El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, calificó como inconstitucional la resolución del Senado que la semana pasada creó una Comisión de seguimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Baclini dijo que la normativa fue votada de manera intempestiva y que los argumentos para crear dicha comisión son “erróneos, falaces y contradictorios”.
Baclini habló durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por sus cinco subordinados inmediatos, los fiscales regionales: Rubén Martínez (Reconquista); Matías Merlo (Venado Tuerto); Carlos Arietti (Santa Fe); María Eugenia Iribarren (Rosario), y Diego Vigo (Rafaela), además de la la auditora General de Gestión, María Cecilia Vranicich.
“Nosotros no tenemos ninguna objeción de evaluación y seguimiento del MPA siempre y cuando se hagan con personas que tengan conocimiento. Por lo menos que existan asesores”, dijo Baclini.
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Para el funcionario, el Senado santafesino se excede al crear la comisión y “toma injerencia en facultades propias de la persecución penal y de la Auditoría de Gestión y de la Comisión de Acuerdos en lo que es la potestad disciplinaria de lo que es el Ministerio Público».
El jefe de los fiscales sostuvo además que emitió una instrucción general para que los fiscales se abstengan de responder a las solicitudes que pretendan los integrantes de la Comisión creada para controlarlos: “El Senado termina tomando funciones que son propias e ilegales porque pertenecen a otro órgano”.
Sobre la presunta decisión de algunos senadores de no formar parte de la comisión, Baclini sostuvo que “no nos sirve que se mencione que no se va a conformar la comisión, sino que la única manera de salvar toda la cuestión constitucional que tiene esa comisión es dejándola sin efecto”.
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Baclini también se refirió a la otra resolución votada en el Senado, también el pasado jueves, por la cual solicitó el archivo, a la Oficina de Gestión Judicial, de la causa en la que se investiga al senador Armando Traferri en vinculación con una red de juego clandestino, luego de haber rechazado semanas atrás el desafuero del legislador.
“La verdad que uno nunca pensó que iba a ocurrir en la provincia de Santa Fe. Esto viene con la firma de la vicegobernadora (Alejandra Rodenas), lo cual me parece sumamente crítico que se ponga en la defensa de uno de sus integrantes, en una causa judicial, cuya defensa es la del propio involucrado”, sostuvo. Consideró también que el pedido de archivo puede causar una doble presión en el juez que debe resolver la causa.
El capítulo de este martes no es más la continuación del conflicto desatado desde el segundo semestre de 2017 entre los fiscales y los senadores: en aquel momento desde Rosario dos integrantes del MPA pretendieron investigar los gastos reservados de los legisladores de la Cámara alta, lo que desató un cambio en el régimen disciplinario de los fiscales, cuyas faltas graves susceptibles de remoción pasaron desde entonces a depender del Senado.
La intención de otros dos fiscales de imputar a Traferri en el caso de apuestas ilegales revivió esa disputa: para el senador sanlorencino, detrás de la acusación está el ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien es el titular con licencia del Organismo de Investigaciones, es decir la policía judicial que depende del MPA.
Según esta hipótesis, se busca condicionar a los senadores a través del MPA desde el Ejecutivo, luego de los cortocircuitos dentro del oficialismo de los primeros meses de la gestión del gobierno provincial, lo que derivó en la lisa y llana ruptura del bloque justicialista en la Cámara alta y el pase a la oposición directa de los seis legisladores del NES (Nuevo Espacio Santafesino) conducidos por Traferri.
Semanas atrás, el Senado, pero también la Cámara de Diputados que maneja el frenteprogresismo, votó las llamadas leyes anti-Sain, que dictaminan la incompatibilidad entre cargos del MPA y el Ejecutivo, tal el caso del actual ministro de Seguridad, y el monitoreo de los fondos reservados de esa cartera. El gobernador Omar Perotti vetó ambas normativas.
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