El Senado italiano dio este miércoles media sanción a la ley impulsada por el gobierno, que facilita la expulsión de inmigrantes a través de la ampliación de los causales de repatriación y la eliminación de los permisos de residencia por motivos humanitarios.
El denominado “proyecto de ley Salvini”, en referencia al ministro del Interior y vicepremier Matteo Salvini, consiguió el apoyo de los bloques de la Liga Norte y Movimiento Cinco Estrellas, las dos fuerzas que componen el gobierno, luego de que el Ejecutivo utilizara la moción de “fiducia” (confianza) para garantizar el éxito de la votación.
La norma, que fue resistida por organizaciones sociales y por instituciones cercanas a la Iglesia, obtuvo 163 votos a favor (51 más que la mayoría necesaria), 59 en contra y 19 abstenciones.
Entre otros puntos, la norma para “la inmigración y la seguridad”, como se plantea en su introducción, propone duplicar los tiempos máximos en los que los inmigrantes pueden ser alojados en los centros de primera acogida antes de ser repatriados a sus países.
Otro punto que despertó críticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) es la abolición de los permisos de residencia tradicionales por motivos humanitarios, que serán reemplazados por unos más específicos dedicados al “mérito civil”, “cuidados médicos” o “si el país de origen vive una situación de calamidad natural”.
Hasta ahora, este tipo de permisos humanitarios aseguraba uno de residencia de dos años y derecho a un visado de trabajo para los inmigrantes que encontraran un empleo, además de acceso a centros de formación en lenguaje y otro tipo de actividades.
De confirmarse la media sanción en la Cámara de Diputados, los inmigrantes que pierdan ese tipo de visado humanitario podrían quedar confinados en los centros de primera acogida o sin protección de parte del Estado, según los críticos al proyecto.
Además, la ley establece la «ampliación de delitos que provocan la revocación del permiso de residencia», y que ahora abarcará la violencia sexual, la venta de droga y la violencia hacia la policía.
Las Naciones Unidas y una serie de organizaciones cercanas al Vaticano, como la comunidad San Egidio, expresaron su rechazo al proyecto porque consideran que «aumenta la propensión a la ilegalidad» al restringir el acceso al permiso de residencia legal.
«No puede haber seguridad sin el conocimiento que, de frente a la ausencia de flujos adecuados de ingresos regulares y de una drástica caída de los desembarcos en nuestras costas, hace falta favorecer al máximo la integración y no aventurarse en normas que corren el riesgo de agrandar la ilegalidad», plantearon.
Por su parte, Salvini defendió una vez más el proyecto, que formó parte de la plataforma electoral de su Liga Norte para las elecciones del pasado 4 de marzo, y destacó que «en Italia tenemos bastantes delincuentes ya, ahora vendrán reglas más severas, y el que quiera delinquir que se vuelva a su casa».
