El Ministerio de Seguridad elevó a la Justicia provincial una investigación que comenzó en 2006 por un caso de de presunto enriquecimiento patrimonial no justificado de un jefe policial que a fines de año dejó de prestar servicio y está próximo a jubilarse. El investigado es el comisario mayor Daniel Gerardo Moscatelli, cuyo último destino fue la subjefatura de la Unidad Regional III, con asiento en el departamento Belgrano, quien no pudo justificar la propiedad de una vivienda ubicada en la ciudad de Casilda, valuada en más de medio millón de pesos y un automóvil Citroën Xsara SX 1.0, tasado en alrededor de u$s 10.000.
Según el ministro de Seguridad, Leandro Corti, las actuaciones fueron llevadas a cabo por personal de la dirección provincial de Asuntos Internos, en el marco de lo establecido por ley provincial 12.238 de procedimiento para la investigación de enriquecimiento ilícito del personal policial.
La investigación sobre el incremento del patrimonio del comisario Daniel Gerardo Moscatelli fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de la 8ª Nominación de Rosario, a cargo de Juan José Pazos.
Según fuentes del caso, el comisario mayor Moscatelli estaba siendo investigado junto a varios jefes policiales desde hace varios años. En el caso particular del ex subjefe de la URIII, se le pidió justificar cómo fue que adquirió una casa ubicada en la ciudad de Casilda y un auto marca Citroën.
El jefe policial argumentó haber adquirido el inmueble con fondos provenientes de la venta de una vivienda ubicada en Sandford, localidad ubicada 25 kilómetros al sudoeste de Casilda, invirtiendo la primera cuota en la compra de un terreno en Casilda y las restantes, junto a un préstamo bancario y una indemnización recibida por su cónyuge, en la construcción de la vivienda, a la que valuó en $90.000. Respecto a la adquisición del automóvil Citroën, sostuvo haberla realizado con dinero proveniente de la venta de un auto de su propiedad y un crédito bancario.
Según se desprende de la investigación, el inmueble de Sandford fue adquirido por un cuñado del comisario, quien presentó como constancias de ingresos actividades como transportista, pero las mismas recién ocurrieron tres años después de la compra de la finca.
Además, se tuvo en cuenta que el haber mensual de Moscatelli como empleado policial “habría sido el único ingreso de dinero para el grupo familiar de cuatro integrantes, con lo cual se estima prácticamente nula su capacidad de ahorro”, indicaron voceros del caso y también una pericia efectuada por una arquitecta de la dirección de Asuntos Internos que valuó la propiedad en cuestión en $ 565.000.
El uniformado pasará a retiro en los próximos días, pero eso no impide continuar con la pesquisa en el fuero penal.
Moscatelli estaba incluido en un amplio listado de funcionarios policiales que venía siendo investigado desde hace varios años, que incluye también al actual jefe de la Unidad Regional II, Néstor Arismendi, quien asumió en diciembre pasado.
