El detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sumó un nuevo traspié judicial. El juez federal Luis Rodríguez lo citó a prestar declaración indagatoria en el marco de irregularidades en la licitación para el denominado tren bala, proyecto que iba a unir el corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba y que finalmente quedó trunco. La cita será para el próximo 19 de mayo, y al día siguiente deberá comparecer su ex asesor y presunto testaferro Manuel Vázquez, quien también se encuentra con prisión preventiva por la compra de material rodante a España y Portugal.
En la causa se investiga al ex funcionario por haber favorecido a un consorcio de empresas liderado por la francesa Alstom, pero que también integraba Iecsa SA, por entonces perteneciente al holding Macri y ahora bajo el ala de su primo, Ángelo Calcaterra.
La decisión de Rodríguez revitaliza una causa iniciada en 2008 en torno del proyecto de transporte más polémico que encaró el kirchnerismo. A Jaime y Vázquez los indagarán como acusados de “las irregularidades cometidas en el proceso de licitación por medio del cual se adjudicó la ejecución de la obra de electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicación y provisión de material rodante para el servicio de Tren de Alta Velocidad”, que benefició a Alstom Transport SA, Iecsa, Grupo Isolux Corsan SA y Emepa SA.
El 25 de julio de 2006, las empresas presentaron sus ofertas en la cuestionada licitación, cuya denuncia penal se remonta a 2008. Uno de los grupos que compitieron –denominado Veloxia– estaba liderado por Alstom, en asociación con la española Isolux y la argentina Iecsa (Grupo Socma). Pero fue sólo ese grupo el que terminó haciendo la oferta técnica y económica para llevar adelante el proyecto llave en mano. El nombre del fallido tren ideado por Jaime, paradójicamente, iba a ser Cobra.
El 21 de julio de 2007, se adjudicó el proyecto al consorcio empresarial. Sólo tres meses antes, Sideco Americana formalizó la venta de Iecsa a Calcaterra Sociedad Anónima, propiedad de Ángelo, sobrino de Franco Macri. Coincidió con el triunfo de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. El proyecto arrancó con una valuación de 1.300 millones de dólares, pero terminó en 4.000 millones de dólares con costos financieros. Se iba a pagar con emisión de bonos del Estado a 30 años, con 7 de gracia.
El ex ministro de Economía y actual embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, rubricó el acuerdo. El primer tramo debía alistarse en 48 meses. Pero esa obra nunca se concretó y la operación quedó sospechada por el direccionamiento del consorcio ganador por parte de Vázquez y el pago de más de un millón de euros en concepto de “comisiones indebidas”. Hay antecedentes: en 2014, Alstom reconoció en Estados Unidos el pago de coimas a cambio de una multa de 772 millones de dólares.
Juan Carlos de Goycoechea, titular de Isolux, había advertido que la “cláusula gatillo” contenida en el punto 37 del contrato suspendido obligaría al país a realizar la obra de todas formas si el riesgo-país bajara a menos de 800 puntos y la Argentina pudiese volver a obtener crédito de organismos internacionales.
Esto podría suceder tras el fin del litigio con los buitres. De otra forma, las empresas adjudicatarias podrían accionar y reclamar ser indemnizadas.
