Sebastián Premici y Santiago Rey | En Estos Días
La Justicia investigará la posible comisión del delito de trata por parte del grupo empresarial Vía Bariloche. Luego de las publicaciones realizadas por En Estos Días y Agencia Cadena del Sur denunciando la situación que atravesaron los peones chaqueños, el Comité Ejecutivo contra la Trata y la Explotación de Personas decidió abrir un expediente y elevar las actuaciones a la Procuraduría especializada en la temática.
Se trata de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), organismo que debería iniciar una investigación sobre lo sucedido en la estancia Cabaña Curaco, propiedad del grupo empresarial Vía Bariloche.
Tal como se publicó, los trabajadores hacheros vivían en condiciones inhumanas, según lo comprobó una inspección ocular ordenada por el Fiscal Juan Méndez, en el marco de una investigación por la supuesta violación de la cuarentena.
La tarea de averiguación alcanzará a la forma en que la empresa trasladó a los trabajadores, de urgencia y de madrugada, desde la estancia en General Acha hasta Cipolletti, en el Alto Valle de Río Negro. Son 450 kilómetros que un grupo de los peones recorrió encerrado en un camión semi remolque de la empresa Vía Cargo, y otro en la caja de una camioneta, sin abrigo.
El Comité Ejecutivo contra la Trata reunió en las últimas horas la información publicada por En Estos Días y Agencia Cadena del Sur, entre otros medios, y los remitió a la PROTEX.
Esa Procuraduría fue creada en 2013 –Resolución PGN N°805/13– para “continuar la labor hasta entonces desarrollada por la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), y así, hacer frente a la gravedad del fenómeno de la trata y explotación de personas”.
Paralelamente, fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de La Pampa confirmaron que Cabaña Curaco ya había incurrido en infracciones a las leyes laborales y de condiciones de trabajo. “Pero no constituyeron un delito mayor, como puede ser en este caso”, explicó la alta fuente de ese organismo. En ese contexto, dijo, debe actuar la Justicia Federal y no la Secretaría de Trabajo.
Entre las irregularidades que cometió el grupo Vía Bariloche en su estancia en La Pampa, “en años anteriores”, figura el de trabajo no registrado, situación que también quedó en evidencia en este caso por los dichos de los trabajadores chaqueños que cobraron sin aportes ni recibo de sueldo.
La intervención del gobierno pampeano se inició el pasado 13 de mayo, cuando la empresa de la famiglia Trappa intentó ingresar un contingente de 18 peones chaqueños, sin cumplir el aislamiento de dos semanas, “a costo de la empresa”. En esa oportunidad hasta el gobernador Sergio Ziliotto advirtió que no podía permitirse violentar la legislación vigente en relación a la cuarentena.
Pero los peones, de forma que aún no fue esclarecida, llegaron a la estancia Cabaña Curaco. Una de las posibilidades es que hayan sido trasladados en la caja de un camión de Vía Cargo, tal como, unos días después, fueron llevados hasta Cipolletti.
Madrugada, a escondidas
Domingo por la madrugada en Cipolletti y el micro de Vía Bariloche, interno 59754, está a punto de salir hacia Buenos Aires con 18 hacheros que habían sido sacados previamente de un campo que administra la misma famiglia Trappa en la ciudad de General Acha, La Pampa.
En el playón de la empresa no hay autoridades de ningún tipo. El protocolo para el traslado de pasajeros en el contexto de la pandemia es claro: tiene que haber personal de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) y autoridades sanitarias ante la partida de cada servicio. Pero no fue este el caso.
Los 18 hacheros chaqueños llegaron posiblemente en dos tandas entre la noche del sábado y el domingo a la madrugada; un primer grupo lo hizo dentro de un camión precintado de Vía Cargo, quizás a sabiendas de que en el transcurso de esta pandemia no se están efectuando controles a este tipo de transportes. El segundo grupo lo habría hecho en la caja de una camioneta, como narró a En Estos Días y Agencia Cadena del Sur un peón de 26 años, que trabajó en negro durante 10 días para Cabañas Curaco, según su testimonio.
Cuando el Fiscal Martín Pezzetta llegó a la escena, el micro tenía el motor encendido. No había autoridades sanitarias ni de la CNRT, que es la responsable de controlar que la cantidad de pasajeros coincida con el Documento Universal de Transporte (DUT), más la documentación que tiene que tener la empresa transportista con el visto bueno de las autoridades provinciales, en este caso Río Negro y Buenos Aires, que era el destino final del viaje.
“Nosotros somos trabajadores de la empresa”, repetían los hacheros ante el fiscal Pezzetta. Es decir, los peones reconocieron en ese mismo momento –o dieron a entender– que habían estado trabajando dentro de un campo administrado por Vía Bariloche, sacados intempestivamente durante la noche desde La Pampa; palabras más, palabras menos, había datos in situ que ratificaban la denuncia anónima recibida por dos policías de Cipolletti.
Sin embargo, el fiscal optó por no tomar ninguna declaración testimonial por considerar que esas personas estaban “simplemente de tránsito”.
De todas maneras, la fiscalía está reuniendo información para remitirla tanto a sus colegas de General Acha como a la Justicia Federal de la Pampa, que es la que podría avanzar con una denuncia por trata laboral.
Pezzetta ya le solicitó a la Municipalidad de Cipolletti los registros de las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar; a cuatro días de los hechos, todavía no recibió nada.
La Municipalidad de Cipolletti compra la leña que utiliza para el Plan Calor a Cabaña Curaco, la estancia del mismo grupo empresarial que, además, administra la terminal de ómnibus de la ciudad.
Por otro lado, está pendiente la declaración testimonial de los policías que recibieron la llamada anónima y fueron los primeros en arribar y dialogar con uno de choferes del camión, quien habría confirmado que “al llegar a la base de la empresa en esta ciudad (Cipolletti) y dirigirse a cortar el precinto del acoplado y abrir las compuertas, observa que en el interior habría 20 personas aproximadamente”.
A su vez, el fiscal deberá enviar el listado completo de las personas que subieron a ese micro para que su colega de General Acha pueda compararlo con los hacheros que ingresaron a esa ciudad, aproximadamente el 11 de mayo, también de manera clandestina. En este caso, todo indica que dos más dos es cuatro.
Pedido de Acceso a la Información Pública
El sector rural es el que presenta los mayores índices de informalidad laboral y donde las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación constatan la mayor concentración de denuncias vinculadas a la explotación laboral y casos de trata.
A partir de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por Agencia Cadena del Sur y En Estos Días, se constató que a partir de 2018, la cartera laboral elaboró un protocolo específico para que los inspectores pudieran reconocer y denunciar situaciones de abuso (Resolución ST N° 230/18).
Desde junio de 2018 hasta abril de 2020 se elaboraron 53 “Actas de Constatación de Indicios de Explotación Laboral”, con un total de 478 potenciales víctimas. De ese total, el 88 por ciento de los damnificados se desempeñaban en el sector rural (421 trabajadores sobre un total de 478).
Hacia el interior del sector, más del 50 por ciento de los casos correspondieron a explotaciones forestales, mismo sector que ahora podría ser investigado por la Justicia Federal de La Pampa en relación a los hacheros contratados por el grupo Vía Bariloche.
