El juez en lo Civil y Comercial de la 7° Nominación, Marcelo Quiroga, a cargo desde el año 2008 del concurso preventivo del Hospital Italiano, designó ayer al nuevo interventor interino del centro de salud, quien actuará por un breve lapso hasta darle paso luego a tres profesionales (un médico, un abogado y un contador) que se harán cargo de la administración definitiva. El hecho se da en el marco de la creciente crisis económica por la que atraviesa la histórica institución, que por estos días funciona al 20 por ciento de su capacidad operativa.
El interventor que designó el magistrado es el contador Víctor Gabilondo. El profesional actuará de forma interina en lugar de las autoridades ahora desplazadas del Italiano.
La tarea de Gabilondo será breve y hasta que los colegios de Médicos, Abogados y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas les acerquen a Quiroga el nombre de tres profesionales de cada rama para que éste elija a uno por terna. Así, será ese trío el que asuma la intervención definitiva del hospital.
La designación del nuevo delegado interino se realizó en un sorteo entre los profesionales anotados en una lista de interesados en desempeñarse como peritos de oficio en causas judiciales.
Con la resolución, el magistrado da un paso más a lo informado por este medio en su edición de ayer, cuando se adelantó la decisión de intervenir el emblemático centro asistencial de Virasoro al 1300, en la zona sur de la ciudad.
En los considerandos de su planteo, Quiroga explicó que fue la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe (IGPJ) la que solicitó la intervención de la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano Garibaldi Asociación Civil y el desplazamiento de la comisión directiva. El pedido se dio tras “haber constatado actos graves que importan violación de la ley, el estatuto y el reglamento” de la institución, sostuvo la IGPJ.
La resolución del juez también menciona que en la auditoría que se realizó semanas atrás se constató –siempre según la Inspección General de Personas Jurídicas– que “la entidad virtualmente no lleva contabilidad, ha cedido hasta el mes de junio de 2016 gran parte de la facturación, tiene cheques rechazados por 27.160.978,20 pesos, presenta dificultades para acceder a la información y algunos de los servicios se han retirado”. Se señala también que “las comisiones médicas y técnicas que se habían conformado” para coadministrar “informaron que no han podido actuar con la comisión directiva y el director médico”.
“La entidad no sólo presenta un estado de caos administrativo contable, sino también respecto de los profesionales que trabajan en la misma y, por último, la cesión de facturas por la comisión directiva pone en riesgo la continuidad de la entidad”, agrega el escrito.
Según había anticipado el magistrado, la intervención no afectará a los casi 500 trabajadores estables, que cuentan con una antigüedad promedio de 20 años, y los otros 300 (casi todos médicos) que en relación indirecta se vinculan con la institución, fundada en 1892.
Sólo al 20 por ciento
María José Ramos, encargada del área de cocina del hospital, dijo en diálogo con este diario que el centro de salud estaba funcionando ayer de la misma forma y al ritmo que lo venía haciendo en los últimos días.
“La intervención es una herrmienta jurídica que no tiene por qué ser una cuestión positiva o negativa. La situación de los trabajadores dependerá de las condiciones que se den cuando los interventores definitivos asuman. El problema es que venimos de tres meses trabajando sólo con el 20 por ciento de los servicios que presta el hospital y los ingresos disminuyeron abruptamente. Y el cimbronazo se empieza a sentir ahora porque la facturación que se hace a las obras sociales y el Pami se cobran a 60 y 90 días”, explicó la empleada.
