Rubén Darío F., el hombre de 59 años detenido en una vivienda de Nicaragua al 300, fue acusado este sábado de ser el responsable de al menos ocho amenazas telefónicas que en los últimos 15 días derivaron en estados de alerta policial y repercutieron en la población por los protocolos activados y la repercusión mediática. Una seguidilla de llamados a la Central de Emergencias 911 y a una sede policial que se transformó en una causa de intimidación pública y amenazas, y que le valió al acusado una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, hasta que finalice la investigación.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra dijeron que entre el 23 de enero y el 2 de febrero Rubén Darío F. realizó al menos ocho llamadas a la Delegación de Asuntos Internos y a la Central de Emergencias 911, comunicaciones en las que fingió ser policía retirado e incluso dijo ser “Rubén Cantero”, usufructuando la fama del clan de barrio La Granada cuyo apellido está íntimamente ligado con la banda Los Monos.
Los llamados pronosticaban actos terroristas como la voladura con explosivos de la Terminal y la sede de Gobernación y la matanza masiva y al azar de policías en la calle. Todo resultó ser falso.
La acusación comienza enumerando que el domingo 23 enero una voz no siempre entendible agitó la noche de un operador del 911. Era casi la 1 y escuchó: “Cualquier móvil que vemos dando vueltas le pegamos un tiro en la cabeza y a la concha de su madre (…). Si no ponen la merca arriba de la mesa pasan a disponibilidad pero con un tiro en la cabeza, ¿bien? Es simple. Quiero los 5 kilos, se lo devolvemos a los Cantero y no hay quilombo, listo, en media hora paso a buscar los 5 kilos”.
El 24 de enero el mismo interlocutor llamó tres veces a la guardia de Asuntos Internos. En una esas llamadas refirió: “Ustedes se ríen, hasta que en un rato pasemos con un FAL y los cortemos al medio a todos en la planta alta y baja”, y adelantó que “colocaría bombas y materiales explosivos en la sede de Gobernación y en la Terminal de Ómnibus.”
La medianoche del 24 de enero marcó el 911 y aseguró ser un oficial experto en explosivos con intenciones de hacer estallar toda la ciudad. Amenaza que repitió a la madrugada siguiente, esta vez con blanco sólo en la Terminal.
También esa madrugada del 25 de enero llamó y dijo ser un tal Almeyda, funcionario del gobierno nacional, y que tenía raptados a “tres policías que habían querido robarle y que iba a pegarles un tiro en la cabeza y luego los iba a colgar del Viaducto”. Además dijo que iba a hacer volar un micro con efectivos policiales adentro. No sólo eso: también amenazó a la inspectora que atendió el llamado. Le dijo que si rastreaba la comunicación iba a matarla.
En tanto el 2 de febrero otra vez recurrió al apellido Cantero y le pidió una operadora del 911 línea directa con el jefe de Policía local: “Rubén Cantero, dame con el uno. Te pido por favor que me des con el uno porque si no vamos a hacer estragos esta noche. Que se aguante el vuelto. Esta noche tumbamos a siete”.
Oriundo de Carlos Pellegrini y afincado en el límite de barrio Belgrano y Ludueña, donde según un testimonio vive en un galponcito, Rubén Darío F. tiene 59 años y quienes lo conocen aseguran que nunca le vieron armas de fuego o explosivos. Según un informe médico su estado psíquico es normal.
“Una vez lo escuché hablar y decía algo como «hay que comprar drogas» y cosas así, pero para mí que desvariaba, no estoy seguro si hablaba o no en serio por teléfono», es otra opinión vertida en el expediente sobre este hombre que, según los fiscales, usó dos celulares para comunicarse. Uno de ellos estaba a su nombre en los registros de la empresa Movistar e incluso en la aplicación Whatsapp tiene una foto de perfil con un primer plano de él mismo.
En una ciudad con fama de ser la más violenta de la Argentina, cuya tasa de homicidios dolosos triplica a la media nacional; donde todos los días se cuentan balaceras a viviendas y comercios, algunas de las comunicaciones afectaron la seguridad pública y pusieron en alerta a toda la Policía, cuya jefatura regional destinó recursos a la protección de sedes institucionales.
El jefe de la Policía de Rosario Natalio Marciani detalló esas medidas en un escrito al Ministerio Público de la Acusación (MPA) del 4 de febrero, donde hizo mención de “los tiempos convulsos” que se viven en Rosario. También los fiscales citaron la repercusión mediática que desencadenó la seguidilla de llamadas y la consecuente afectación a la población.
