A modo de balance del nuevo paro que los trabajadores judiciales llevaron adelante contra el gobierno de Maximiliano Pullaro, lo que en Rosario incluyó una ruidosa manifestación frente al Centro de Justicia Penal, el titular del gremio fue tajante acerca del presupuesto, que según el Ejecutivo fue de algún modo dilapidado por la Corte Suprema, que niega tal acusación en el marco de un duro cruce institucional a raíz del intento oficialista por desalojar a cinco de los seis cortesanos de sus asientos.
“Quiero aclarar que en ningún momento la Corte se quedó con algún peso de lo que corresponde a nuestro salario. Si no cobramos los retroactivos que nos deben desde mayo es porque el gobierno provincial no depositó las partidas”, retrucó Jorge Perlo, secretario general del gremio tribunalicio, al ministro Bastia, quien había dicho tras una reunión con la fiscal general María Cecilia Vranicich que la gestión pullarística debió afrontar lo que la Corte, por imprevisión, no había hecho.
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“Seguimos con el plan de lucha porque nadie del gobierno provincial nos dio una fecha de pago de lo que nos adeudan ni firma de los expedientes que tiene retenido el gobernador. Por lo tanto, lo que dijo el ministro Bastia por los medios son promesas, y hasta que no se materialice no vamos a cesar el plan de lucha. Cada vez que el ministro habla lo hace provocando a los empleados judiciales y miente a la población”, lanzó el gremialista judicial en el Centro de Justicia Penal, que precisamente es la sede del MPA que dirige Vranicich, quien en un gesto de diferenciación fue elegida por el gobierno de Pullaro para informarle las “buenas noticias” que, en rigor, alcanzan a todo el Poder Judicial, incluida la defensa pública.
También desde el sindicato refutaron dichos del gobierno sobre “ascensos automáticos”, según definió Bastia. «Es mentira –enfatizó Perlo–, ningún judicial asciende automáticamente. Acá somos calificados por nuestro superior inmediato, por la Corte, Fiscalía General o Defensoría General. Y todos los años se hace una grilla de cada categoría con los que están para ascender según sus calificaciones. Hay ingresantes que rindieron hace tres años, trabajadores que tienen que ascender, y personal que rindió el concurso para funcionario. Son más de 560 trabajadores y trabajadoras afectados en la provincia. Es el trámite normal de toda la vida judicial”, explicó.
Y para cerrar volvió a exigir Perlo que el oficialismo cumpla con su deuda, «y que el gobernador Maximiliano Pullaro firme los más de 150 expedientes de ingresos y ascensos que tiene retenidos y no quiere” firmar. “Mientras tanto, el plan de lucha continúa», afirmó Perlo.
