El intendente de Rosario Pablo Javkin mostró este jueves su malestar por las demoras en el envío de subsidios nacionales al transporte local, que impide el pago de salarios de choferes. El retraso de la llegada de fondos acumula dos meses de deuda y equivalen a 210 millones de pesos.»No puede ser que la llegada de fondos se trabe en un escritorio», dijo el titular del Palacio de los Leones.
Javkin habló sobre el conflicto en el transporte por el nuevo paro que llevan adelante los choferes nucleados y nucleadas en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde el miércoles por la tarde. Las y los conductores tomaron la medida de fuerza ante la falta del pago de la totalidad de sus salarios.
«Acá se votó una ley que nos permite asegurarnos 10.500 millones de pesos hasta fin de año para el sistema de transporte del interior. No puede ser que en un escritorio se trabe la llegada de los fondos, que son 210 millones de pesos en la acumulación de las primeras dos cuotas y el municipio no tiene manera de cubrir esa suma pese a todo lo que se ha ajustado», dijo el intendente.
Javkin agregó además que el sistema de transporte de Rosario «está limitado, hay problemas estructurales y lo hemos hecho desde el primer día, pero también hay cuestiones puntuales». Además, aseguró que el municipio va a seguir insistiendo para asegurar la sustentabilidad del sistema, más allá de las dificultades estructurales que reconoció.
«No puede ser que desde el interior nos quede tan lejos la aplicación de una ley votada por ambas Cámaras de la Nación y que nos permite llevarla al salario de los choferes», apuntó en diálogo con Canal 3. También agregó que el municipio está en diálogo con los distintos actores involucrados para que el dinero que debía llegar el viernes pasado sea enviado entre lunes y martes.
Tanto la provincia como el municipio adelantaron las partidas correspondientes a septiembre para abonar la mitad del sueldo del mes en curso. Pero el nuevo desplante forzó la decisión de una nueva huelga, pese a que los choferes flexibilizaron sus posturas iniciales con relación al cronograma de pago y aceptaron una tregua social estirando los plazos.
