El proyecto de ley sobre algunas herramientas para un mejor funcionamiento del sistema procesal penal que entrará en vigencia el próximo 10 de febrero generó un gran revuelo. Una discrepancia sobre la figura del secretario de juzgado –que es uno de los puntos del proyecto de ley– produjo desavenencias dentro del Poder Judicial que repercutieron en la Legislatura cuando el proyecto, ya con media sanción del Senado, no fue sancionado por Diputados en la última sesión y quedó fuera de tratamiento. Ante este panorama el Colegio de Jueces en pleno, que nuclea a los magistrados que actuarán en el en el nuevo sistema, emitió un documento en apoyo al proyecto donde sugiere la intervención de la Corte Suprema de Justicia provincial ante la Legislatura para su tratamiento antes de que termine el año. También el Poder Ejecutivo quiere esos últimos ajustes normativos que requiere en nuevo sistema de enjuiciamiento, por eso ayer el gobernador Antonio Bonfatti pidió por carta al presidente de la Cámara baja que convoque a una sesión esta semana para tratar el asunto (ver aparte).
El proyecto se conoce como ley de herramientas del nuevo sistema de enjuiciamiento penal y tiene cuatro puntos básicos que, según fuentes consultadas, son indispensables para el funcionamiento del sistema que se viene.
Este proyecto tiene por objeto modificar algunos ítems de la norma procedimental, entre ellos eliminar la obligatoriedad de que esté presente el juez en la audiencia imputativa –donde se acusa a un sospechoso de un delito penal–, la creación del Colegio de Jueces distritales; una modificación respecto a la recusación de los magistrados (ya que el texto de la norma sostiene que un juez que intervino en una audiencia respecto a un imputado no puede volver a hacerlo), y la adaptación de la figura de los secretarios de juzgados. Este último punto generó la reacción del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, asociación gremial que resolvió por mayoría y luego de largos debates internos, objetar la eliminación de la figura del secretario y trasladar su disconformidad a la Cámara de Diputados.
Objeciones
Las autoridades del Colegio de Magistrados de Rosario apoyan el mantenimiento de la figura del secretario al entender que la norma establece esta figura en la audiencia, que no es sólo una figura decorativa y que además de dar fe, resguarda la prueba y es un auxiliar de los magistrados, refirieron.
Esta postura se marcó muy fuerte en el norte de la provincia y obtuvo la adhesión de la sede Rosario del Colegio, lo que generó que la ley no llegara a obtener dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales y no fue tratada la semana pasada.
Según fuentes consultadas, desde el Poder Judicial se comenzó a observar la necesidad imperiosa de estas herramientas para la puesta en marcha por lo que se trabajó en conjunto con el Poder Ejecutivo, que generó el proyecto de ley que espera tratamiento en Diputados.
Jueces penales piden sanción
Por su parte, los jueces del fuero penal, que apoyan el proyecto de ley y también afiliados del Colegio de Magistrados, afirman que la discrepancia sobre la figura del secretario no tiene sustento, ya que el sistema otorga los soportes necesarios para resguardar lo que pasa en las audiencias que quedarán filmadas. Sostienen que la reforma jerarquizó a los secretarios que sin rendir concurso pudieron optar ser defensores, fiscales o quedarse en ese cargo en el sistema residual.
También explicaron que el planteo sobre los secretarios, de concretarse requeriría de al menos dos secretarios por sala –que al inicio serán 9– y por turno, cargos que deberían crearse para que den fe de lo que ocurra en las audiencias en presencia del magistrado que quedará registrado en un soporte digital.
Advirtieron también que todas las demás funciones que tenía el secretario no quedarán acéfalas sino que serán asumidas por la Oficina de Gestión Judicial que administrará el sistema.
Ante ello el Colegio de Jueces en pleno, es decir primera y segunda instancia, emitió ayer un documento donde puso en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia provincial que apoya el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, considera imprescindible esta herramienta para el funcionamiento del nuevo sistema y sugirió a la Corte interceda ante la Legislatura para que se trate en sesión especial el proyecto antes que termine el año. Agregaron a eso la solicitud de una reunión con el Colegio de Magistrados para explicar los alcances de la propuesta.
Carta de Bonfatti a Rubeo
El gobernador Antonio Bonfatti solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, que “convoque a una sesión en la semana en curso a fin de tratar el proyecto de ley de Herramientas para la Implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal que ya tuviera media sanción en el senado”.
La carta indica que “la normativa en cuestión trata temas de crucial importancia para la inminente puesta en marcha del Nuevo Sistema Procesal Penal tales como la posibilidad de conformar colegios interdistritales; el régimen de excusación y recusación; herramientas para la liquidación de causas, entre otras”. Aclara que no implican impacto presupuestario alguno en tanto que genera algunos instrumentos imprescindibles para el avance de esta histórica transformación de la Justicia”.
Toniolli pide más tiempo para estudiar el tema
El diputado provincial por el Movimiento Evita Eduardo Toniolli opinó que el proyecto de ley de herramientas tiene que ser estudiado con detenimiento y tiempo como ocurrió con otras leyes referidas a la reforma y negó que su sanción fuera imprescindible para poner en marcha el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, que tiene fecha fijada para el 10 de febrero.
Toniolli, presidente de la comisión de Derechos y Garantías, aclaró que los reparos que tiene “no van por la vía de lo gremial, que es el caso de los Colegios de Magistrados y Funcionarios Judiciales, sino porque creemos que es peligroso avanzar en un sistema impersonal; alguien tendrá que hacerse cargo en la salas de audiencias, alguien va a tener que ser responsable de dejar alguna referencia escrita de lo que allí ocurra, no sé si puede llamar expediente, pero algún respaldo en papel quedará. Ese rol creemos que lo tienen que cumplir los secretarios”.
El otro aspecto del proyecto de ley sobre el que Toniolli planteó dudas es el que libera al juez de la obligación de estar presente en las audiencias imputativas (aquellas en las que la persona que va a ser enjuiciada es formalmente informada de la acusación penal que le hace la fiscalía). Si ahora criticamos con razón la labor de los jueces de instrucción, en el nuevo sistema si el juez no va a estar presente el fiscal pasa a tener un rol desequilibrante ante el defensor”.
