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Investigan a ex juez Reynoso por desaparición de cocaína

Los testimonios recabados evidencian que el estupefaciente sustraído fue probablemente reintroducido al mercado ilícito, con el fin de obtener beneficios económicos.

El ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien enfrenta un juicio oral por diferentes delitos cometidos mientras estaba a cargo de un tribunal salteño, sumó otra acusación en un caso en el que también se produjeron nuevas detenciones, esta vez por la desaparición de 11 kilos de cocaína que habían sido secuestrados y estaban por ser incinerados. Se trata de una causa que tramita ante el Juzgado Federal N° de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio, y en la que se investigan nuevos hechos de la organización ilícita que, según la Fiscalía, lideraba el entonces magistrado, quien será imputado en los próximos días junto con su entonces secretaria.

En esta investigación, impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Salta y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se les recibirá declaración indagatoria al ex magistrado Reynoso, así como a la secretaria del Juzgado Federal de Orán, Romina Reynoso Sosa. Los empleados Néstor Conrado Acosta y César Julio Aparicio (ambos encargados de depósito), y el gendarme Gerardo Garrido (afectado a tareas de seguridad), fueron detenidos por ser miembros de la asociación ilícita cuyo jefe era el ex magistrado y se negaron a declarar. Las serias irregularidades detectadas dan cuenta que del depósito de ese juzgado fueron sustraídos más de 11 kilos de clorhidrato de cocaína, material que estaba secuestrado en relación a diversos expedientes que allí tramitaban, indicó la Fiscalía.

Los testimonios recabados evidencian que el estupefaciente sustraído fue probablemente reintroducido al mercado ilícito, con el fin de obtener beneficios económicos. Algunos de los testigos señalaron que estos “sacaban droga del depósito del Juzgado Federal de Orán, con autorización de Raúl Reynoso, y la entregaban a un bagayero de la zona de Orán”; otros observaron movimientos extraños durante los fines de semana, habiéndose visto a Garrido concurrir para retirar objetos del depósito de ese juzgado. Coincidieron los testigos en que los acusados “disponían de las llaves del depósito del Juzgado de Orán y que entraban y salían llevando la droga secuestrada sin control”.

En esta causa se obtuvo información sobre la irregular mecánica que era utilizada para la recepción del estupefaciente en el juzgado, su registro y/o guarda, su posterior traslado y quema.

En tal sentido, se cuenta con el informe elaborado por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema, en el marco del sumario administrativo 1/2016, el que advirtió diversas irregularidades, entre ellas, el procedimiento del retiro del estupefaciente del juzgado para su quema. Este informe determinó que la droga era individualizada y pesada en uno de los recintos del juzgado por los encargados del depósito Acosta y Aparicio (personas de confianza del ex juez), que la colocaban en “bolsas de consorcio negras precintadas” –o sea fungibles– y que éstos la retiraban del lugar, sustrayéndola de la vista y control de los testigos y personal de Gendarmería presentes, para llevarlas (supuestamente para su resguardo) al cuarto de efectos, a la espera de que Reynoso diera la orden de trasladarlas al Escuadrón de Gendarmería para su incineración.

En este contexto, se estableció que la secretaria Reynoso Sosa emitió dos “autorizaciones”, en la que aparece su firma y sello y la estampa del juzgado federal, con el fin de amparar a los encargados del depósito Aparicio y Acosta para que éstos pudieran realizar el “traslado/transporte” de “sustancias estupefacientes” y “secuestros judiciales, objetos de contrabando y otros elementos varios”, no sólo en vehículos oficiales sino en sus propios autos particulares. Situación ésta que fue advertida cuando el jefe de Aduana de Orán recientemente consultó al actual juez de Orán, si dicha “autorización” que databa del 3 de abril de 2012, aún seguía vigente.

La participación de la secretaria Reynoso Sosa en dicha organización ilícita liderada por el ex juez, ya había sido mencionada por el Ministerio Público Fiscal en otra causa conexa, dado que en el año 2013 la nombrada había fedatado el acta de declaración indagatoria de Delfín Reynaldo Castedo, cuando en verdad éste nunca compareció al juzgado por hallarse prófugo de la justicia –con captura internacional–, habiéndose insertado en dicha acta una firma apócrifa que no correspondía ala del imputado. Vale aclarar que hoy Castedo, llamado el Rey de la Frontera y considerado el mayor proveedor de cocaína boliviana para su exportación a Europa, se halla procesado con prisión preventiva por dirigir una asociación ilícita narcocriminal de características internacionales.

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