia provincial y domicilios relacionados a jueces y fiscales que intervinieron en las causas contra Los Monos. Lo último fue una saga en dos partes que se extendió desde mayo del año pasado a enero último.
Alvarado, buscado por el asesinato del prestamista, había conseguido mantenerse prófugo de la Justicia por tres meses. Lo detuvieron, finalmente, en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba.
Ahora, el hombre, de 43 años, vuelve a estar relacionado por la Justicia con el crimen de Medina y de su novia, al que se lo vinculó desde el principio. Los fiscales que indagan el crimen de Maldonado, de donde surgieron las nuevas pistas, tomarán las actuaciones por el de Medina.
Los asesinatos de Medina y su entonces pareja, Justina Pérez Castelli estuvieron, desde el inicio, rodeados de polémica. Apenas perpetrada la ejecución, sobre la que el apellido Alvarado sobrevoló desde el primer minuto, se sucedieron las rarezas judiciales. La jueza María Luisa Pérez Vara, de turno al momento del doble crimen y cerca de la jubilación, nunca atendió el celular que usan los magistrados en turno. Recién doce horas después, su par Raquel Cosgaya fue designada al frente de la pesquisa. No fue el único cambio: al cabo de otras doce horas, le adjudicaron la investigación a la ahora ex jueza Alejandra Rodenas.
A eso le siguieron sospechosas incursiones de agentes que revistaban en la disuelta División Judiciales de la Unidad Regional II de la Policía santafesina. Fueron tres que irrumpieron, poco después de la ejecución de Medina, y sin –en principio– orden judicial, en la vivienda que la víctima alquilaba en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Pilar. Hubo, además, otras controversias en el caso.
La casa que alquilaba Medina estaba en el norte del Gran Buenos Aires. Allí, precisamente, operaba la llamada «banda de los rosarinos», cuyo liderazgo se atribuye a Alvarado. La Justicia bonaerense procesó a Alvarado, junto con otros dos rosarinos y otras nueve personas –dos de ellas oficiales de la Bonaerense– bajo la acusación de robar autos que luego eran introducidos en el mercado negro bajo protección de la fueerza de seguridad. Por esa causa, fue preso en agosto de 2012. Fuentes de aquella investigación lo relacionan con Medina en el control de la venta de drogas en la zona noroeste de Rosario.
Alvarado, también conocido como Chuchino o Rengo, tiene sobrados antecedentes. Además de la pena en provincia de Buenos Aires por el robo en serie de autos para su desguace o clonado, los pesquisas lo nombraron como uno de los jefes del narcotráfico en Rosario y también en otras localidades santafesinas e, incluso, con vínculos delictivos del mismo tenor en la provincia de Córdoba, aunque esos indicios no se tradujeron en procesos penales.
Era dueño de una empresa de transporte, y las sospechas lo colocan como ex socio del asesinado Luis Medina, por cuyo asesinato ahora su apellido vuelve a sonar.
Uno de los aspectos que lo tiene en la mira judicial es el de su presunto papel como lavador de dinero negro proveniente del narcotráfico. Varios de sus familiares también figuran en las crónicas policiales.
