El gobierno de Italia pidió ayer al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que mantenga encarcelado al ex militante izquierdista italiano Cesare Battisti, cuya extradición fue rechazada el viernes por el ex presidente Lula da Silva, generando el primer conflicto diplomático que enfrenta la nueva mandataria, Dilma Rousseff.
En la petición elevada ayer al presidente del STF, Cezar Peluso, el abogado del gobierno italiano en el caso, Nabor Bulhoes, sostuvo que a pesar de la decisión del Ejecutivo brasileño la liberación de Battisti sólo puede ser autorizada por el pleno de la Corte Suprema.
Bulhoes afirma, además, que la decisión de Lula representó un “grave ilícito interno e internacional, que afrenta a la soberanía italiana, insulta a sus instituciones, además de usurpar la competencia de la Suprema Corte brasileña”, según citaron medios locales.
Battisti, condenado en su país a cadena perpetua por cuatro asesinatos practicados en los años 70 por la organización Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), está arrestado en Brasilia desde 2007. Su extradición fue autorizada en noviembre de 2009 por el STF, pero fue denegada por el ex presidente horas antes de traspasar el mando a Dilma Rousseff.
Pese al rechazo de Lula a la demanda italiana, el primer ministro Silvio Berlusconi aseguró ayer que los lazos de su país con el gigante sudamericano siguen intactos.
“Este caso no afecta nuestras relaciones con Brasil”, dijo Berlusconi, quien agregó que las diferencias son de índole “judicial” y que los vínculos entre ambos países “no cambiarán debido a esta situación”. Sin embargo, destacó que su gobierno apoyará pasos para que el caso sea llevado al Tribunal Internacional en La Haya.
El premier italiano habló con la prensa al término de una reunión en Milán con Alberto Torregiani, hijo del joyero asesinado en 1979 por un comando del grupo PAC del que Battisti fue miembro. “Me he hecho a la idea de que Battisti cubrió con ideología política su realidad de verdadero criminal”, concluyó.
En tanto, el gobierno de Rousseff parece estar dispuesto a ratificar la medida adoptada por Lula da Silva en su último día de gobierno.
“La decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se amparó en tratados internacionales y el orden jurídico brasileño; por lo tanto es una decisión que expresa la soberanía brasileña”, dijo el ministro de Justicia José Cardozo a la BBC.
