El gobierno de Alberto Fernández ingresa a su cuarto año de gestión sin haber investigado la deuda generada en el gobierno de Cambiemos por más de 100.000 millones de dólares, que se fugó en su mayor parte y evadió impuestos y cuyo pago condiciona al país.
Es más, llevó adelante una engorrosa negociación para finalmente acordar un severo plan de pagos con el FMI que, incluso, hizo avalar por la ley 27.668 que aprobó “el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018”.
Si bien en 2020 el Gobierno Nacional debió asistir y apuntalar a la población para hacer frente a la Covid-19, según la Cuenta de Inversión (Ejercicio fiscal anual ejecutado) el gasto público total fue de 25,96% del PIB (PIB que descendió ese año en un 9,9% con respecto al año 2019).
En 2022 el gasto público nacional fue solamente del 21,5% del PIB y la Ley de Presupuesto Nacional de 2023 dice que será del 20,19% del PIB. Este ajuste fiscal se asienta básicamente en el descenso del pago de las jubilaciones y pensiones, en los subsidios a la energía y al transporte y, en las transferencias a las provincias.
Paralelamente, merced a un modelo que prioriza las ventas al exterior en desmedro del mercado interno, las exportaciones superaron a las importaciones desde el 1 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2022 en 33.078 millones de dólares. Pese a ello, las Reservas Internacionales del BCRA descendieron en 7.002 millones de dólares (de 45.190 millones de dólares en diciembre de 2019 a 38.188 millones el 30 de noviembre de 2022).
En el mismo período, tanto los precios internos (medido por el IPC del INdeC) como el dólar, crecieron en torno al 300%. El dólar oficial tipo vendedor era de $ 62 el 10 de diciembre de 2019 y fue de $ 174 el 30 de noviembre de 2022. En cambio, el salario promedio fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, denominado RIPTE, creció en pesos 247% (de $ 53.070 a $ 184.210 por mes)
Primer problema fundamental
Si el precio del dólar sube, el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y pensiones baja. Como más del 70% de lo que se produce se destina al mercado interno (que depende de la capacidad adquisitiva de la población) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume, la economía es cada vez más dualizada: una minoría se integra vía exportaciones mientras la mayoría se encuentra en una situación cada vez peor, que incluso compromete la subsistencia.
La política económica de 2023
El Ministro de Economía Sergio Massa les ofrece a las empresas importadoras acceso a dólares a precio oficial y, les pide contener precios en prepagas, medicamentos, consumo masivo, textil y calzado. Por otra parte, la sequía obliga a liquidar a los ganaderos su hacienda, que genera una oferta sostenida en el mercado local y ello contiene el precio de la carne, con lo que significa en la canasta alimentaria.
Pero paralelamente y a costa del erario público, el gobierno vende dólar diferencial a los exportadores de soja: devalúa nuestra moneda en general y sobre devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores.
La gestión de Massa promociona la exportación de soja con un dólar diferencial de 50 pesos más por unidad de la moneda norteamericana en septiembre y de 60 desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2022.
Ese diferencial se paga con un título de deuda del Tesoro de la Nación al BCRA. En septiembre ingresaron 8.123 millones de dólares, quiere decir que el Tesoro de la Nación debió endeudarse con el BCRA y colocar una Letra Intransferible por 406.150 millones de pesos. Y desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022, el Tesoro de la Nación completa el importe de 230 pesos por dólar por la soja exportada que alcanzó a ser por 3.500 millones de dólares (otra deuda en otra Letra Intransferible por 210.000 millones de pesos).
Al mismo tiempo, Massa se comprometió con la UIA – Unión Industrial Argentina (Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier – Ledesma; Magnetto-Clarín; etc.) que habrá más dólares a precio oficial para importar y de que, moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa, utilizando las reservas internacionales del BCRA.
La diferencia es un cepo muy rígido, la presión de la devaluación no es solo sobre el dólar oficial, sino sobre la brecha de los distintos precios del dólar y la inflación se genera a través de la brecha.
La brecha cambiaria en los niveles actuales es perversa porque el importador paga lo que compra a prácticamente la mitad de precio del dólar blue o paralelo y, el exportador cobra, teóricamente, la mitad por lo que vende.
