La irrupción de la violencia letal, habitual en los barrios de Rosario desde hace más una década, con hechos espectaculares (seis muertes en menos de 24 horas) a una semana de las elecciones motivó una nueva andanada de críticas del intendente Pablo Javkin sobre la inseguridad en las calles de la ciudad que gobierna. Luego de responsabilizar a la gestión del presidente Alberto Fernández por no haber patrullado la cuadra de Corrientes al 400, donde fue baleado días atrás el frente de la Asociación Empleados de Comercio, ahora la emprendió contra los fiscales de la causa Esteban Alvarado: “Le sacamos un patrullero a los vecinos y encima se hace mal”. La sentencia, en un hilo de Twitter, se refiere a que, según informó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados hace casi un año el Ministerio Público de la Acusación decidió que Carlos Argüelles, quien fuera ladero del sindicado narco y que terminó ejecutado en la tarde de este lunes, pasara a depender del programa similar que depende a la provincia de Santa Fe.
“Cuiden más a Rosario. No nos dejen solos cuando más lo necesitamos” tuiteó Javkin en su pedido a las autoridades a cinco días de las Paso al referirse a la ola de crímenes. El mandatario local diagnosticó que las muertes recientes «tienen como factor común una organización desde la cárcel. La inteligencia criminal dentro de los penales, en las causas que toman los fiscales, es fundamental».
«El sistema está para que alguien que comete un delito sea condenado y cumpla la condena. Cuando en la cárcel no se impide que siga cometiendo delitos, o incluso se lo facilita, ponemos en jaque todo», opinó el intendente radical.
Añadió sobre el centenar de custodias que dependen de la Policía provincial, que están asignadas «a imputados o testigos de causas importantes. Ayer asesinaron a un imputado que tenía custodia en su casa, pero no en su lugar de trabajo. Le quitamos un patrullero a los vecinos para cuidar un testigo y encima se hace mal», según interpretó.
Y en sintonía con su discurso que apunta a no confrontar con la gestión provincial de Omar Perotti, volvió a lanzar dardos al gobierno del presidente Alberto Fernández: «Que actúen las fuerzas federales. Las necesitamos acá».
Precisamente, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que fue el MPA el que el 3 de octubre pasado ordenó que Argüelles, hasta entonces bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la fuerza que alertó en vano sobre la expansión del negocio narco de Alvarado hace una década, pasara a depender de Unidad Especial de Protección de Testigos, Víctimas Vulnerables y Querellantes de la Policía de Santa Fe.
El Ministerio de Seguridad de la Nación aclaró que Argüelles, “que accedió a un juicio abreviado por el cual cumpliría tres años de prisión preventiva”, no estaba dentro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que pertenece a otra cartera, la de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Argüelles había declinado la custodia, afirma el gobierno santafesino. Desde el MPA, la Fiscalía Regional informó que el mecánico no quiso ingresar a un programa de protección de testigos.
Alvarado es un ex convicto por robo de autos tanto en territorio santafesino como bonaerense, actualmente procesado por narcotráfico por la Justicia federal y quien el sábado pasado debía sentarse en la última jornada de la audiencia preliminar de juicio, en el Centro de Justicia Penal, como jefe de asociación ilícita que ordenó homicidios e incluso una balacera a ese edificio judicial, en un caso que llevan adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Unidad Especial de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA provincial. La audiencia se postergó debido a que los funcionarios tenían que estar presentes en otra audiencia, una imputativa al ex diputado provincial del justicialismo Darío Scataglini.
