Las autoridades iraníes ejecutaron este sábado en la horca a dos hombres declarados culpables de haber matado a un paramilitar durante las manifestaciones desatadas a mediados de septiembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini tras estar bajo custodia de la extinta Policía de la moral.
«Mohammad Mahdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, los principales autores del crimen que condujo al martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados en la mañana», precisó Mizan Online, la agencia de información del Poder Judicial iraní.
Desde el inicio de la ola de protestas, la Justicia iraní condenó a muerte al menos a 14 personas relacionadas con las manifestaciones, según un recuento de la agencia de noticias AFP, no contrastado con cifras oficiales.
Con los dos ahorcamientos de este sábado, la cifra de ejecuciones se eleva a cuatro desde el inicio de las protestas, mientras que dos tienen la confirmación de su sentencia por el Tribunal Supremo, seis están a la espera de nuevos juicios y otras dos pueden apelar el fallo.
Karami y Hosseini estaban acusados de haber matado a Ajamian, miembro de la milicia paramilitar Basij, afiliada a los Guardianes de la Revolución, el 3 de noviembre en Karaj, una ciudad al oeste de Teherán.
El tribunal de primera instancia los condenó a muerte el 4 de diciembre y el veredicto fue confirmado el 3 de enero por la Corte Suprema de Irán, precisó Mizan Online.
Activistas del país aseguran que otra decena de personas se enfrentan a acusaciones que pueden comportar la pena capital.
Las ejecuciones fueron repudiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que denunció juicios «basados en confesiones extorsionadas».
«Es impactante que Irán continúe ejecutando a manifestantes, pese a la indignación internacional», tuiteó el organismo.
También la Unión Europea (UE) se mostró «consternada» y pidió «una vez más a las autoridades iraníes que pongan de inmediato fin a la práctica altamente condenable de pronunciar y ejecutar condenas a muerte contra los manifestantes», precisó en un comunicado Nabila Massrali, vocero del jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrel, informó la agencia de noticias Europa Press.
«Es un castigo definitivo que hace irreversibles posibles errores judiciales», agregó Massrali, que denunció ajusticiamientos como «otro indicio de la violenta represión de las autoridades iraníes».
Irán vive una ola de violencia desde que Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, murió el 16 de septiembre pasado en un hospital de Teherán, tres días después de haber sido detenida por la policía de la moral porque presuntamente tenía mal puesto el velo que según el código de vestimenta de la República Islámica debía cubrir su cabello.
Autoridades iraníes dijeron que murió de causas naturales, por una enfermedad preexistente, pero su familia dijo que creía que pudo haber sido golpeada.
La protesta, nacida del rechazo de las restricciones de vestimenta impuestas a las mujeres y de la indignación suscitada por la muerte de la joven, evolucionó en un movimiento dirigido contra la teocracia en el poder desde la revolución islámica de 1979.
Los dirigentes iraníes acusan a Estados Unidos, enemigo acérrimo de Irán, de estar detrás de las protestas, que califican de «disturbios».
Las ejecuciones de hoy se producen pese a una campaña de ONGs que pedía que Teherán perdone a los acusados.
A mediados de diciembre pasado, el padre de Mohammad Mahdi, Mashallah Karami, difundió un video en redes sociales en el que imploraba a las autoridades anular la pena de muerte contra su hijo, que describía como un campeón de kárate, miembro del equipo nacional, que había ganado competiciones en Irán.
Mashallah Karami denunció a la prensa iraní que el abogado de la familia no había podido acceder al expediente de su hijo.
Según el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, Karami tenía 22 años y, de acuerdo a ONGs, Hosseini tenía 39 años.
Irán ya fue objeto de una serie de sanciones internacionales como reacción a la represión contra las manifestaciones.
Alrededor de 14.000 personas fueron arrestadas desde septiembre pasado, según la ONU, entre quienes se encuentran deportistas, activistas y personalidades del cine y periodistas.
