El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó un contraataque a la investigación abierta en su contra por la corrupción en la compra de vacunas contra el coronavirus Covaxin y sugirió, a través de las redes sociales, que existen videos vinculando un supuesto caso de pedofilia contra algún miembro del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.
En una serie de textos publicados en Twitter, Bolsonaro intentó vincular a la izquierda con abusos de menores, en un mensaje ocurrido en el peor momento judicial del mandatario, investigado por prevaricato por orden de Rosa Weber, jueza del Supremo Tribunal Federal.
«Vamos a suponer que exista una autoridad filmada en una escena con menores (o con personas del mismo sexo o con traficantes) y que alguien llamado ‘Daniel’ les haga chantaje amenazando divulgar este video», dijo Bolsonaro.
La referencia a Daniel es al exguerrillero, exjefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva y condenado por corrupción José Dirceu, quien usaba ese mote cuando se fue a Cuba durante la dictadura militar brasileña, en los años setenta.
El mensaje de Bolsonaro por Twitter también cita que el chantaje era una forma de actuar de la revolución cubana.
«Cuando no tienen nada contra su objetivo principal, entonces persiguen a sus hijos, parientes y amigos. Abren investigaciones, acusaciones absurdas, quiebran el secreto bancario y telefónico, determinan allanamientos y dictan prisiones arbitrarias», afirmó Bolsonaro.
El mandatario dio a entender que este chantaje de Dirceu le permitió el arresto domiciliario en sus condenas por corrupción.
Bolsonaro habitualmente declara contra los miembros de la alta corte y uno de sus blancos preferidos es Luis Barrosso, quien como titular de la justicia electoral rechaza las sospechas de fraude que el mandatario ha lanzado sobre el sistema electoral brasileño cuando comenzó a aparecer derrotado para las elecciones de 2022 ante Lula.
Bolsonaro comenzó a ser investigado porque Ricardo Miranda, director de importaciones del Ministerio de Salud, y su hermano Luis Miranda, diputado bolsonarista, contaron que en una reunión el 20 de marzo con el presidente le narraron una red de cabildeos que permitió una sobrefactuación del 1.000 por ciento en un contrato para adquirir la vacuna india Covaxin mediante intermediarios.
A partir de lo que los hermanos Miranda dijeron bajo juramento a una comisión investigadora del Senado, Bolsonaro respondió que iba a ordenar a la Policía Federal investigar y que sospechaba que su diputado más importante, Ricardo Barros, líder del Gobierno en la Cámara Baja, tenía negocios con el Ministerio de Salud.
Este caso se suma a otra denuncia en la cual el intermediario Davati, una empresa de insumos médicos de un cubano-estadounidense, denunció que un funcionario del Ministerio de Salud le pidió 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que compre para el programa de vacunación brasileño.
La renuncia de Bolsonaro fue pedida el sábado pasado en manifestaciones realizadas por la oposición de izquierda y derecha en más de 300 ciudades.
Las protestas también apuntaron al bolsonarista jefe de la Cámara de Diputados Arthur Lira, del Partido Progresista, principal fuerza de la base oficialista llamada ‘Centrao’, para que acepte alguno de los 123 pedidos de juicio político contra Bolsonaro por genocidio sanitario, delitos contra la Constitución y corrupción.
