A través de un proyecto de ley que presentará la semana próxima en la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialista Frente para la Victoria (FpV) buscará crear una comisión bicameral para investigar e identificar las complicidades del poder económico durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
La iniciativa se dará conocer el próximo lunes a las 17 en un acto que encabezarán el presidente de la Cámara baja de la Nación, Julián Domínguez, y el autor del proyecto, Héctor Recalde, en el salón de conferencias del anexo C del Congreso.
Del encuentro participarán además el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, y el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky.
Según se adelantó desde el oficialismo, la iniciativa prevé la creación de una comisión que tendrá “por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983”.
El objetivo central es identificar a “los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con la dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”, según se puede leer en los fundamentos del proyecto de ley.
Según indica la iniciativa, la comisión deberá “formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”.
El proyecto de ley estipula que el informe deberá ser publicado dentro de los 180 días desde la creación de la comisión y que, antes de su disolución, deberá, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
De acuerdo con lo que plantea la iniciativa de los diputados oficialistas, la comisión será presidida por una persona designada por el Poder Ejecutivo, quien “deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los Derechos Humanos” y cuatro diputados y cuatro senadores que serán elegidos por sus propios pares.
El proyecto de ley crea además el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el ámbito del Congreso de la Nación para poner a disposición gratuita del público en general los documentos que produzca la comisión.
El proyecto lleva las firmas de los diputados del bloque mayoritario del Frente para la Victoria Juliana Di Tullio, María García, Horacio Pietragalla, Adela Segarra, Pablo Kosiner, Carlos Kunkel, Verónica Magario, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Gdansky y Edgardo Depetri y del santafesino Oscar Martínez, integrante del bloque del Frente Renovador.
Rossi entregó actas de la dictadura al juez Garzón
El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, le entregó al ex juez español y actual presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón, una copia de las 280 actas de la dictadura encontradas en el subsuelo del Edificio Cóndor a fines del año pasado.
“Desde el Ministerio, con la entrega de estos seis tomos, acompañamos las iniciativas relativas a la defensa de los derechos humanos que tiene el doctor Garzón”, sostuvo Rossi. El funcionario agregó que la reunión fue “un reconocimiento a la labor” de Garzón y destacó que “en sus manos las actas tienen gran valor”.
Además, Rossi ofreció precisiones acerca de los trabajos de recuperación de la documentación luego de su hallazgo, en noviembre último, en el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea: “Con la información clasificada hemos hecho una biblioteca y abrimos un sitio web para que todos puedan acceder a los documentos”, señaló el ministro.
Garzón se mostró optimista ya que su “mentalidad jurídica” le indica que esa documentación “va a aportar luz y pruebas en muchas causas”, al tiempo que celebró la posibilidad de que todo el público pueda acceder a las actas.
El ex magistrado español, quien investigó crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura contra sus compatriotas, indicó sobre los documentos: “Son parte de nuestra historia y aún más importante es que las haya entregado un jefe de la Fuerza Aérea para que se conocieran e incorporaran al acervo del pueblo argentino”
Garzón es reconocido por el gobierno argentino debido a su intento de juzgar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, lo que le valió la suspensión de su cargo por parte del Tribunal Superior de España.
