El diputado nacional por la Coalición Cívica – ARI Pablo Javkin expresó su rechazo a la decisión del titular del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, de entregar cuatro líneas a manos de Roggio y Emepa, concesionarios apartados por no cumplir con las normas de seguridad en la prestación de los servicios ferroviarios. El legislador por Santa Fe presentó un pedido de informes en el que solicita información que “desnuda la incoherencia de la reprivatización”.
“¿Cómo se explica que las empresas seleccionadas sean las mismas que fueron desplazadas en octubre del año pasado, luego del último choque de una formación en Once?”, cuestionó el diputado. Y recordó que “fue el propio Florencio Randazzo quien optó por retirarles definitivamente la concesión a las dos empresas privadas que controlaban el ramal admitiendo la falta de rigor en los controles a los maquinistas y reconociendo «grave irregularidad» por parte de las concesionarias”.
El legislador subrayó que los grupos empresarios seleccionados conformaban, a través de las subsidiarias Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Emepa), la Unidad de Gestión Operativa Mitre-Sarmiento (Ugoms SA) que operó hasta el 24 de octubre pasado la línea Sarmiento y que en esta oportunidad dejó de tener a cargo la operatividad del Mitre, produciéndose su disolución.
“Luego del último accidente sobre la línea Sarmiento, mediante la resolución 1244/13 del Ministerio del Interior y Transporte se apartó a Ugoms de la operación de este servicio para dejarlo plenamente en manos de la estatal Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) bajo el fundamento de que no se observó el protocolo de seguridad en la línea”, detalló el legislador opositor.
“En los considerandos de la resolución se afirma que «Ugoms incumplió con el Protocolo de Evaluación del Centro de Recepción de Personal a Controlar y de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo, permitiendo que el motorman accediera a la conducción sin que se hubiera verificado su control previo»”, agregó Javkin.
Asimismo, el diputado nacional puso de relieve la “falta de transparencia” porque no hubo licitación para seleccionar a los nuevos operadores.
“De acuerdo a las más elementales normas de la administración pública, toda contratación entre el Estado y un privado que implique importantes erogaciones de capital debe ser producto de una licitación pública, y en este caso parece no haberse llevado a cabo un procedimiento de tal naturaleza. Por el contrario la Sofse ha seleccionado los operadores a las cuales encomendará la prestación del servicio ferroviario a su cuenta y orden de modo discrecional, sin la transparencia que la materia demanda”, agregó. Javkin también puso de relieve que “el modelo de Acuerdo de operación de los servicios ferroviarios urbanos de pasajeros propuesto es un texto base, que no especifica los firmantes por las partes privadas, así como tampoco se incluyen los esquemas de servicios, frecuencias y bienes muebles e inmuebles afectados a los servicios a prestar”.
Por otra parte, destacó también que “el Estado se hace cargo del personal y de los costos del sistema, y no se establece cómo se controla cuánto se le asigna a las empresas”.
“Las empresas Emepa y Roggio que serán las operadoras de los servicios ferroviarios percibirán del Estado, en particular de la Sofse, los capitales necesarios para hacer funcionar los mismos, además de los fondos para obras de mantenimientos y otras inversiones. Además, el Estado se hace cargo de pagar a los privados una retribución mensual por operación. Esto implica que los operadores recibirán una contraprestación por hacerse cargo de administrar los servicios ferroviarios de pasajeros. Respecto de estas sumas no se establece qué organismo deberá calcularlas y cómo se controlará”, indicó Javkin.
“Por su parte, las operadoras sólo tienen a su cargo, además de hacer funcionar las líneas, cobrar las tarifas para luego transferir esas sumas a la Sofse. De este modo, el Estado se hace cargo de los fondos que necesitan las operadoras para el funcionamiento de los servicios y hasta de sus ganancias. Esto causa que los grupos eviten el riesgo empresario lógico que deberían asumir al explotar una actividad”, denunció.
“Para agravar aún más esa situación, la Sofse y la Administradora de Recursos Humanos, esto es el Estado, se hacen cargo de los salarios, eventuales indemnizaciones y demás beneficios sociales del personal afectado a la explotación de los servicios. En la misma dirección, los entes públicos toman la responsabilidad de negociar los convenios colectivos y las paritarias”, abundó Javkin.
“Además, todo el personal fuera de convenio, es decir los trabajadores precarizados, que dependía de la Ugofe SA o de la Ugoms SA, pasará a ser personal del Estado”, destacó.
“Lo ocurrido en las estaciones de Once y Castelar tiene que hacer cambiar de una vez por todas esta matriz de administración ferroviaria, con antecedentes de corrupción, subsidios desviados y donde se repiten una y otra vez los actores que han demostrado que no son capaces de mejorar el servicio, ofrecer seguridad a los ciudadanos y que en su mayoría han sido parte y cómplices del desguace del sistema ferroviario en la Argentina”, finalizó el legislador nacional de la CC-ARI.