El problema es que, por el otro lado, el BCRA está emitiendo pesos para sostener el mercado de bonos y para la intervención en el mercado de deuda, lo hace a través de los encajes remunerados a una tasa en pesos del 75% anual, que efectiva es del 105%, con una inflación que, a través de los acuerdos con los empresarios, tratan que esté por debajo de ese porcentaje.
En 2022, la base monetaria (que es todo el dinero creado y puesto en circulación por el BCRA) creció en $1,55 billones alcanzando un total de $5,2 billones el último día hábil del año pasado, pero no fue para financiar el déficit fiscal, como mal intencionadamente hacen entrever los grandes medios de comunicación, sino para pagarles a los bancos por el abono de los intereses de los encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq, y Notaliq) del BCRA, que sumó en el año $3,386 billones, o sea el 65% de la base monetaria.
También el BCRA realizó intervenciones tanto en el mercado cambiario (vendiendo dólares a futuro) como de bonos (comprando títulos del Tesoro de la Nación para mantener su precio o que no desciendan más) que implicaron emisión monetaria.
Más la emisión de dinero para pagar el dólar diferencial a los sojeros (que luego inmoviliza con Leliq). Finalmente un porcentaje muy menor y que se congeló en la suma de $ 2.793.100 millones desde el lunes 8 de agosto al 30 de diciembre de 2022, de asistencia directa (Adelantos al Tesoro de la Nación) a la Administración Nacional, por lo que se acrecentó en el año solo en $ 620.051 millones (los Adelantos al Tesoro de la Nación sumaban $ 2.173.049 millones al último día hábil del año 2021) que representa el 11,9% de la Base Monetaria.
Los permitidos del FMI
El FMI avala todo, empezando por no objetar el desdoble cambiario (la brecha), ni la intervención en el mercado de los bonos públicos y, permite flexibilizar las metas de reservas internacionales del BCRA.
Pero ni el Fondo, ni el establishment, ni la coalición gobernante definen el voto. Si la brecha entre el dólar oficial y los paralelos se amplía, la inflación va a ser imparable y con ello la caída del poder adquisitivo y los salarios, jubilaciones y pensiones y de todos los que viven de y en pesos.
A su vez, la perspectiva de la cosecha agrícola apunta a una caída de la oferta de dólares para este año, con una soja que está por debajo del precio de 2022 y las cantidades, a priori van a estar abajo también por la sequía.
Si además se computa la merma en la producción de trigo, la potencial pérdida de divisas por un menor nivel de exportaciones llegará a unos 3.000 millones de dólares según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario.
Sumado a lo antedicho, tenemos hacia adelante una demanda de dólares sostenida y creciente por la cancelación de deuda, en torno de los 9.000 millones de dólares. De los cuales 4.000 millones son vencimientos con el Fondo Monetario, unos 2.000 millones con los bonistas (tenedores privados de títulos de deuda externa Argentina), 1.500 millones de deuda de las provincias y, 1.500 millones de deuda externa de empresas del sector privado que le compra los dólares al BCRA al tipo de cambio oficial.
Ingresamos a 2023, último del gobierno actual y, las cuestiones pendientes siguen siendo:
1) Por qué no se modifica la estructura de las retenciones y los cupos para exportar Si se van a controlar las exportaciones y las importaciones. Y si las provincias le van a cobrar el impuesto a la tierra rural que corresponde a los grandes poseedores de la tierra y no solo el 0,3% del PIB como es en la actualidad.
2) Quien administra la captación de la renta petrolera y del litio, las grandes empresas trasnacionales o el Estado. Y, de ser el Estado provincial por la reforma constitucional de Menem y Alfonsín, que se hace con esos recursos, como se controla su ingreso y egreso.
3) Si vamos a echar un manto de olvido sobre la deuda generada en la gestión de Cambiemos, que el gobierno de Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo, con lo que la está pagando el pueblo argentino a través del ajuste presupuestario y la suba de precios (generada por la internacionalización del precio de todo lo que se puede vender afuera).
4) Si dejamos todo en manos del “mercado” para pasar a ser como Qatar o Arabia Saudita, regidos por cinco familias y un par de políticos serviles a ellos, o reconstruimos un modelo nacional y popular que se base en el trabajo y en el consumo interno.
(*) Economista/Flacso
