Los magistrados de la justicia nacional y federal advirtieron que la reforma jubilatoria que propicia el gobierno podrían generar, de aprobarse en los términos del proyecto original, una ola de renuncias en todo el país que agravaría la vacancia de titulares en los juzgados y tribunales.
La reforma del gobierno -que podría obtener el jueves media sanción en Diputados- propone subir los aportes jubilatorios de los magistrados en actividad del 11 por ciento al 18, además de modificar a la baja el régimen que establece que el haber previsional de jueces y fiscales jubilados debe alcanzar el 82 por ciento de su salario y subir el tope de los 60 a los 65 años.
Luego de conocerse el proyecto impulsado por el gobierno, presentaron la renuncia los jueces Fernando Larraín, Miguel Caminos, Ricardo Rojas, Beatriz Bistué, María Cristina Bértola, Jorge López, Roberto Ponce y Carlos González, al igual que un grupo de fiscales, entre los que destaca Raúl Pleé.
Si bien la cifra es muy cambiante, en el Palacio de Justicia circuló en la última semana que los jueces y fiscales que ya presentaron la renuncia superarían el medio centenar y que ese número se incrementaría en una suerte de «efecto contagio».
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional señalaron que sobre unos 700 jueces y fiscales del fuero federal y nacional en actividad, unos 350, es decir la mitad del universo de magistrado y representantes del Ministerio Público, estaría en condiciones de jubilarse por edad y aportes.
«Ante la incertidumbre muchos están evaluando la posibilidad de irse y si eso ocurre generaría un montón de problemas», señaló a Télam el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle.
El mayor de estos inconvenientes sería que se agravaría la vacancia del 25 por ciento de los cargos que hoy existe en el Poder Judicial y que se cubren con subrogancias.
«El proyecto tal cual está tiene un sinnúmero de problemas que nosotros consideramos que llevarían a la inconstitucionalidad», sostuvo Gallo Tagle, pero también aseguró que «en la emergencia (económica) nosotros queremos poner el hombro» y señaló que se puede aumentar la edad jubilatoria porque el promedio de los jueces y fiscales trabajan mucho más allá de los 60 años.
Un juez de Cámara con 15 años de antigüedad y subrogancia en otro tribunal, gana en mano 530 mil pesos mensuales y aporta 70 mil a la caja previsional y pasaría a cobrar, si la reforma prospera, poco menos de medio millón de pesos y su aporte se elevaría a más de 100 mil pesos.
Los representantes de los jueces y fiscales ya mantuvieron reuniones con los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para solicitar al máximo tribunal que intervenga en la pulseada con el Poder Ejecutivo, pero no obtuvieron más que una promesa de apoyo para los recursos judiciales que se presenten si la reforma avanza.
Los jueces son conscientes de que no atraviesan su mejor momento en la consideración social y de allí derivan los recurrentes reclamos por la extensión de la feria judicial (un mes en verano y quince días en invierno), el no pago del impuesto a las Ganancias, el horario de atención al público (7.30 a 13.30) y el régimen especial de jubilación.
«Tenemos mala prensa -admite un juez con casi cuarenta años en la justicia- pero lo cierto es que muchos de nosotros nos sentimos personas comunes con la enorme responsabilidad de escuchar, comprender, ser transparentes y nunca usar nada en nuestro beneficio».
Los jueces también insisten en que los magistrados no pueden desarrollar ninguna otra actividad profesional, salvo la docencia, y que si los ingresos se reducen los mejores juristas terminarán en el sector privado, en donde los salarios y compensaciones son mucho mayores que en la justicia para un abogado formado.
«Peleamos por nuestros garantías para poder ejercer nuestra función honestamente, sin sobresaltos porque cuando pasan estas cosas, los que se van del Poder Judicial son los honestos e idóneos porque ante una circunstancia como esta, les va mejor afuera», recalcó Gallo Tagle.
Por último, advirtió que «si queremos un Poder Judicial de excelencia tenemos que buscar a los más idóneos y con este sistema lo más probable es que los idóneos no quieran ingresar porque les van a descontar 35 por ciento de Ganancias, 18 de jubilación, 3 de obra social y algún otro descuento, y va a resignar entonces el 60 por ciento de su sueldo».
