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Investigan caja negra policial por venta de autopartes en taller del Comando Radioeléctrico

Investigación del MPA y la Agencia de Control Policial derivó en 19 allanamientos a casas de civiles e uniformados y talleres mecánicos. Buscan esclarecer irregularidades en un predio de Tarragona 790 bis donde descansan móviles en reparación. Uno de los operativos fue al subjefe de la Policía

Una causa por venta ilegal de autopartes de patrulleros motivó este jueves una veintena de allanamientos que salpicó a la cúpula policial de la provincia. Los procedimientos llevados a cabo por personal de la Agencia de Control Policial (ACP; ex Asuntos Internos), a pedido de la Fiscalía de Delitos Complejos, apuntan a recabar elementos para esclarecer posibles irregularidades en la base del Comando Radioeléctrico (CRE) conocida como Taller Tarragona, un predio donde se amontonan decenas de móviles en reparación. El domicilio de Ariel Zancocchia, subjefe de la Policía de Santa Fe, fue uno de los puntos allanados, señalaron fuentes judiciales. Apenas se enteró Zancocchia se presentó en la Agencia de Control para ponerse a disposición, le informaron que fue pasado a disponibilidad y esta tarde el ministro de Seguridad, Jorge Lagna le solicitó la renuncia.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la causa se originó a raíz de una inspección de la ACP en instalaciones de la base Comando Rampa Norte, mejor conocida como Taller Tarragona, de calle Tarragona 790 bis entre Juan José Paso y La República.

Esa inspección fue el 4 de febrero de 2020; los investigadores de la ACP observaron “irregularidades manifiestas en los automotores que se encontraban dentro del predio, con notable descuido de los móviles, falta de conservación y control de autopartes, y contradicciones en el registro de los estados de los mismos”, indicaron voceros judiciales.

Según el MPA, los móviles desguazados y las piezas estaban a la intemperie; en el taller había vehículos que no pertenecían al CRE sino a otras dependencias policiales y autos de particulares.

Con ese panorama “comenzó investigación de la posible comisión de un delito penal por parte del personal de dicha dependencia”, señalaron.

Otra fuente judicial sostuvo que “(los uniformados sospechados) recibían los patrulleros y vendían los repuestos. A los vehículos destrozados les compraban repuestos nuevos que después revendían”.

Entre las irregularidades también se detectaron automóviles que requerían reparaciones menores pero por los cuales se adquirían varias piezas y autopartes, que luego presuntamente eran revendidas a particulares.

Además, de acuerdo con la pesquisa, se registraban cargas de combustibles de patrulleros que estaban parados en el taller aguardando ser reparados y arreglos de vehículos particulares que no pertenecían a la fuerza.

Esas pequeñas irregularidades “son millonarias cuando se las toma a todas juntas”, dijo a la agencia Télam una fuente oficial.

Voceros judiciales indicaron que en los próximos días, luego de un análisis de la documentación y equipos electrónicos secuestrados, los fiscales solicitarían las imputaciones de algunos de los involucrados en los hechos. Las mismas fuentes señalaron que los delitos que se investigan son estafas, cohecho y peculado, aunque también podrían acusarse a los miembros de la organización por asociación ilícita.

Allanamientos

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron allanar este jueves unos 19 domicilios de posibles involucrados –casas particulares de civiles e uniformados y talleres–, ubicados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Zavalla. Comercios y empresas a los que la Policía les compraba autopartes para las reparaciones, cuyos propietarios “son otros policías”, también fueron allanados, según fuentes citadas por la agencia Télam.

Estos procedimientos fueron en Patricios al 900; un local de Arijón al 2800; 24 de Septiembre al 1900; Italia al 1500, Agrelo al 3000; Dorrego al 1000; dos locales de bulevar 27 de Febrero al 2400; un taller de Buenos Aires al 5400; Donado al 100 y al 600 bis; Moreno al 2500; Rodríguez al 400; Zeballos al 2500; y un local de Gálvez al 2700.

Otros tres procedimientos tuvieron lugar en Villa Gobernador Gálvez. De un predio de Balcarce al 1100, según manifestaron las fuentes, fue demorado un hombre identificado por las siglas GT. Mientras que otra diligencia fue llevada a cabo en la localidad de Zavalla.

Ariel Zancocchia, el subjefe de la Policía de la provincia, fue uno de los uniformados allanados. En septiembre de 2020, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain lo designó como segundo de Emilse Chimenti. Hasta ese momento se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional VIII del departamento General López.

El allanamiento al domicilio del subjefe de Policía Zancocchia no está relacionado con su actual función, que asumió en septiembre del año pasado, sino a su desempeño anterior en la fuerza, aclararon los voceros.

Cuando se enteró del procedimiento en su casa, Zancocchia se presentó en la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) para ponerse a disposición, añadieron.

También otros dos policías en actividad, que eran el Habilitado y jefe de Talleres de la Unidad Regional II al momento de los hechos –principios de 2020- fueron allanados en sus domicilios, agregaron los informantes.

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