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Jueces penales contra las declaraciones de Silberstein

La polémica por el lugar de alojamiento de los acusados de integrar la banda de Los Monos tuvo este miércoles su segundo capítulo. Fue un día después de que los ocho imputados se sacaran la ropa y evitaran así sentarse en el banquillo en el comienzo del juicio oral.

Luego de las declaraciones públicas del Ministro de Justicia de la provincia Ricardo Silberstein, sobre las medidas tomadas por Tribunal de Juicio Oral acerca del lugar provisorio de alojamiento de los integrantes de la banda Los Monos, –acusados y bajo actual enjuiciamiento–, comparándolas a inminentes situaciones de predominio del accionar de la narcocriminalidad sobre  la toma de decisiones judiciales acaecidas en el pasado en Colombia, el Colegio en Pleno de Jueces Penales de la 1ª y 2ª Instancia en lo Penal (Segunda Circunscripción) emitió un comunicado a través del que manifestó su posición al respecto.

Desde el organismo consideraron que lo expuesto por el ministro este miércoles “implica una evidente e inadmisible intromisión de un alto funcionario del Poder Ejecutivo provincial en la actuación de un Tribunal de Justicia interviniente en un proceso penal en curso, así como una inaceptable descalificación y presión sobre decisiones a adoptar por los jueces que entienden en el caso , todo lo cual conforma un ilegítimo avance sobre la insoslayable independencia de los órganos jurisdiccionales competentes que es inherente a un Estado Republicano”.

El Colegio aclaró que la decisión del “alojamiento provisorio” se trata, puntualmente, de un recurso de Hábeas Corpus establecido en la Constitución Nacional y Provincial y regulado por la ley procesal, dentro del cual el Poder Judicial es el encargado de aplicar la ley y velar por la vigencia de  los derechos y garantías constitucionales, sean quienes sean las partes involucradas, y aún tratándose, como  en este caso,  de una acción planteada ante una decisión del propio Poder Ejecutivo.

Comunicado del Colegio de Jueces Penales

Causa perplejidad las expresiones que recurrentemente  han empleado desde el inicio mismo del juicio oral  los Sres. Ministros de Seguridad y de Justicia, aludiendo a los inculpados como acreditados miembros de una organización delictiva, lo cual, más allá de la palmaria gravedad de los hechos bajo juzgamiento,  supone no sólo desconocer el principio de inocencia que rige en nuestro sistema legal sino el complejo proceso que supone la admisión, recepción, análisis y decisión sobre la constelación de las pruebas a producir en el juicio oral aludido, lo que es inaceptable como condicionamiento hacia el Tribunal interviniente.
Por todo referido, este Colegio Pleno de Jueces Penales insta a todos los poderes públicos y sus representantes  a  que no se perturbe de ningún modo la tramitación del delicado y complejo juicio oral que actualmente se desenvuelve con el inherente control institucional, de las partes y de la comunidad en su conjunto.
La nota pública está firmada por Georgina Depetris, vocal coordinadora Colegio de jueces de 2ª Instancia; Gustavo Pérez de Urrechu, vicepresidente del organismo, como también por Luis María Caterina, coordinador del mismo y Griselda Strologo, en representación  del Colegio de Jueces interdistrital.

Las declaraciones de la polémica

La polémica por el lugar de alojamiento de los acusados de integrar la banda de Los Monos tuvo este miércoles su segundo capítulo. Fue un día después de que los ocho imputados se sacaran la ropa y evitaran así sentarse en el banquillo en el comienzo del juicio oral hasta que no se resolviera el hábeas corpus que habían presentado por el agravamiento de sus condiciones de detención. Así consiguieron dormir en el penal de Piñero, hasta que ayer, después que cuatro de ellos resolvieran no asistir al juicio, acordaron que los otros cuatro durmieran los días en los que se celebra el proceso en el Centro de Justicia Penal y el resto en Piñero.

“A un paso de Colombia”

El ministro Silberstein sostuvo que «es de una gravedad enorme, si se entiende que esto pone en riesgo el mecanismo de seguridad previsto». Y agregó que “si el Estado no tiene poder coactivo y detenidos e imputados eligen su lugar de detención, de ahí a que el crimen organizado construya su propia cárcel como en Colombia, estamos a un paso”.

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