El ex director de Tránsito Henry Fabro, quien en 2010 había asumido ese cargo prometiendo terminar con hechos de corrupción de empleados municipales relacionados con vehículos y autopartes, es uno de los sospechados de integrar una banda que fraguaba documentación y vendía ilegalmente rodados, varios de alta gama, que en la Dirección de Corralones figuraban en las listas con destino a compactación por no ser reclamados por sus titulares. Las maniobras incluían, según los datos recolectados, falsificación de documentos y complicidad de profesionales.
El propio intendente Pablo Javkin expuso este jueves la investigación sobre las presuntas irregularidades durante una conferencia de prensa. “Descubrimos el procedimiento, hacían figurar como compactados vehículos que no se compactaban. Encontramos vehículos en el corralón separados y apilados, prácticamente, como una concesionaria”, resumió ante medios radiales.
El intendente firmó un decreto de intervención de los corralones, la separación de sus cargos de las personas bajo sospecha y la radicación de una denuncia penal por, entre otros, el delito de asociación ilícita.
Javkin mencionó que la lupa sobre las irregularidades fue consecuencia de varias denuncias. Entre ellas, la de una persona que aseguró saber sobre la venta de un certificado de libre multa. «Estamos hablando de gente que se agrupa no solo para vender un plástico trucho (en referencia a los carnet de conducir, un delito ya corroborado) sino para vender un vehículo que es seleccionado, no enviado a compactación para ofrecerlo en venta, conseguir el libre multa, los papeles, un escribano para la libre venta, y la entrega efectiva del vehículo», señaló el jefe del Palacio de los Leones.
Una dependencia manchada
“A los dos o tres meses de asumir detectamos licencias de conducir truchas, vendidas o robo de plásticos, o incluso gestores que no estaban registrados”, repasó el intendente respecto de los primeros indicios de irregularidades. Los últimos, señaló, son aún más graves. Destacó que las denuncias más recientes se refieren a unos cinco autos que, fruto de las maniobras con los registros de compactación, no fueron entregados. Pero hay –dijo– un relevamiento de otros muchos que encontraron separados en los corralones para el mismo fin. Resaltó que los ilícitos se pudieron conocer a partir de la decisión de no compactar vehículos con menos de 5 años de antigüedad y así notar que, sin embargo, varios de ellos figuraban con ese destino. Entre ellos, un Sandero, un Fiat Tipo, un Volkswagen Vento, una Toyota Hilux y un Toyota Corolla.
Ante las sospechas, recordó, el 13 de agosto último firmó un decreto por el cual se habilitó a la Agencia Antilavado municipal para que analice los vehículos que iban a compactación, sobre todo los modelos nuevos o los catalogados por Afip como de “alta gama”. También los decomisados a personas investigadas por lavado de dinero en la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación) o narcotráfico en la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad).
Diego Herrera, titular de la Secretaría de Control, destacó que a partir de las denuncias y la información recopilada se decidió, como acto administrativo, devolver el Corralón a su área retirándolo de la órbita de la Secretaría de Gobierno. El Corralón Oeste, dijo, fue cerrado durante cinco días para hacer una auditoría y se decidió intervenirlo por 90 días para normalizar su funcionamiento. Se hará, agregó, una revisión exhaustiva. «Hay aproximadamente cinco mil autos más motos», detalló.
Herrera recordó que están programadas dos compactaciones por año, pero que la próxima se suspendió hasta que se culmine la auditoría sobre los vehículos. El funcionario señaló que, tal como lo había mencionado Javkin, la pesquisa se inició por la denuncia de una persona a la Municipalidad, tras lo cual en septiembre se pidió la intervención de la Justicia en paralelo con la investigación administrativa. La causa penal es tramitada por la fiscal Guillermina Aiello.
La denuncia que presentó el Ejecutivo a la Justicia es por los delitos de falsificación de documentos tipificado en el artículo 292 del Código Penal, defraudaciones con potencial implicancia de agentes del Estado, uso de documento falso según el artículo 296 y la asociación ilícita definida en el artículo 210 también del Código Penal.
Una denuncia que abrió la caja de Pandora
La denunciante que desencadenó la revisión sobre lo que sucedía en los corralones, continuó Herrera, refirió que en su calidad de gestora había comprado una moto y un auto a valores «irrisorios» y que no le habían entregado los rodados. A partir de ese momento, agregó el funcionario, comenzaron a sumarse pruebas de una concatenación de ilícitos. Incluyen, a partir de motores de motos apartados en un sector del Corralón, la sospecha de venta de autopartes.
El titular de la Secretaría de Control indicó que se están llevando a cabo entrevistas personales a los alrededor de 50 empleados que trabajan en los dos corralones municipales, y que ya está previsto implementar un sistema de seguridad con videocámaras para esos sitios.
Javkin, por su parte, señaló que cuentan con varias denuncias sobre ese tipo de delitos con vehículos que estaban incluídos en listas de compactación y eran ofrecidos a la venta. Varias son de gestores y algunas, anónimas. El intendente llamó a aportar más pruebas por parte de los potenciales damnificados, y prometió preservar identidades.
Dentro de la Municipalidad, ya hay dos sumarios administrativos contra personas denunciadas de forma directa. Entre ellas, el ex funcionario Fabro, separado hace poco de su último cargo en el Tribunal Municipal de Faltas por la «venta» de un libre multa de una moto a 15 mil pesos. Sospechan que también está involucrado en la comercialización de los vehículos secuestrados en los corralones.
“Vamos a ir hasta el final del asunto, a separar, denunciar y expulsar a cualquiera que haya sido parte de esto. Para estas cosas creamos una agencia para el combate del lavado de activos de origen delictivo. Esto surge porque investigamos, porque tenemos las herramientas para sancionar y porque tenemos la decisión política de afrontar cualquier nicho de corrupción que aparezca”, resaltó Javkin sobre la reacción del Ejecutivo local frente a las primeras denuncias.
