La “pensión universal a la vejez”, un proyecto que impulsará el gobierno después del eventual acuerdo con los bonistas extranjeros como parte de un paquete de medidas de corte sociolaboral, disparó inquietud frente a la posibilidad de transformar las actuales jubilaciones mínimas en subsidios desacoplados de la movilidad vigente, y sujetos al arbitrio del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, que dio a conocer el lunes último en exclusiva este diario, aparece como una solución al menos parcial para la mitad de los jubilados con chances de iniciar juicios por reajustes, que pasarían a retiro con haberes más cercanos al postulado del 82 por ciento móvil, pero como un posible perjuicio para la otra mitad que en la actualidad percibe la mínima.
“No hay que convertir el sistema jubilatorio en un sistema de subsidio”, advirtió anteayer el jefe de área de la Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino. El funcionario habló por Radio 10 y con este diario sobre el proyecto y dijo que las dos claves serán establecer “cuánto se pagará por la pensión”, por un lado, y el estándar del beneficio: “Es decir, si se mantendrá como un derecho reconocido o pasará a ser una concesión”.
Según el ombudsman, un riesgo de modificar el sistema de reparto es volver a la lógica previa a la sanción de la movilidad, en 2008, cuando los aumentos de los haberes dependían de la voluntad política del gobierno de turno, y que Néstor y Cristina de Kirchner utilizaron como herramienta electoralista.
En la actualidad, existen más de siete millones de personas contempladas en los regímenes de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. De ellos, 2,5 millones perciben el haber mínimo, de 4.959 pesos. Otros 2,4 millones cobran entre ese piso y 8.000 pesos. Mientras que 1,3 millón percibe pensiones no contributivas (discapacitados, madres de más de siete hijos y adultos mayores sin otra cobertura) en torno de los 4 mil pesos. Y unos 800 mil cobran haberes por arriba de 8.000 pesos, con un cuarto de millón alcanzado por el impuesto a las Ganancias.
Uno de los objetivos de la reforma planteada por el actual gobierno es frenar los juicios de jubilados contra el Estado en reclamo de ajustes. Se trata de un stock de 400 mil demandas que en los últimos años se mantuvo, producto de una dinámica de nuevos expedientes casi a la par de sentencias dictadas y pagadas por la Ansés. Es que el proyecto contempla, para los trabajadores con aportes al día en situación de retiro, un reconocimiento de su situación de formalidad en los valores de sus haberes.
La iniciativa está en elaboración por parte del gabinete económico, con protagonismo central de parte del secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, quien ya en 2002 fue también uno de los ideólogos del denominado “Libro blanco de la previsión social”, que durante la presidencia de Eduardo Duhalde planteó una reforma integral del sistema jubilatorio que tomase en cuenta un mercado laboral signado por el desempleo y la precarización laboral con falta de aportes.
