Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Jubiladas y jubilados de la ciudad de Santa Fe expresaron su rechazo a una reforma previsional en la provincia. La respuesta se da en el marco de declaraciones de las autoridades que anticiparon la necesidad de realizar modificaciones para resolver la “ineficiencia” de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. “Políticamente, en este momento hay otras urgencias y tocar la caja es generar nuevos conflictos y angustias, no sólo para los jubilados, sino también para los activos”, valoró Silvia Bournissent, de la Comisión de Jubilados de la Multisectorial Santa Fe.
En las últimas semanas, Jorge Boasso, secretario provincial de Seguridad Social, aclaró que la caja de Santa Fe no será transferida a la Nación. Sin embargo, advirtió la necesidad de realizar ciertas reformas para resolver el déficit de la entidad, que se calcula en 130.000 millones de pesos. Al respecto, aludió por ejemplo a modificar la edad jubilatoria de algunos sectores.
“Nosotros consideramos que este no es el momento, porque no tenemos condiciones en este país de que nuestros derechos sean respetados. Los jubilados somos los que terminamos pagando el pato”, responde Bournissent.
La Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe está compuesta por diferentes sectores, que aportan de diversas maneras y que perciben montos jubilatorios diferentes. Según precisaron desde la Comisión de Jubilados, la base de la pirámide son los docentes (entre el 38% y el 39%), el 23,5% es el personal de la administración central y el 16% el personal de seguridad. El resto de los aportantes se distribuyen en cajas más pequeñas.
“Por ejemplo, las cajas de la Legislatura y del Registro Civil tienen muy buenos sueldos y aportan igual que todos los demás: el 14% a la Caja provincial. Sin embargo, después reciben jubilaciones mayores que el promedio”, explica Bournissent. Ante esos desfasajes, considera que es necesaria una revisión. “Pero nosotros decimos que antes de arreglar eso, y de ir a la base de la pirámide, empiecen por arreglar las cosas que están funcionando mal y que harían que la Caja funcione mejor”, añade.
Las propuestas
El colectivo de jubilados de la capital provincial plantea una serie de medidas posibles para resolver el déficit referido por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Entre ellas: reclamar la deuda por coparticipación a la Nación, controlar que se realicen los aportes patronales en el sector privado, regularizar los contratos estatales informales, controlar los gastos corrientes de la entidad previsional y una reforma tributaria.
Sobre la regularización de los contratos estatales, Bournissent precisa: “Hoy hay dos trabajadores activos por cada trabajador pasivo, cuando en realidad la relación tendría que ser de cinco aportantes por cada jubilado. La razón por la que hay más pasivos que activos es que las administraciones, tanto provinciales como municipales, tienen un altísimo porcentaje de empleados contratados de manera informal, que son monotributistas y aportan a la Caja Nacional”.
En relación a los gastos corrientes de la Caja provincial, afirma: “Es una caja chica que, hasta hace pocos años, se utilizaba para gastos mínimos, como pagar fotocopias. Esa caja hoy tiene enormes gastos, pero nadie sabe adónde va la plata”.
Respecto a la reforma previsional, cuestiona: “En la provincia de Santa Fe cada vez son más los grandes terratenientes, que son unas pocas personas que tienen mucha cantidad de tierra y pagan impuestos muy bajos”. Y completa: “Además no hay controles en los puertos ni aduanas, ni se controla a las grandes empresas exportadoras ni a las financieras. Son negocios que tienen cajas negras que deben ser revisadas”.
Con esas medidas, considera, se pueden mejorar los números para evitar una reforma que perjudique a las y los trabajadores, estén o no en actividad.
La Comisión de Jubilados nuclea a 50 trabajadores pasivos del ámbito nacional, provincial y municipal. Es parte de la Multisectorial conformada a fines de diciembre pasado por vecinas, vecinos y organizaciones (partidarias, sindicales y sociales) de la capital provincial. La misma surgió en el marco de las asambleas y cacerolazos convocados con el objetivo de oponerse al decreto 70/2023 y al proyecto de Ley Bases.
“Nos juntamos para militar este momento tan terrible que estamos viviendo y poder así tener una voz de la gente mayor, para defender los derechos que se van vulnerando”, sostiene Bournissent.
Además de generar propuestas para atender la situación de la Caja provincial, también llevaron un pedido al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) para que mejore sus prestaciones a las y los afiliados adultos mayores. También solicitaron la participación del sector en el directorio de la obra social.
La metodología encontrada por esta comisión para visibilizarse en el espacio público son las Marchas de los Banquitos. En abril pasado realizaron la primera, frente a la Ansés. Este miércoles llevaron a cabo la segunda, frente a la sede de la Caja provincial.
“Lo que buscamos con los banquitos es hacer una acción que nos identifique en la calle, que es el lugar donde se dan los debates. No queremos que nos descarten, no queremos que, porque aumentó la esperanza de vida, tengamos que padecer los años que vivimos más”, expresa la entrevistada.
Milei y el veto a la suba de las jubilaciones
Este miércoles la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/2024 y un piso para el haber mínimo. No obstante, el presidente Javier Milei advirtió que, de ser sancionada la ley en el Senado, la vetará.
Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) acordaron el proyecto para establecer un cálculo que contemple el índice de inflación como referencia –al igual que el DNU–, pero suma que en marzo de cada año también se aplique un aumento del 50% por variación salarial, mediante la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), teniendo en cuenta los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, si los salarios suben más que la inflación, se aumentarán los haberes la mitad de esa diferencia.
El proyecto, ahora girado al Senado, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril pasado fue de 268.012 pesos. Además del 12,5% en abril que el Gobierno estableció mediante su DNU, la iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de las y los jubilados.
Milei no tardó en asegurar que vetará la medida, en defensa de su plan de déficit cero. Bournissent pone en contexto la defensa que vienen llevando de los derechos de los trabajadores y de la Caja previsional: “Lo que vamos perdiendo, y con Milei se acentúa, es el concepto de solidaridad. Queremos un gobierno, una sociedad y una caja de jubilaciones solidaria. Es cierto que el que más tiene puede aportar un poco más, porque hay que ser solidarios con aquel que lo jorobaron toda la vida porque nunca le hicieron los aportes. Y ese concepto se pierde en el discurso de los gobernantes”.
