Un escándalo sin precedentes comenzó a ventilarse ayer en Tribunales y tiene que ver con una supuesta estafa advertida y denunciada por el Banco Municipal, y que consistía en librar en forma irregular órdenes de pago. Con la intervención de la jueza de instrucción Mónica Lamperti, nueve fiscales, las Tropas de Operaciones Especiales y la Policía, se realizaron entre la tarde del miércoles y el mediodía del jueves siete allanamientos. Entre los lugares que fueron inspeccionados figuran varios estudios jurídicos y la vivienda del secretario del juzgado. A medida que fue avanzando la investigación, la Corte Suprema de Justicia resolvió la suspensión provisoria del juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 17ª Nominación de Rosario, Alejandro Pedro Martín, y de su secretario, Ricardo Lavaca.
Fuentes judiciales indicaron que todo se inició cuando el Banco Municipal advirtió una serie de irregularidades. Específicamente, en distintas órdenes de pago que surgieron del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 17ª Nominación. En torno a ello se inició una investigación penal y anteayer se realizaron los allanamientos donde intervinieron nueve fiscales, las TOE, División Judiciales y personal de la Brigada de NN. Si bien las fuentes vinculadas al caso evitaron dar detalles sobre las características del procedimiento que se investiga, el fiscal en turno, Carlos Covani, hizo un requerimiento por estafa a la administración pública. Y según pudo saber El Ciudadano ya había una investigación administrativa previa.
Todo era hermetismo ayer en torno a la causa. Se hablaba de órdenes de pago irregulares y de fondos que están en depósito judicial e inmovilizados. Según explicaron fuentes judiciales, la maniobra tendría que ver con esos fondos. El problema se remite a 2010, cuando el banco con el que opera Tribunales deja de ser el Nuevo Banco de Santa Fe y es sustituido por el Banco Municipal de Rosario. Una de las sorpresas con las que se encontraron varios magistrados es que había dinero depositado en los juzgados civiles y comerciales correspondientes a distintas causas desde hace años que por distintas razones nadie había cobrado. La cifra no pudo ser especificada, pero los juzgados más antiguos tenían varios millones acumulados. “Había dinero que estaba depositado desde hacía muchos años”, indicó la fuente. En ese marco, la sospecha que cae sobre el juzgado es el armado de expedientes en complicidad con abogados para poder mover ese dinero. “Si es un solo expediente, se les puede haber pasado. Estamos tan colapsados que firmamos muchas cosas por día, y por ahí algo se te pasa. No se sabe de qué cantidad de expedientes estamos hablando. La diferencia es si son muchos o pocos”, destacó un juez que prefirió no identificarse.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la provincia emitió un comunicado en el que relata que el 31 de octubre último recibieron una denuncia en relación a irregularidades que se habrían cometido en la tramitación de causas judiciales con órdenes de pago surgidas del Juzgado de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 17ª. Nominación de Rosario. Además de derivar las actuaciones al fiscal en turno, la Corte dispuso la apertura de un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades del caso, designando como instructor a un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. En tanto, afirman que luego de que la jueza Mónica Lamperti, que instruye el caso, dispusiera una serie de medidas la Corte ordenó la suspensión preventiva del titular del órgano jurisdiccional involucrado y del secretario del mismo.
