La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, subrogante en Lomas de Zamora, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, pidieron la detención y declaración indagatoria del abogado Carlos Alberto Salvatore (recientemente condenado en Resistencia en la denominada causa «Carbón Blanco» a 21 años de prisión por el tráfico en 2012 de una tonelada de cocaína a Europa) por su probable participación en el envío a España de otros 1.000 kilos de ese estupefaciente oculto en contenedores de carbón vegetal en dos cargas que partieron desde el puerto bonaerense de Campana.
La presentación de Cavallo e Iglesias fue formulada el 6 de octubre y fue incorporada al expediente de más de 50 cuerpos que tramita ante el juez de Lomas de Zamora, Jorge Di Lorenzo, e involucra también el pedido de detención e indagatoria para otros tres imputados: Juan Manuel Lorenzo, Félix Manuel Bejar y Alejandro Aurelio Pescia, señala el portal fiscales.gob.ar.
El trabajo del Ministerio Público Fiscal es consecuencia del estudio y el cruce de datos en diferentes causas judiciales, que permitió visibilizar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. Para los cuatro, los fiscales pidieron directamente que, luego de la indagatoria, se les dicte el procesamiento.
Las bases probatorias de esta nueva causa, que incluyen escuchas telefónicas, correspondencia y envíos de dinero, fueron ventiladas en el juicio realizado el año pasado en La Plata a parte de esa organización. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esa ciudad condenó el 29 de diciembre a Akira Taira, Blas Norberto Bárbara y Roberto Miguel Casares, a quienes se comprobó vínculo con Salvatore, y por, tal motivo, los jueces ordenaron en la sentencia que se investigue al abogado.
Los fiscales consideraron «acreditado que Salvatore no sólo conocía al condenado Roberto Miguel Casares, a Juan Manuel Lorenzo, a Félix Bejar y a Manuel Aurelio Pescia, sino que fiscalizaba el proceder de estas personas y el devenir del negocio ilícito correspondiente al envío a Europa de 300 kilogramos de cocaína en una primera oportunidad y 700 kilogramos en la segunda, que fueron hallados en los contenedores del puerto de Aldaia, Valencia, España» y en el recupero de dinero que había sido secuestrado por la justicia italiana en un operativo que terminó con la detención de un miembro de la organización.
